PSOE y PP pactan el reparto de las ayudas a los pueblos de Doñana sin los dos más afectados

La paz de Doñana tiene tantas aristas que permite un acuerdo entre los dos grandes partidos y, al mismo tiempo, el enfado de dos alcaldes por el reparto del dinero destinado a los ayuntamientos del entorno del parque nacional andaluz. El acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica recogía ayudas por valor de 70 millones de euros para las localidades que forman parte del espacio protegido y sus alrededores. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se ha reunido este martes con los alcaldes de los 14 municipios afectados para abordar ese reparto. Y el resultado ha sido un acuerdo que cuenta con el aval de 12 de los 14, ya que solo Almonte e Hinojos se han quedado fuera del consenso. Y se da la circunstancia de que ambos ocupan dos tercios de Doñana, el 65,4% de su superficie.

Paco Bella, ex del PSOE que gobierna Almonte con un partido independiente, y Joaquina del Valle, alcaldesa popular de Hinojos, han mostrado su disconformidad al acuerdo, aunque han aceptado el pago que les reportará 8 millones al primero y 5,9 millones al segundo. Se trata del apartado del acuerdo firmado entre Juanma Moreno y Teresa Ribera que busca compensar a las localidades que ven afectado su día a día por convivir junto a Doñana. El dinero no está pensado para dedicarlo a inversiones relacionadas directamente con el medio ambiente, pero el argumento de los regidores contrarios es que la influencia del parque natural en sus términos municipales es mucho mayor que el que tienen localidades más alejadas que recibirán también cantidades importantes.

"Se premia a pueblos que han castigado la zona", defiende Del Valle, alcaldesa de Hinojos (PP), que asegura que en su localidad no hay explotaciones agrarias que pongan en riesgo el parque. Y recuerda que tres cuartos de su término municipal están dentro del Doñana, mientras que hay otros pueblos que son "vecinos", es decir, que no tienen "ni un metro cuadrado dentro del parque". Los pueblos que recibirán el dinero entre 2024 y 2025 son Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Villamanrique de la Condesa (Sevilla), Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La tesis de los alcaldes molestos con el reparto es que, además, hay localidades ahí que no ven su economía afectada por el parque.

Las localidades más alejadas de Doñana recibirán, como mínimo, 4 millones de euros. El Ministerio de Transición Ecológica ha determinado que ninguno de los 14 municipios recibirá menos de 4 millones, mientras que el máximo a percibir es de 8 millones. Los cálculos realizados por Almonte e Hinojos establecen que al primero debería recibir entre 18 y 27 millones, mientras que el segundo recibiría entre 8,9 y 10,9 millones de euros. Según los regidores afectados, el reparto que proponen es el mismo que hace el Gobierno cuando distribuye fondos de forma habitual entre las localidades que tienen servidumbres relacionadas con la existencia de zonas protegidas en sus términos municipales.

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"Es un acuerdo político de reparto en el que no han tenido en cuenta el territorio", denuncia Paco Bella, regidor de Almonte, que critica que los criterios del Ministerio de Transición Ecológica es el mismo que comparten los alcaldes socialistas, con el primer edil de Bonares a la cabeza. Almonte, Hinojos, Aznalcázar y La Puebla del Río tienen acceso a los fondos habituales, como ha recordado Hugo Morán para explicar en parte el reparto. El secretario de Estado de Medio Ambiente ha detallado que las subvenciones extraordinarias por valor de 70 millones tendrán que ejecutarse antes de 2027 y tienen hasta 5 líneas de actuación: intervenciones en el ciclo del agua, en eficiencia energética, movilidad sostenible, renaturalización de ciudades y sostenibilidad.

Algunos de estos municipios son los que estaban afectados por la ley de ordenación de los regadíos en el entorno de Doñana, la polémica ley impulsada por PP y Vox y que provocó un conflicto entre el Gobierno y la Junta que llegó hasta Bruselas. Después de dos años, Juanma Moreno y Teresa Ribera alcanzaron una entente que desbloqueó la pugna y acabó con el reparto de 300 millones entre ayuntamientos y agricultores. En el caso de los regantes, la subvención busca la conversión de terrenos de regadío en terrenos de secano o la conversión de parcelas en producción ecológica con el compromiso de mantenerlo durante un periodo de varios años.

De fondo, el objetivo último es reducir la presión sobre el acuífero que hay bajo Doñana, que surte al humedal andaluz y que está declarado en riesgo por la Comisión Europea. De ahí que existiese el riesgo de multas de Bruselas a España por la mala conservación del parque natural. La propia ministra de Transición Ecológica habló de la necesidad de una suerte de reconversión que haga posible el mantenimiento de la actividad económica de la zona en otra más sostenible, que haga posible el mantenimiento medioambiental del espacio protegido.