Las dos caras del PP andaluz con el turismo: a favor del control de pisos y en contra de la tasa

La banda sonora del barrio de Santa Cruz, en primavera, combina el canto estridente de los vencejos con el resonar de las ruedas de los trolleys de turistas que llegan o se marchan del barrio de España donde hay más apartamentos turísticos. Un estudio de Exceltur, con datos de 2019, desveló que el 61% de las viviendas de ese céntrico enclave de Sevilla estaba disponible para alquiler. Cinco años después el porcentaje será, con total seguridad, mayor. Pero ya no crecerá más y podría empezar a disminuir si funciona, como se espera, la aplicación del decreto de regulación de viviendas turísticas aprobado por la Junta de Andalucía a finales de enero y que entró en vigor el pasado 5 de marzo.

En pleno estallido de la temporada alta turística en Sevilla, el gobierno local de José Luis Sanz (PP), ha aprobado su plan de limitación de viviendas y no otorgará nuevas licencias en las zonas de la ciudad donde los apartamentos turísticos sean más del 10% de las viviendas disponibles. Eso ocurre en Santa Cruz y en otros 10 barrios de la capital andaluza, donde desde hace semanas se reavivó el otro debate habitual sobre turismo y sostenibilidad, el de la implantación de la tasa turística. Pero ahí el Gobierno andaluz no tiene intención de abrir la mano para que los ayuntamientos puedan cobrar una cantidad a los visitantes que llegan a las ciudades. "Este Gobierno no ha venido a subir la presión fiscal"; ha defendido este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco.

El debate en Sevilla -y Andalucía- partió de una idea lanzada por Sanz hace unas semanas, la de cobrar una entrada por entrar en la Plaza de España a los visitantes que no sean sevillanos o residan en la ciudad. El alcalde hispalense se encontró con un sonoro rechazo social y político y generó algún dolor de cabeza en San Telmo, aunque la posición del Ejecutivo andaluz fue positiva ante la necesidad de que los ayuntamientos aumenten sus ingresos para afrontar el coste de la llegada de los turistas. Este problema es más acuciante en las ciudades patrimoniales, como Sevilla, Granada o Cádiz, que son justo las ciudades donde existe una mayor presión por la implantación de esa tasa a pesar de que los ayuntamientos de todas las capitales están en manos del PP.

José Luis Sanz admitió el día después de avanzar su intención de cobrar por entrar en la Plaza de España que no estaba en contra de la tasa turística, pero supeditó cualquier posibilidad al consenso con el sector. Ese es el argumento que utilizan en la Junta para eludir el debate. "Mantenemos un contacto permanente con el sector turístico y el sector no quiere que se le suba la fiscalidad", ha reconocido Fernández-Pacheco en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de la Junta. Y ha asegurado que "muchos andaluces" pagarían este tributo en sus viajes dentro de la comunidad. "No queremos lastrar uno de los principales sectores", ha zanjado el dirigente popular.

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En la Junta abogan por "abrir el melón" de la financiación local para mejorar el estado de las arcas de los ayuntamientos y la posición oficial es que no hay división en el seno del Ejecutivo en torno a la tasa turística. El responsable del asunto es Arturo Bernal, consejero de Turismo y Deporte y la posición oficial de la Junta está alineada con los deseos del sector turístico, muy potente en la Costa del Sol, que es reacia a la implantación de las tasas. Y en San Telmo no se mueven a pesar de la presión en determinadas ciudades. Lo dejaron claro cuando el Gobierno se posicionó en contra de la proposición de ley registrada por Adelante Andalucía para crear esta tasa, que todavía espera para ser debatida en el Pleno del Parlamento andaluz. El portavoz, este lunes, ha rechazado que haya choques en el seno del Consejo de Gobierno a este respecto, pero es indudable que hay cierto debate informal dentro de un PP que tiene casi todo el poder institucional en Andalucía y, por lo tanto, responde a realidades diferentes en cada ciudad.

"Existe una correlación entre la presencia de viviendas de uso turístico en los distintos barrios y el deterioro de las condiciones de vida en algunos de ellos", apuntan desde el consistorio hispalense sobre la regulación de las viviendas turísticas. La voluntad de la Junta por regular los apartamentos de uso turístico viene de lejos. El anterior gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos, dejó listo un borrador del decreto aprobado hace unas semanas. Juan Marín, vicepresidente y líder de los naranjas, se encargó del asunto, pero el nuevo Ejecutivo ha necesitado año y medio para sacar adelante la versión que entró en vigor el pasado 5 de marzo y que ha servido para que el Ayuntamiento de Sevilla dé el siguiente paso, la aprobación de esta instrucción que irá al pleno del 21 de marzo.

En campaña, Sanz dijo que en el centro de la ciudad "no cabe un apartamento turístico más". Y la intención del dirigente popular es hacer efectiva su promesa de impedir la proliferación de este fenómeno que se ha trasladado incluso al alquiler de garajes, como recogía hace unos días Diario de Sevilla. En su regulación de las viviendas turísticas, el gobierno local de Sevilla admite que donde hay mayor presión de pisos de alquiler vacacional el precio del alquiler residencial crece más y existe una perdida de población local. La nueva norma incluye el refuerzo de inspecciones y la remisión de los expedientes disciplinarios a la Administración autonómica para su cancelación, lo que redundará en la reducción de este tipo de viviendas turísticas de forma paulatina en las zonas tensionadas de la capital andaluza.