Archivan la causa contra 23 ecologistas detenidos por 'tomar' una planta de Naturgy en Málaga

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha acordado el archivo de las diligencias abiertas a los 23 miembros de Greenpeace que el 5 de mayo de 2022 fueron detenidos tras acceder a una central de Naturgy situada en el distrito malagueño de Campanillas para desplegar una pancarta de 15 metros en la chimenea y en las torres de refrigeración. Una acción reivindicativa que perseguía denunciar que quema gas ruso "que financia la guerra en Ucrania" y que se produjo en un contexto en el que la Unión Europea (UE) debatía embargos al Gobierno de Vladímir Putin.

Según el auto de sobreseimiento, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, se desestima la acusación por desobediencia porque "de lo actuado no parece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa".

Las fuentes consultadas precisaron que los cargos se limitaron a ese único cargo, en parte, porque se abonó la cantidad en la que se cifró los daños que se ocasionaron al acceder al interior de la central. Pero también porque en las actuaciones de Greenpeace "no hay desórdenes públicos, no hay coacciones, no hay allanamiento de persona jurídica".

Extinguida la vía penal, aún permanece abierta la administrativa. Se activaría si la Delegación del Gobierno decidiese aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana y, en caso de que le diesen la razón, la sanción sería económica.

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En el operativo desplegado por la Policía Nacional participaron efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría Provincial de Málaga, que desde primera hora se desplegaron en las instalaciones de la multinacional energética, fueron deteniendo a los activistas de forma progresiva.

Estos, después de escalar a una gran chimenea, desplegaron una pancarta en la que se recreaba un bombardeo y otros que permanecieron en otros puntos exhibían carteles con un mensaje común: "El gas financia la guerra". Alguno, incluso se encadenó.

La ONG abonó la cantidad en la que se cifró los daños que se ocasionaron al acceder al interior de la central eléctrica

Inicialmente, según informaron entonces fuentes policiales, se les arrestaba como presuntos autores de desórdenes públicos, daños, allanamiento y resistencia y desobediencia, aunque a lo largo de la instrucción se fueron cayendo cargos y únicamente pervivió el último delito.

La ONG remitió ese día un comunicado en el que justificaba la protesta porque —según sostuvo— en esas instalaciones se "genera electricidad quemando gas de Rusia" y eso —en su opinión— hacía a la compañía "cómplice de la maquinaria de guerra de Putin", pues ese recurso energético "procede de una empresa pública ligada al Gobierno ruso".

"Los beneficios exorbitados que obtiene la compañía con la venta de esa electricidad están manchados de sangre porque se usan para financiar la guerra. Basta ya de inyectar cientos de millones de euros a Vladímir Putin a cambio de gas", declaró Paco del Pozo, coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace.

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Esta organización manifestó que, con el contrato que tenía entonces, Naturgy importaba anualmente unos 37 buques de gas de Siberia. Y ponía el foco en la llegada de seis por un valor de unos 690 millones de euros: "Con este dinero, la maquinaria de guerra de Putin podría adquirir unos 300 tanques T90", criticaron.