El chivatazo más caro de Sevilla: 44 policías, a la calle 11 años después de aprobar

El nuevo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), prometió reforzar la Policía Local con 400 nuevos agentes, 100 por año durante su primer mandato, para responder a la falta de efectivos del Cuerpo. Sin embargo, en sus primeros meses en el cargo se ha visto obligado a pelear por no perder 44 más. El motivo es una causa contra un grupo de agentes que aprobó las oposiciones en 2012. Según la jueza, la filtración de aquel examen obliga a cesar a todos los aprobados y repetir las pruebas 11 años después.

El caso arrastra más de una década en los juzgados y, tras varias sentencias, el denunciante ni siquiera está interesado en incorporarse: ha encontrado trabajo en otro municipio y prefiere cobrar una indemnización antes que repetir la prueba, esta vez en igualdad de condiciones. Sin embargo, aunque ninguno de los implicados esté dispuesto a reiniciar el proceso a estas alturas, la jueza obliga a despedir a todos los policías que aprobaron aquella oposición para garantizar una competición justa.

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Esta semana, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 7 de Sevilla requirió al ayuntamiento a ejecutar la sentencia, aunque este pretende evitarlo por todos los medios. Primero, porque aquel chivatazo puede salir muy caro a la ciudad de Sevilla: los agentes podrían reclamar indemnizaciones al ser destituidos, lo que supondría un coste económico "desproporcionado" para las arcas municipales. Y, segundo, por la "merma de la seguridad pública" que provocaría en una localidad donde el actual Gobierno municipal ya echa en falta más agentes. De hecho, ha anunciado la contratación de más de un centenar.

La filtración se descubrió cuando un grupo de opositores cometieron incorrecciones que solo aparecían en la plantilla filtrada. Todos ellos emplearon las mismas expresiones y cometieron errores idénticos, como decir que la documentación necesaria de los conductores es el DNI. La investigación acabó probando que dos miembros del tribunal de las oposiciones llevaron un boceto de la prueba a los beneficiados antes de realizar el examen. "Algunos de los acusados, en mayor o menor medida, han tenido acceso a la plantilla de corrección", detalló la sentencia.

Todos los agentes quedaron absueltos, aunque la sentencia confirmó que hubo una filtración, lo que obliga a repetir la prueba

El juicio sentó en el banquillo a los aspirantes que aprobaron, los cinco miembros del tribunal, un empresario y un miembro de la junta de personal del ayuntamiento, además del máximo responsable de la Policía Local de Sevilla, al que se acusó de revelación de secretos. Sin embargo, todos los agentes quedaron absueltos al no poder probarse quién había tenido información privilegiada antes de hacer el examen. La sentencia sí confirmó que hubo una filtración, lo que llevó a uno de los afectados a recurrir la sentencia y forzar la repetición de la prueba.

"Han pasado 11 años y los agentes, que tienen familias e hipotecas, pueden irse a la calle sin saber quién pudo ver el examen antes de hacerlo", recuerda Luis Val, del sindicato que defiende a los agentes, el SPMME. Su postura es compartida con el actual Gobierno municipal, que suspendió la repetición del examen, fijada para el mes de septiembre, y estudia recurrir de nuevo la sentencia para alargar el procedimiento judicial.

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Fuentes municipales aclaran que aún no hay una estimación del coste que supondría para las arcas municipales, aunque la sentencia obliga a cesar a todos los que aprobaron, incluso los que con el paso de los años han logrado un ascenso. Tres de los agentes que entraron en 2012 ocupan hoy cargos superiores, cinco han permutado a otros municipios y uno falleció en un accidente de tráfico durante su jornada laboral.

El consistorio, los agentes aprobados y el policía que suspendió y ahora reclama la indemnización —incluso denunció irregularidades en la convocatoria de un nuevo examen, torpedeando su celebración— recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En su defensa, el ayuntamiento sostiene que es imposible ejecutar la sentencia a estas alturas. La jueza, sin embargo, defiende los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública, "principios que fueron vulnerados por la Administración" durante la oposición.