¿Qué pasa con los policías en Cádiz? Bajas masivas, boicot a las fiestas… y sin pantalones

Los concejales de Arcos de la Frontera (Cádiz) cerraron el 2022 con un pálpito: el 5 de enero se quedarían sin policías porque todos enfermarían a la vez. Estaban tan convencidos que contrataron a escondidas una empresa de seguridad para garantizar, incluso en la sucesión de imprevistos más extraordinaria, la celebración de la Cabalgata de Reyes. No exageraban: el goteo de bajas médicas fue tal que los mandos del Cuerpo municipal se quedaron solos el día más señalado.

“Era previsible”, cuenta la concejala de Seguridad, María José González (PSOE), portavoz del Gobierno que ha dicho basta ante lo que considera un chantaje. El Ayuntamiento de Arcos ha abierto expediente a los cinco agentes que trabajaban y se dieron de baja —otros cuatro se negaron a hacer servicios especiales— y estudia llevar el caso a la Fiscalía. “Han cruzado una línea roja. Deliberadamente, pusieron en riesgo la seguridad de los vecinos y estuvieron a punto de dejar a los niños y niñas sin cabalgata”, resume la teniente de alcalde.

Según explica, el sindicato de la Policía Local se levantó de la mesa de negociación hace dos meses, cuando el acuerdo para mejorar sus condiciones económicas estaba avanzado. Desde entonces, el Gobierno local se lo vio venir. Hace cuatro años, en la cabalgata previa a las elecciones municipales de 2019, los agentes hicieron lo mismo. “Es su modus operandi”, insiste González, quien les acusa de promover una “huelga encubierta” —no pueden convocarla por su condición de policías— e intentar forzar la máquina a pocos meses de los comicios.

Parece un caso extremo, pero responde a un fenómeno extendido en la provincia. En Cádiz, donde el paro y la precariedad asfixia a miles de familias, son los policías locales quienes protagonizan algunos de los episodios sindicales más polémicos de los últimos años. Es la insurrección de los que llevan placa: desde bajas médicas masivas, pasando por boicotear las fiestas donde son más necesarios y hasta una protesta que se fue de las manos con dos concejalas atendidas.

Contra todos los partidos

Ocurre en municipios gobernados por partidos de distinto color político, donde los agentes fuerzan sus mejoras laborales sin medias tintas. Las acciones más sonadas se han dado en Cádiz capital (Adelante Cádiz), llegando a provocar la suspensión de un Pleno, o en El Puerto de Santa María (PP), donde varios agentes han sido sancionados acusados de hacer una huelga encubierta con el pretexto de no tener pantalones adecuados.

“Ahora se están celebrando los juicios en los que demostraremos nuestra inocencia”, adelanta Juan José Cobos, portavoz del UPLBA, un sindicato corporativo para policías locales y bomberos, en El Puerto. El Ayuntamiento portuense suspendió de empleo y sueldo durante casi dos meses a doce agentes que dejaron de trabajar amparándose en que no tenían uniformes de verano.

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Lo cierto es que, de un día para otro, más de 70 policías empezaron a acudir a la comisaría sin los pantalones reglamentarios porque el Ayuntamiento llevaba cuatro años sin suministrarle ropa nueva. El intendente ordenó que nadie patrullara con chándal ni vaqueros, por lo que la ciudad perdió al 80% del personal de calle a las puertas del verano de 2021.

El sindicato recuerda que llevaban años avisando y que los pantalones estaban gastados por los lavados con agua caliente para combatir el covid. El Gobierno local, que pudo haber solucionado el problema con un contrato de urgencia, sostiene otra idea: los agentes usaron esa excusa para dejar sin servicio a la ciudad el día de la Motorada, uno de los eventos más multitudinarios del año. La prueba, dice, es que algunos se negaron a entregar las prendas para evaluar su estado. Por ello, acusó a los agentes de promover una "huelga encubierta" como medida de presión: reclaman refuerzos, mejoras en las instalaciones y una “negociación justa”.

El conflicto de los pantalones se estiró durante cinco meses. Como en otros municipios, los policías locales lanzaron un órdago a sus jefes, el Gobierno municipal, y captaron la atención de los medios de comunicación. La movilización, con mejor o peor resultado, pone en jaque a la ciudad y logra una repercusión difícilmente alcanzable en otros sectores. “Sólo pedimos que se sienten con nosotros y nos escuchen”, insiste el portavoz sindical portuense.

"Kichi vete ya"

Hasta hace poco, la pancarta más dura contra la gestión del alcalde de Cádiz no estuvo en el balcón de algún vecino descontento ni en la sede de algún partido de la oposición. Estaba en la entrada a la Comisaría de la Policía Local y, hasta que fue retirada recientemente, mostraba un mensaje sin contemplaciones: "Kichi, por el bien de la ciudad, vete ya". Los agentes reclaman mejoras de sus condiciones laborales y en este mandato han dejado a la ciudad sin servicios extraordinarios en fiestas multitudinarias como el Carnaval. Otra medida de presión fue dejar de prestar servicio en grupos voluntarios como los de playas, barriadas o violencia de género.

“Nos sacrificamos para forzar la negociación y abrir un convenio que lleva caducado desde 2010”, explica Paco Rama, portavoz del sindicato UPLB en el Ayuntamiento de Cádiz, quien reconoce que han rebajado la escalada de tensión. El conflicto alcanzó su momento álgido en verano de 2021, cuando durante una protesta en la puerta del Ayuntamiento lanzaron botes de humo al interior del consistorio. El Pleno municipal se suspendió, dos concejalas tuvieron que ser atendidas y el edificio acabó siendo desalojado.

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Autonomía Obrera, sindicato mayoritario entre los trabajadores del Ayuntamiento, acusó a los policías de “chantaje” porque, según explicaron, reclamaban un aumento de “3.000 euros anuales por agente”. El alcalde acabó retirando la propuesta de actualización del convenio ante la amenaza de otros empleados públicos de no trabajar durante la celebración del Concurso del Carnaval. Sin consenso, la actualización de la Relación de Puestos de trabajo del Ayuntamiento se encuentra ahora en un punto muerto.

Las movilizaciones policiales provocan el rechazo de una parte de los gaditanos, que no entienden algunas reivindicaciones alejadas de la realidad de la mayoría. Según los datos publicados por los ayuntamientos, un policía local en Arcos cobra, de media, 33.600 euros brutos al año —hasta 40.000 si hace servicios extraordinarios—; en El Puerto, 38.000 euros brutos —hasta 51.000 con servicios extraordinarios—. Cifras muy alejadas de los 17.115 euros del sueldo medio anual en la provincia.

El hartazgo se reflejó el año pasado en el Carnaval de Cádiz. Antonio Martínez Ares, el autor más prolífico del Concurso, dedicó un pasodoble muy aplaudido a la actitud de los agentes del Cuerpo. La letra criticaba el uso de la posición de autoridad de la que gozan estos empleados públicos: "Mis noches, mis mañanas paseando / y mis tardes esperando, hasta que acabe el diíta / Todo el mundo no tiene esas herramientas / de hacer una huelga encubierta para otra paguita".

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La realidad es que la representación de los trabajadores mantiene una estrategia férrea y recaba numerosos apoyos entre el Cuerpo. Con las cifras de afiliación de capa caída en todo el país, estos sindicatos corporativos se constituyen de forma independiente en cada municipio y logran un seguimiento de sus convocatorias por encima de la media. Sólo en El Puerto de Santa María, UPLB-A cuenta con 78 afiliados en una plantilla de 110 policías. “Somos obreros, al igual que el resto, y queremos defender nuestros derechos”, apunta el portavoz del sindicato policial en Cádiz capital.

La portavoz del Gobierno municipal de Arcos apunta al “corporativismo” que existe en los cuerpos policiales. “Como representante de un partido de izquierdas (PSOE), apoyo las huelgas y las mejoras para los trabajadores, pero si parten de una óptica de sentido común. En el caso de la Policía Local de Arcos se exceden bastante. Estábamos de acuerdo en mejorar sus condiciones, pero no podemos superar ciertos límites. No podemos aumentar la partida presupuestaria para satisfacerlos, no tenemos ese dinero”, concluye.