Vox presiona al PP para entrar a gobernar en las grandes ciudades

"Quien quiera que regalemos nuestros votos al PP, que vote al PP". La advertencia de Santiago Abascal, repetida una y otra vez durante la campaña de las municipales y autonómicas del 28-M, marcó unas negociaciones posteriores en las que Vox alcanzaría su mayor cuota de poder. Seis gobiernos autonómicos y hasta 140 ayuntamientos se han teñido de verde desde entonces, con un goteo de pactos sin el que no se entiende el resultado de las generales. Ahora, cinco meses después de aquellos comicios, el partido pretende exprimir aún más sus resultados.

Vox está presionando al PP para entrar en las grandes ciudades donde se quedó fuera del gobierno municipal. Es el caso de Valencia y Sevilla, tercera y cuarta población de España en número de habitantes. Con el PSOE gobernando en Barcelona y la mayoría absoluta de Almeida en Madrid, Valencia y Sevilla son las principales alcaldías donde el PP necesita del apoyo de Vox para aprobar los presupuestos. Tras confirmar el pacto en la Región de Murcia, la última autonomía que se resistía, el partido ha lanzado la misma advertencia en los dos ayuntamientos donde tiene más influencia: si no entran a gobernar, no habrá apoyo a las cuentas.

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Vox ha insistido durante la última semana en la importancia de estar en los gobiernos tras lo ocurrido en Gijón, donde Foro Asturias expulsó a los concejales de la coalición. El secretario general, Ignacio Garriga, lo hizo primero en Sevilla, donde señaló la retirada de la ley de regadíos de Doñana de Juanma Moreno en Andalucía como un ejemplo de lo que ocurre cuando el PP gobierna en solitario; y después en Zaragoza, quinta ciudad de España —a la espera de la actualización del INE— y donde la alcaldía del PP también depende de su apoyo. En el caso de la capital aragonesa, de momento hay buen entendimiento, aunque tanto en Sevilla como en Valencia ya se ha lanzado el órdago para entrar a gestionar cuanto antes.

Fue precisamente el Gobierno de Mariano Rajoy el que modificó en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para hacer más cómoda la gobernabilidad en ayuntamientos con alcaldes en minoría. La Junta de Gobierno de un ayuntamiento tiene herramientas para sacar adelante la gestión del día a día sin pasar por el pleno. Pero asuntos como los presupuestos municipales o las grandes decisiones en materia de urbanismo requieren de la búsqueda de consensos para reunir mayorías, arma que ahora usan los ultraconservadores para presionar a los alcaldes del PP.

La representación de Vox en la capital andaluza fue la primera en presionar, desvelando una conversación con el PP tras las municipales. Según la portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, el actual regidor se mostró predispuesto a permitir su entrada en el Gobierno, aunque le pidió esperar hasta agosto, cuando pasaran las elecciones generales. Al no recibir ninguna llamada tras el verano, Vox pasó al contraataque. El alcalde, José Luis Sanz, niega ese compromiso y, según fuentes municipales, mantiene su total determinación a seguir gobernando en solitario, a pesar de que integrar a los tres concejales de Vox le garantizaría aprobar todos los proyectos con mayoría absoluta —el PP tiene 14 de los 31 concejales—. La semana que viene comenzará la ronda de contactos para elaborar los presupuestos y negociará con todos los grupos, empezando por el PSOE, el primer partido al que Sanz citará.

Vox en Sevilla: "Los sevillanos nos situaron en el cogobierno y el alcalde en la oposición"

Vox ya ha dejado solo al PP en varias de sus propuestas planteadas en las últimas semanas. Recientemente, frenó la convocatoria de un pleno de urgencia para aprobar una modificación presupuestaria de 14 millones de euros. La formación no toleró que se le advirtiera con menos de 48 horas de antelación y el PP le acusó de "boicotear" a Sevilla. "Nosotros queremos entrar para cambiar las políticas. Los sevillanos nos situaron en el cogobierno y el alcalde en la oposición", resumen desde Vox en Sevilla.

Cerco a la alcaldesa de Valencia

La aprobación de los presupuestos municipales también marcará un punto de inflexión en la relación entre el PP y Vox en Valencia, tercera capital de España en número de habitantes. Vox ha ido elevando la presión sobre la alcaldesa, la popular María José Catalá, para tocar poder real conforme han ido pasando los meses desde su investidura el 17 de junio. Ya entonces, la primera edil hizo valer la ausencia de alternativa con mayoría absoluta para salir elegida como cabeza de la lista más votada, tal como establece la Loreg, sin los cuatro votos de la formación ultraconservadora.

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Pero en los últimos días, el portavoz voxista, Juan Manuel Badenas, ha advertido que no habrá acuerdo de presupuestos sin pacto previo de gobernabilidad, al tiempo que ha puesto a su formación en modo oposición en asuntos como el del convenio del Nuevo Mestalla, cuestionando incluso al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, por su compatibilidad como edil y socio del área Legal de KPMG en la Comunidad Valenciana. "Las cosas deben seguir su lógica y la lógica es que primero se llega a un acuerdo general y después se toman acuerdos sobre cuestiones particulares, inclusive la relacionada con las ordenanzas fiscales y el presupuesto", señaló.

Sin embargo, el PP ha ido dando pasos en materia presupuestaria y fiscal que pondrán a prueba la capacidad de Vox de mantener su resistencia cuando haya que someter los asuntos a la votación del pleno de la corporación. La Junta de Gobierno, controlada por los populares, aprobó este viernes las ordenanzas fiscales para 2024, paso previo a la elaboración del presupuesto, con rebajas importantes del 20% en el IBI, del 8,5% en el impuesto de circulación o la bonificación del 95% de la plusvalía en caso de transmisión por sucesión o donación familiar. El paquete fiscal supondrá una merma de ingresos de 70 millones para las arcas municipales y el mismo ahorro para el bolsillo de los ciudadanos, si bien el PP ha heredado una hacienda local saneada, con 300 millones en efectivo en caja, gracias a la reducción progresiva de deuda que hizo el anterior gobierno local de Compromís y PSOE.

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Vox se ha mostrado crítico con el paquete de ordenanzas, no por su contenido, sino porque sostiene que apenas ha sido consultado para su elaboración. Badenas ya ha anunciado que votarán en contra, y ha lanzado un primer mensaje tumbando la renovación y subidas salariales de la cúpula de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) propuesta por Catalá. La incógnita es saber si mantendrá su posición hasta el final forzando una prórroga presupuestaria, algo para lo que el equipo de la alcaldesa ya se está preparando, o votará finalmente a favor de unas cuentas que recogen gran parte de sus posiciones políticas en materia tributaria. Badenas insiste en que en las condiciones actuales su voto será negativo.

Con sus trece concejales, la posición del PP de Valencia ha sido la de ir tomando decisiones y alcanzar acuerdos en temas concretos sin ceder parcelas de gestión. Catalá se apoyó en Vox para sacar adelante el paquete de homenaje a la fallecida Rita Barberá a cambio de acelerar los cambios en la toponimia, incluyendo el del acento en la denominación en valenciano contra el criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Asignó a los ediles de Vox la dedicación exclusiva para que pudieran cobrar el máximo de salario, hasta 74.431 euros brutos anuales, pero Badenas y otro de los concejales, José Gosálbez, renunciaron a la exclusiva tras una denuncia del PSPV-PSOE ante la Agencia Valenciana Antifraude. La intención de Catalá es agotar al máximo las opciones antes de dar entrada a Vox en el gobierno municipal. En las filas de su equipo no se fían de las intenciones de Badenas, del que es conocida su tensa relación con la alcaldesa.