Las mafias entran en los asentamientos de Huelva: prostitución y explotación laboral

Los asentamientos chabolistas diseminados en los principales municipios agrícolas de Huelva, desde Lepe a Moguer, desde Palos de la Frontera a Lucena del Puerto —en los que llegan a concentrarse 3.000 personas en los meses punta de la campaña agrícola—, se han convertido en objetivo de las mafias dedicadas a la trata de personas, que ya han logrado colarse en los poblados e ir ganando terreno.

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Las víctimas de estos grupos son mujeres (mayoritariamente) y jóvenes migrantes que, al salir del sistema de protección, acaban viviendo en casas fabricadas a base de palés, cartón y plásticos. La falta de documentación y de ingresos y la ausencia de lazos sociales son caldo de cultivo para quedar atrapados en estas redes, denuncia la organización Andalucía Acoge en su último informe, Consecuencias de la discriminación en los asentamientos en la provincia de Huelva.

“Ser mujer y vivir aquí es muy difícil, estamos solas e indefensas y continuamente recibimos amenazas y propuestas indecentes... Cada día temo por mi vida, por los incendios, las peleas y los abusos… Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo, jamás habría vivido esta situación”, afirma una mujer de origen marroquí en situación irregular. Decenas de testimonios similares han sido recogidos por la ONG a lo largo del pasado año en un total de 16 asentamientos, en un trabajo de campo en el que se llegaron a hacer 770 entrevistas personales.

Desde la aparición de los poblados chabolistas en Huelva hace casi tres décadas, la presencia de la mujer es un elemento nuevo, que no se detectó hasta hace unos ocho años. El perfil ha ido cambiando de una mayoría de migrantes ecuatoguineanas y nigerianas a temporeras de nacionalidad magrebí, mujeres que fueron contratadas en origen para trabajar en la campaña fresera y, una vez finalizado el contrato, deciden no regresar a Marruecos y acaban en los asentamientos al no contar ya con los alojamientos que ofrecen los empresarios del sector.

La situación que se describe en el documento refleja violencia física, agresiones sexuales y “control por compañeros” —el 40% de las personas que ha participado en la investigación admite estar forzado por alguien a vivir en el asentamiento y un 13,3% dice haberlo estado en el pasado—. Además, han quedado documentadas por la organización estructuras construidas por las redes en los asentamientos para la explotación sexual de mujeres, que también se usan para las migrantes que son captadas desde origen en zonas del África subsahariana.

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En 2019, el equipo de Huelva llegó a detectar una ruta entre Huelva-Zafarraya (Granada) y Almería como “habitual” entre algunas mujeres magrebíes, itinerario en el que “eran obligadas” a ejercer la prostitución “bajo amenazas y coacciones, por lo que se intuyó que una red se encontraba detrás de esos traslados, encubiertos bajo promesas de un trabajo en el sector agrícola o empleo doméstico”, sostiene la ONG.

En el caso de las mujeres ecuatoguineanas, son trasladadas en grupo en determinadas fechas “cuando la presencia de hombres en los asentamientos es más elevada”. En algunos casos, estas víctimas alternan el trabajo en el sector agrícola con la prostitución, mientras que otras regentan exclusivamente los pubs construidos en los asentamientos.

Ante la falta de trabajo y de papeles “se inicia un proceso de exclusión que se agrava con la necesidad de mantener los ingresos mínimos para la subsistencia”, explica Andalucía Acoge, que alerta de “la extrema vulnerabilidad” de estos colectivos. De las personas con las que habló la ONG en esta investigación, un 80% presentaba indicios de explotación laboral y un 20% indicios de ser posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. En este grupo, formado por mujeres en su totalidad, algunas además de la explotación sexual eran víctimas de la explotación laboral ya que estaban forzadas a ejercer prostitución y, al mismo tiempo, trabajaban en el campo.

De la situación de irregularidad de los migrantes que viven en los asentamientos —el 64,2% en el caso de los hombres y el 78,5% de mujeres— se deriva, según Jornaleras en Lucha, la ausencia de denuncias de amenazas, coacciones o agresiones de la que son objeto. “Al no tener papeles, tienen miedo a ser expulsadas o denunciadas, se ven contra la espada y la pared”, lamenta la portavoz de la asociación, Ana Pinto.

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La mayoría de las marroquíes que sortea la Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen (Gecco) y opta por quedarse en España tiene cargas familiares importantes en Marruecos y “grandes responsabilidades”, por lo que “acaban cediendo a las presiones que reciben”, explica Pinto. “Se creen que hemos venido a prostituirnos, nos dicen estas mujeres, a las que piden sexo o dinero a cambio de un contrato de trabajo. Es una realidad cotidiana”, añade.

El segundo colectivo en riesgo por la entrada de redes de explotación laboral y sexual en los asentamientos es el de jóvenes migrantes que se encuentran fuera del sistema de protección y se ven abocados a ocupar una infravivienda. “Mi paso por el sistema de protección fue muy breve, tan solo estuve tres meses en el centro de menores hasta que cumplí la mayoría de edad. La única persona que conocía en España era un amigo que estaba en un asentamiento de Lucena del Puerto y me dijo que podía irme con él para buscarme la vida… No quiero vivir en esta situación, tengo miedo”, dice un joven de Marruecos también sin regularizar.