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PP, PSOE, UP y Cs se alían para acabar con las chabolas de inmigrantes que recogen la fresa
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Reclamación de la ONU

PP, PSOE, UP y Cs se alían para acabar con las chabolas de inmigrantes que recogen la fresa

La secretaría de Estado de la Agenda 2030, la Consejería de Igualdad y los ayuntamientos de Moguer y Lepe, cada uno de un partido, firman un protocolo para erradicar unos asentamientos insalubres que tienen ya un cuarto de siglo

Foto: Un grupo de migrantes pululan por Lepe después de que sus chabolas se incendiasen en 2020. (EFE/Julián Pérez)
Un grupo de migrantes pululan por Lepe después de que sus chabolas se incendiasen en 2020. (EFE/Julián Pérez)

Consenso para poner fin a un problema que había llegado a las Naciones Unidas y que llevaba enquistado un cuarto de siglo. Tres administraciones de hasta cuatro partidos políticos —PP, PSOE, UP y Ciudadanos— se han aliado para acabar con los asentamientos chabolistas de inmigrantes que proliferan en Moguer y Lepe. El fenómeno se reproduce también en zonas de Almería, pero el primer paso se dará en las dos localidades onubenses, donde este viernes se firmará un convenio de colaboración inédito.

El acuerdo ha sido coordinado por la Secretaría de Estado de la Agenda 2030, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Enrique Santiago, secretario general del PCE, es el responsable del área en el departamento que dirige Ione Belarra, líder nacional de Podemos. Santiago estuvo hace un mes y medio en la zona, pero lo cierto es que en el Ayuntamiento de Lepe ya había un pacto previo entre el resto de partidos implicados: PP, Ciudadanos y el PSOE.

Foto: Un inmigrante recupera algunas pertenencias después de que un incendio arrase el asentamiento en el que vivía en Palos de la Frontera. (EFE/Julián Pérez)

Las tres formaciones llegaron a un acuerdo a finales de 2020 en el Ayuntamiento de Lepe para acabar con estos asentamientos donde cientos de inmigrantes viven en condiciones insalubres. Y que han sufrido varios incendios que los obligan a reconstruir las infraviviendas a partir de sus cenizas. Esta entente de las tres formaciones que tienen representación en el Consistorio lepero se repite ahora, pero a mayor escala. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que dirige Rocío Ruiz, de Ciudadanos, también firmará el viernes el texto. Y los alcaldes de Lepe, el popular Juan Manuel González, y Moguer, el socialista Gustavo Cuéllar, completan la nómina.

El modelo aprobado ya en Lepe

El modelo que se impulsará es el ideado por el Ayuntamiento lepero con el aval de PP, PSOE y Cs y que pasa por facilitar el alojamiento de estos trabajadores migrantes en fincas agrícolas. El Consistorio onubense realizó un censo entre ellos y descubrió que el 60% tiene permiso de residencia, pero no de trabajo, lo que les impide acceder a la mayoría de servicios públicos. "El objetivo es ofrecerles alojamientos temporales para que puedan vivir hasta que consigan el permiso de trabajo", apunta Jesús Toronjo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lepe. Para ello se apostará por viviendas modulares que se instalarán también en una parcela municipal, pero también por un edificio para 150 ocupantes que se está rehabilitando actualmente.

Los inmigrantes tendrán que abonar un alquiler "adecuado a sus ingresos" y podrán estar en estas viviendas hasta tres años, el tiempo necesario para obtener el permiso de trabajo. Esta oferta a asociada a la prohibición de la construcción de nuevas chabolas para ir acabando paulatinamente con los 12 asentamientos que hay ahora mismo en Lepe. "Entendemos esto como una oportunidad, no como un problema", defiende Toronjo, que admite que la mano de obra extranjera será "cada vez más necesaria". "Si no, la ruina del campo de Huelva sería total", defiende el concejal del PP, que se muestra muy satisfecho porque su modelo sea el que se vaya a aplicar en Moguer y, probablemente, en el resto de zonas donde también hay situaciones análogas.

Desde las distintas administraciones destacan que la celeridad del acuerdo ha sido posible gracias a la buena sintonía que mantienen, sobre todo, los responsables del ministerio de Ione Belarra y la Consejería de Rocío Ruiz. No es la primera vez que las dos dirigentes llegan a un acuerdo pionero, ya que hace unos meses ambas trabajaron mano a mano para facilitar la llegada de fondos Next Generation para la construcción de residencias para mayores. Se trató además de un modelo pionero de instalación similar al que, recientemente, se ha acordado impulsar a nivel nacional.

La ONU envió a un relator especial sobre probreza y derechos humanos a la comarca que exigió una solución al problema

En el caso de los asentamientos, se trata de un pacto que facilitará la construcción de viviendas adecuadas para los temporeros que trabajan un sector clave de la economía onubense y andaluza y que, en gran parte, se sustenta sobre mano de obra extranjera. Las condiciones de vida de estos inmigrantes alertaron a la ONU, que hace unos meses envió a los campamentos a su relator especial sobre la Pobreza extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston. Poco después se produjo la visita de Enrique Santiago, que ha acelerado la puesta en marcha de una solución al problema.

No se conocen todavía los plazos que se dan las administraciones para poner en marcha, pero sí que la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 liberará cinco millones de euros para este proyecto. La Junta también debe aportar financiación a este proyecto, aunque no está claro qué departamento tendrá las competencias en políticas sociales e inmigración en el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno.

Apoyo del Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ya alertó hace más de un año de la necesidad de reforzar la coordinación entre las Administraciones para erradicar estos asentamientos y evitar más muertes. Hace unos días, cuando se hizo público el acuerdo a cuatro bandas, Maeztu celebró la entente y se mostró confiado en que la implicación de Gobierno, Junta y ayuntamientos vaya a servir para acabar "en un corto plazo" con las condiciones de vida que sufren estos inmigrantes.

El responsable de la defensoría autonómica aboga por la regularización temporal de la mano de obra que llega a las zonas agrícolas de Andalucía en campañas como la de los frutos rojos en Huelva o los invernaderos de Almería. Además, su oficina está elaborando un informe especial sobre la realidad en estos campamentos que "verá la luz en breve".

Consenso para poner fin a un problema que había llegado a las Naciones Unidas y que llevaba enquistado un cuarto de siglo. Tres administraciones de hasta cuatro partidos políticos —PP, PSOE, UP y Ciudadanos— se han aliado para acabar con los asentamientos chabolistas de inmigrantes que proliferan en Moguer y Lepe. El fenómeno se reproduce también en zonas de Almería, pero el primer paso se dará en las dos localidades onubenses, donde este viernes se firmará un convenio de colaboración inédito.

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