Anticorrupción pide el ingreso de Griñán en prisión por los ERE

La Fiscalía Anticorrupción rechaza la suspensión de la pena de seis años de cárcel solicitada por José Antonio Griñán. El Ministerio Público se posiciona así a favor del ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía después de que el Tribunal Supremo confirmase el fallo del caso de los ERE el pasado julio. El informe no es vinculante, pero fue solicitado hace unas semanas por la Audiencia de Sevilla una vez que se hizo pública la sentencia como paso previo a la ejecución de la misma.

El 11 de octubre, el tribunal sevillano solicitó el posicionamiento tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la acusación particular, en manos del PP andaluz y del sindicato Manos Limpias. El Ministerio Público ha tardado menos de un mes en emitir su escrito, como ha adelantado 'El Mundo', y rechaza la petición del expresidente y de los otros ocho condenados a penas de cárcel, entre los que hay otros cuatro exconsejeros de la Junta: Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

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Carlos Rocha. Sevilla

El PP andaluz explicó entonces que esperaría a conocer la decisión de la Fiscalía, después de lanzar mensajes contradictorios. Si bien Alberto Núñez Feijóo dijo que "no tenía interés" en ver a un expresidente de la Junta y del PSOE federal entrar en prisión, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, defendió que "las sentencias están para cumplirse" tras ser preguntado por la concesión del indulto. En la formación que dirige Juanma Moreno consideran que el indulto sería difícil de encajar para la sociedad y ahora cuentan con la última oleada del barómetro del Centra para confirmarlo: 7 de cada 10 andaluces se mostraron en contra de la concesión de la gracia al exdirigente socialista.

La estrategia de José Antonio Griñán

Tras la confirmación de las condenas por parte del Tribunal Supremo el pasado julio, la defensa del expresidente de la Junta ya adelantó las tres vías que barajan para esquivar la cárcel: presentar un incidente de nulidad, recurrir ante el Tribunal Constitucional y solicitar un indulto al Gobierno.

El primer paso, el del incidente de nulidad, ya lo dio el pasado septiembre y en el mismo esgrime una posible lesión del principio de presunción de inocencia. Esta figura se puede presentar de manera excepcional cuando no se haya podido denunciar la vulneración en un momento anterior y cuando la resolución no sea susceptible de recurso, por lo que las fuentes consultadas apuntan a que tiene escasas posibilidades de prosperar.

Si el Supremo rechaza el mismo, Griñán todavía podrá recurrir ante el Tribunal Constitucional. Su abogado ya explicó en julio que alegarán para ello una lesión de los derechos fundamentales para evitar su ingreso en prisión. La solicitud se apoyará en el artículo 56 y 57 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que abre la puerta a que se suspenda la ejecución de la sentencia de manera "total o parcial" cuando esta medida "no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona".

La suspensión solo se acuerda para aquellas situaciones en las que ejecutar la misma "produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad", por lo que una vez más, las fuentes consultadas ponen en duda que el Constitucional vaya a suspender la ejecución de la pena.

En ese caso, al exdirigente solo le quedaría agarrarse al posible indulto que su familia ya ha solicitado, pero mientras la defensa trata de sacar adelante las tres vías mencionadas, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que se a la suspensión de ejecución de las penas, es decir, a aplazar el ingreso en prisión de los condenados.