Falta de inversiones, narcopisos y viviendas ocupadas apagan los barrios pobres de Sevilla

Apagones de horas, durante varios días consecutivos y a 40 grados. Es un problema crónico que sucede cada vez que el termómetro sube, o también baja en los meses de invierno, en los barrios más deprimidos de Sevilla. La semana pasada, en plena ola de calor, los afectados y las asociaciones y colectivos que llevan años luchando por la mejora de estas zonas excluidas decidieron salir a la calle, a pocos días de las elecciones autonómicas, para lanzar un grito de socorro. Aunque no es un problema político, sino social, que afecta por igual a todos los vecinos, incluidos los que con trabajo pagan religiosamente su factura.

Rosario García, portavoz de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, es una de las mujeres incombustibles que alzan la voz cuando “la gente ya no puede más”. Y la llama que enciende la mecha es la falta de acción por parte de las autoridades competentes. El problema se concentra en los barrios de Torreblanca, Palmete y Polígono Sur, con una población total que supera los 50.000 habitantes y continuas averías en la red de suministro.

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¿Por qué se corta la luz? En algunos casos es la consecuencia de la existencia de narcopisos y cultivos ilegales en zonas donde nada más pisar la calle huele a marihuana, también de ocupaciones en bloques de viviendas sociales cuyos inquilinos se enganchan a la red pública o a la del vecino sin pudor. Pero hay territorios afectados donde el problema, al margen de la marginalidad, es la falta de inversiones que mantienen instalaciones precarias y peligrosas. No hay una única razón, pero todas son crónicas.

La semana pasada, el episodio de calor extremo sufrido en Sevilla hizo que saltaran hasta 200 fusibles en los centros de transformación de estos barrios que Endesa tuvo que reponer. El levantamiento vecinal obligó al alcalde, Antonio Muñoz, a plantar cara a la compañía suministradora, exigiéndole la adopción de medidas excepcionales y urgentes, aunque fuesen provisionales, para paliar el drama estival de cientos de familias. El conflicto surge cuando la compañía desvela los datos de los clientes que cuentan con un contrato regularizado.

En el barrio de Martínez Montañés, conocido popularmente como Las Tres Mil Viviendas, sólo el 3% de los hogares está en esta situación, lo que provoca una sobrecarga de las redes e incendios en los transformadores. De hecho, esta misma semana Endesa ha sustituido un transformador que ardió en el Polígono Sur y que daba servicio únicamente a un cliente con contrato doméstico regularizado y en vigor.

La compañía alega que, aun así, ha invertido en los últimos dos años más de 3 millones de euros destinados al refuerzo de las redes de distribución, nuevos centros de transformación y aumento de potencia de la red de distribución. En total, Endesa ha instalado 30 kilómetros de nuevo cableado, así como la reforma de ocho centros de transformación, duplicando su potencia y reconfigurando las redes de baja tensión. Además, se está aplicando la última tecnología en materia de sensorización con el fin de intentar paliar la problemática de las manipulaciones y el sabotaje de las instalaciones.

El plazo de la concesión a Endesa es por diez años prorrogables y se realiza con carácter gratuito

Y es que el problema requiere de una intervención múltiple. El Ayuntamiento de la capital, tras oír hace unos días las quejas de los vecinos, ha aprobado este martes la concesión administrativa de 12 espacios de titularidad municipal ubicados en la vía pública para que la compañía Endesa instale otros tantos transformadores de electricidad en estas zonas que registran cortes. El plazo de la concesión a Endesa es por diez años prorrogables y se realiza con carácter gratuito. “Desde el Ayuntamiento de Sevilla hemos cumplido con el paso administrativo que nos correspondía y confiamos en que Endesa ejecute las inversiones con la mayor celeridad posible para solventar los problemas de suministro una vez que se pongan en marcha los nuevos transformadores”, apunta el alcalde, repartiendo también responsabilidades.

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El gesto es insuficiente. Y es entonces cuando el gobierno local tira la piedra y apunta a la Junta de Andalucía, en concreto, a la Agencia Andaluza de Vivienda y Suelo (AVRA) para que ponga en marcha un plan de inversiones en edificios residenciales que son de su propiedad y que se ven afectados desde hace meses por problemas de suministro. En total, son más de 250 personas afectadas, según cuantifica Rafael Pertegal, portavoz de la asociación Martínez Montañés, que no se cansa de esperar “un milagro” en el Polígono Sur ni tampoco de enviar cartas a todas las partes implicadas para lograr una solución. En todos estos casos son necesarias inversiones en la red para renovarla, repararla y que las viviendas puedan disponer de boletines de enganche que permitan regularizar la situación. Sin lo primero, lo último es imposible.

El problema es grave, porque afecta a la salud de las familias que residen en dichos bloque, un riesgo que prevalece sobre cualquier cosa y que ha hecho que un juez de un plazo de cinco a días a la Junta y a Endesa para restablecer la luz en edificios del Polígono Sur. El auto judicial fue emitido a primeros de junio y beneficia a un bloque sin suministros desde febrero, durante cuatro meses. Se trata de una medida cautelar adoptada a petición del denunciante por concurrir, en este caso, una vulneración de los Derechos Fundamentales.

Pero las administraciones públicas se van tirando la pelota sin adoptar medidas contundentes y definitivas. Hace ya casi un año el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, figura que depende de la Junta de Andalucía, pidió más implicación del Estado para frenar el problema de los cortes de luz, en este caso, derivados del cultivo indiscriminado de marihuana en el barrio, algo que ha ido en aumento desde 2019. De hecho, en 2020 se constituyó incluso una “mesa de la marihuana” que, por ahora, se ha quedado más en voluntad política que en respuesta eficaces.

En una carta enviada al subdelegado del Gobierno, Carlos Toscano, el comisionado describía en agosto pasado como “un calvario de vida” la situación que atraviesan las familias afectadas por los apagones, que incluso malvenden sus pisos para huir de la zona en la medida en que pueden escapar. Y eso deja libres las viviendas para que caigan en manos de clanes y convertidas en narcopisos.

Por ello, la solución a los apagones no pasa sólo por inversiones en la red o control de las ocupaciones irregulares, también por una mayor vigilancia que implica a las fuerzas de seguridad, a los jueces y fiscales. Y la rueda va girando y los problemas se van enquistado en unos barrios de Sevilla “donde pagan justos por pecadores”, apuntan los afectados. Y que, año tras año, repiten en el ranking de zonas más deprimidas de España.