280.000 € por tener un hijo con síndrome de Down tras un falso negativo que lo descartó

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) deberá indemnizar a un matrimonio que tuvo un hijo con síndrome de Down, ya que una prueba a la que se sometió la madre durante el embarazo descartaba rotundamente la enfermedad. Así se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ratifica íntegramente una sentencia anterior, de 2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Sevilla, y rechaza un recurso de la Junta andaluza contra tal resolución.

El error en el diagnóstico, reconocido por el TSJA, impidió, de acuerdo con la asociación Defensor del Paciente, encargada de la defensa jurídica de la pareja, la "elección de interrupción del embarazo" por parte de los padres, a quienes los "cuidados continuos que necesitará su hijo durante toda su vida" ha generado "un gasto económico y personal".

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Tal y como consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el Servicio Andaluz de Salud, en su recurso de apelación, no se oponía a la condena por negligencia médica, que sí reconocía, sino que pedía anular los 200.000 euros —destinados a hacer frente a los gastos imprevistos en la crianza del menor— de la indemnización, y que esta no superase los 80.000€, cuantía fijada por la imposibilidad de los padres a decidir si abortaban.

No obstante, el TSJA, en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo, reconoce que cantidades similares a la primera, calculadas "a tanto alzado", están justificadas en el "mayor coste de la crianza" de un hijo con síndrome de Down. La imposibilidad de la pareja para decidir si interrumpía o no el embarazo constituye un daño moral, establece la Sala, citando una sentencia del año 2000, dictada para un caso de una vasectomía mal practicada, que no vio "daño moral" en lo "imprevisto" de la paternidad, pero sí en la "lesión del poder de una persona para autodeterminarse", lo que atenta contra su dignidad.

El falso negativo impidió a los padres decidir si querían interrumpir el embarazo

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Sevilla, la primera que fijó la indemnización en 280.000 euros, recoge que un laboratorio explicó que el motivo del falso negativo de la prueba de amniocentesis fue un mosaicismo —una alteración de las líneas celulares que genera dos composiciones genéticas distintas— "no observado" al realizarla, a pesar de que la fiabilidad de este método es del 99,9% en la detección de la trisomía en el cromosoma 21, que es la causa del síndrome de Down.

En aquella ocasión, el juez reconoció "mala praxis" del hispalense Hospital Virgen de Valme, que no realizó posteriormente a la embarazada un "análisis de cultivo largo" de la muestra extraída, como establece el protocolo sanitario andaluz y que "hubiera dado un correcto diagnóstico" sin posibilidad de error. Solo se le realizó un estudio de tipo "corto", insuficiente para la detección. A pesar, todo ello, del riesgo de la mujer de tener un hijo con esta enfermedad —una probabilidad de 1 sobre 50—, confirmado por una ecografía a la que la madre se sometió al inicio de la gestación, en 2011.

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Por todo ello, el juzgado estimó parcialmente la petición del matrimonio —solicitaban una indemnización de 600.000 euros— y fijó la cuantía total en 280.000 euros, ratificada ahora íntegramente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que considera, tal y como establece la jurisprudencia del Supremo, que "los gastos derivados de la crianza de los hijos no constituyen un daño en circunstancias normales; pero, cuando las circunstancias se separan de lo normal, implicando una carga económica muy superior a la ordinaria, puede haber daño".