La industria de Defensa mueve ya 4.000 millones y 25.000 empleos en Andalucía

La pasada semana, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se jactaba en una entrevista radiofónica en Cadena SER de haber conseguido que el presidente Pedro Sánchez hubiera sido sensible con su ciudad natal y le hubiera adjudicado el emplazamiento de la esperada Base Logística del Ejército de Tierra.

Esas declaraciones han provocado la indignación de Jaén, ciudad que hasta días antes era la preferida por los altos responsables de Defensa encargados de la decisión, según asegura su alcalde, el socialista Julio Millán, que ha dirigido una dura carta al presidente del Gobierno para denunciar las "maniobras" de Calvo. La decisión ha movilizado a los jiennenses esta semana en distintos tipos de actos, desde caceroladas a una manifestación que mañana domingo recorrerá sus calles en coche.

El centro logístico del Ejército de Tierra es un importante proyecto que supondrá una inversión de más de 350 millones de euros en los próximos cinco años y la creación de unos 2.000 empleos civiles, además de fomentar la creación de una red de proveedores, empresas auxiliares y empleos cualificados.

Un sector en alza

Más allá del encendido debate provincial, la decisión del Gobierno viene a consolidar a Andalucía como la principal comunidad, tras Madrid, en el sector de la Defensa y la Seguridad, una industria que mueve en esta región más de 4.000 millones de euros y 20.000 empleos.

Se trata de una industria que se encuentra actualmente muy afectada por la pandemia, como otros muchos sectores, pero en la que el sector privado confía como uno de los de mayor proyección en los próximos años.

Y es que, a pesar del posicionamiento ideológico de Unidas Podemos en el Gobierno central contra el programa militar, España está obligada a incrementar de manera muy significativa –más del doble– su inversión en Defensa para alcanzar su compromiso de llegar al 2% de los Presupuestos, tal y como acordaron los socios de la OTAN en Cardiff en el año 2014.

Solo 10 de los 29 socios de la Alianza Atlántica alcanzan ya ese requisito que debían cumplir todos en el año 2024. España está muy por debajo, prácticamente al final de la cola, y no llega al 1% aunque el presidente Pedro Sánchez se comprometió hace dos años a llegar a ese objetivo para demostrar que "somos socios fiables".

Lo cierto es que el presupuesto de Defensa de 2021 aprobado el pasado mes de diciembre crece un 4,6 % más que el año anterior (417,59 millones), hasta alcanzar los 9.348 millones de euros, entre cuyas partidas destaca la dedicada a inversiones para este año: 3.090 millones, el equivalente a un 32,8% del presupuesto total del Ministerio, con especial interés en los planes especiales de modernización, cuya dotación se incrementa en 177,1 millones de euros (un 8,2%).

La industria de defensa, aeronáutica, de seguridad y del espacio aporta 20.630 millones de euros al PIB nacional, a los que hay que sumar otros 3.000 millones de efecto inducido en 2019.

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Europa Press

Según un informe que ha elaborado la consultora KPMG para la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), que agrupa a 85 empresas, el sector da empleo directo, indirecto e inducido a más de 200.000 personas en España. Es, además, empleo de calidad ya que el salario medio de las industrias que componen la asociación fue de 42.854 euros brutos al año, un 83 % por encima de la media nacional, según sus cifras.

En Andalucía, este sector vinculado con la defensa cuenta con tres empresas de cabecera en los sectores aeroespacial (con Airbus), naval (con Navantia) y transporte terrestre (con General Dynamics Santa Bárbara Sistemas), cuya facturación estimada ya en 2017 (últimos datos oficiales) se situaba en 1.855 millones de euros. La industria auxiliar, por su parte, está conformada por más de 320 empresas, con una facturación de 1.400 millones, lo que supone que la actividad relacionada con la defensa representa más del 26,2% del valor añadido bruto (VAB) de la industria manufacturera andaluza y casi el 2,2% del PIB regional, y genera un empleo entre las empresas tractoras y auxiliares de más de 20.800 puestos de trabajo, un 9,4% del total regional del empleo en la industria manufacturera.

Dos bases norteamericanas

A estos datos hay que sumar el impacto que generan las dos bases militares que Estados Unidos tiene en suelo español, ambas situadas en Andalucía: la localidad sevillana de Morón de la Frontera y la base naval gaditana de Rota. Esta última genera un impacto en la zona superior a los 600 millones de euros, según datos de este ayuntamiento, que acoge solo en la parte norteamericana de la base a unas 6.000 personas (2.846 militares, 400 trabajadores civiles y 2.610 familiares).

Un buen ejemplo del impacto de esta base en la economía y el empleo de la bahía de Cádiz es el contrato anunciado hace dos semanas por el Gobierno norteamericano para que la empresa de astilleros públicos españoles Navantia siga encargándose de la reparación y mantenimiento de los destructores y otros barcos desplegados en la base naval de Rota, como venía haciendo desde el año 2013. El nuevo contrato es por otros siete años y asciende a 822 millones de euros, lo que garantiza hasta 2028 unos 1.000 empleos anuales.

Navantia, el corazón de la bahía de Cádiz

La empresa pública, con tres astilleros en la bahía (Cádiz, Puerto Real y San Fernando) cuenta con un importante volumen de pedidos de índole militar. El más importante es el contrato firmado en 2018 con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas por valor de 2.000 millones de euros.

El pasado mes de noviembre se entregó el segundo de estos buques, que supone hasta el año 2024 una carga de trabajo de 6.000 empleos. De estos, más de 1.100 serán empleados directos, más de 1.800 empleados de la industria auxiliar de Navantia y más de 3.000 empleados indirectos generados por otros suministradores. Serán más de 100 las empresas auxiliares que colaboren en este tiempo.

Otro de los principales contratos militares es el de la construcción de algunas partes de las cinco nuevas fragatas F-110 del Ejercito español que se ensamblan en los astilleros de Ferrol. En concreto, Navantia Sistemas se encarga del desarrollo del sistema de combate de los buques, considerado el cerebro del barco y que integra a todos los sistemas de navegación y comunicaciones. Además está iniciando los trabajos para la construcción del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática para el Ministerio de Defensa.

Navantia ha presentado numerosas ofertas internacionales para hacerse con diferentes contratos que refuercen su rama militar. Así, se ha presentado al concurso para la construcción de nuevos barcos para Arabia Saudi (dos buques anfibios de 13.000 toneladas y ocho lanchas de desembarco), Reino Unido (dos buques logísticos) y Marruecos (tres patrulleros) o Grecia (ocho fragatas ligeras), entre otros.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitó el pasado mes el astillero de Navantia en San Fernando, donde anunció un contrato para construir un patrullero de altura para la Marina Real de Marruecos. Este contrato supondrá un millón de horas de trabajo para la bahía de Cádiz y unos 250 empleos durante tres años y medio.

Ejército de "Dragones"

En el Ejército de Tierra, la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra se ha convertido en un punto de referencia gracias a la fábrica de Santa Bárbara, que históricamente ha fabricado los principales carros de combate españoles, desde los Leopard a los Pizarro.

La empresa, que fue vendida por el Gobierno español a la empresa norteamericana General Dinamics en 2001, tiene ahora ante sí el reto de fabricar los nuevos carros Dragon 8x8. La empresa TESS Defence –formada por Santa Bárbara Sistemas (SBS), Indra Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering– firmó en agosto con el Ministerio de Defensa el contrato para la ejecución del programa 8x8 Dragón. TESS suministrará 348 vehículos de combate sobre ruedas (VCR); y se ocupará de su mantenimiento y apoyo al ciclo de vida, así como de la comercialización internacional. Este proyecto se convierte en uno de los motores de tracción de la industria de Defensa nacional, ya que su presupuesto alcanza los 2.000 millones de euros.

El contrato comprende la fabricación de 348 unidades de VCR 8×8, que serán entregados progresivamente conforme a un calendario de entregas distribuido en 10 anualidades, hasta el año 2030. Defensa ha anunciado además que el Ejército de Tierra tiene unas necesidades detectadas no solo de 348 carros de combate, sino de 1.000, que se harán en una segunda y terera fase de fabricación, lo que podría prolongar la carga de trabajo durante 40 años. El contrato actual generará 650 empleos directos en la planta de Alcalá.

Sevilla, referencia aeronáutica

Pero si hay una industria que haya despegado en Andalucía en este siglo es la del sector aeronáutico, que en los últimos años se amplia al aeroespacial. En esta región, el principal programa de la industria de Defensa se sitúa en torno al gigante europeo Airbus, que tiene desde hace doce años en Sevilla su proyecto estrella, el avión de transporte militar europeo A400M, cuyo ensamblaje final se realiza en la factoría de San Pablo. Se trata de un complejo programa cuyo presupuesto se eleva por encima de los 25.000 millones de euros y que es el eje fundamental del sector aeronáutico en esta comunidad, compuesto por 117 empresas, principalmente en Sevilla y Cádiz, que el pasado año facturaron más de 2.400 millones de euros y emplearon a más de 15.000 trabajadores, la mayoría de alta cualificación.

Airbus cuenta en Andalucía con cuatro plantas. Dos de ellas están en Sevilla, incluyendo la mencionada de San Pablo y Tablada, donde se realiza el ensamblaje de otro avión militar, el C-225. En ambas, suma unos 4.600 empleados, 2.600 puestos directos y 2.000 de subcontratas. Además, en el CBC de El Puerto de Santa María hay otros 650 trabajadores, la mitad de ellos de subcontratas, mientras que en Puerto Real son 1.000 las personas que trabajan, casi 500 de ellos de Airbus.

La situación de la aviación a nivel mundial ha provocado un desplome de las ventas en el sector aeronáutico civil, mientras que la rama militar se mantiene como valor refugio para muchos proveedores y subcontratistas.

Esta situación ha hecho temblar los cimientos de una de las industrias estratégicas de la región, el sector aeronáutico andaluz, que está compuesto por 124 empresas –la mayoría en el eje Sevilla-Cádiz– que viven en un 80% de la producción de Airbus, tanto en su rama militar como en la civil.

El sector aeroespacial andaluz facturó 2.530 millones de euros y empleó a 15.931 personas en el año 2018, según el informe elaborado por Andalucía Aerospace. Desde 2007, la facturación del sector se ha triplicado y el empleo es más del doble. El sector aeroespacial representa un 1,57% del PIB global andaluz. De hecho, en 2017 las exportaciones de aviones (3.293 millones de euros) se situaron por primera vez por encima de las de aceite (3.193 millones de euros).

La oportunidad del FCAS

La pasada semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa al consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, por segunda vez en seis meses para sellar la paz tras unos meses convulsos debido a la decisión del Gobierno de nombrar a la empresa pública Indra como coordinadora para liderar en España el nuevo caza europeo FCAS. Se trata del mayor programa militar en estos momentos, impulsado por Francia y Alemania, para sustituir a los actuales Eurofighter, con un presupuesto previsto superior a los 50.000 millones de euros.

El pasado mes de diciembre, España firmó su incorporación a este programa en igualdad de condiciones que los otros dos socios, para lo que ha comprometido un presupuesto de 2.610 millones de euros en el diseño y la fabricación del futuro caza de combate europeo. La incorporación al proyecto ha supuesto un desembolso inicial de 110 millones, mientras que los 2.500 restantes se desembolsarán en los próximos diez años.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el liderazgo de Indra en este programa levantó la airada protesta de Airbus, que este pasado verano anunciaba paralelamente hasta 1.600 despidos en las plantas españolas, de los que 899 corresponden a la división de Operaciones y otros 722 a la división militar a ejecutar a lo largo de 2021. El total de despidos que afectan a las plantas andaluzas asciende a 500 trabajadores, de los cuales 353 se corresponden con las divisiones de Defensa y Espacio, que afectan a las factorías de CBC El Puerto y San Pablo y Tablada, mientras que otros 151 pertenecen a la factoría de aviación civil de Puerto Real.

Para minimar el impacto del recorte de empleo, el Gobierno español se comprometió en verano con Airbus a impulsar un plan tecnológico aeronáutico (PTA), dotado con 185 millones de euros hasta 2023, así como a comprar helicópteros al fabricante europeo.

Para minimizar el impacto del recorte de empleo, el Gobierno se comprometió en verano con Airbus a impulsar un plan tecnológico aeronáutico

Esta pasada semana, Pedro Sánchez prometió una serie de medidas de apoyo al sector aeronáutico, como es el plan tecnológico aeronáutico (PTA), ligado a los fondos de recuperación de la UE y que será gestionado por el CDTI. También se prepara la puesta en marcha de un aerofondo dotado con 100 millones de euros para apoyar a las pymes de la cadena de valor del sector. Además, se ha creado un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 600 millones en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y gestionado por SEPIDES, cuya finalidad es prestar apoyo financiero para promover inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo y la competitividad industrial.

A cambio, Airbus se comprometió a reducir lo máximo posible los despidos previstos en España, con la desaparición de 900 puestos de trabajo, que se suman a los 722 empleos del ajuste de las divisiones de Defensa y Espacio anunciados previamente.

Plan andaluz

Por su parte, la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en las próximas semanas su plan estratégico para el sector aeronáutico, según anunció en una entrevista a El Confidencial el consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco.

La industria de Defensa es uno de los sectores con mayor posibilidad de crecimiento en Andalucía tras la actual situación de pandemia y así confían en aprovecharlo las empresas regionales, muchas de las cuales se agrupan en torno a la asociación Andalucía Aerospace. Su director gerente, Juan Román, se muestra prudente pero optimista ya que explica que "la industria aeronáutica militar andaluza se ha visto afectada por un descenso en la cadencia de pedidos los últimos cinco años que preocupaba al sector, pero sin embargo ahora se puede afirmar que es un mercado estable, que ha quedado a salvo de las consecuencias del covid, y del que se podrá seguir aprovechando la carga de trabajo por la prolongación de la vida de los actuales programas como el A400M o el C295".

En este sentido, cree que puede ser una gran noticia la confirmación de la adquisición de 56 aviones C295 por la Fuerza Aérea India que podrá traer gran carga de trabajo. También hay esperanzas en que se pueda aprobar un aumento de gastos de Defensa en ayudas humanitarias, como está ocurriendo en muchos países, "donde ha quedado demostrada la utilidad de los medios aéreos para socorrer en situaciones de emergencia".

Para Román, "la aeronáutica militar andaluza sigue produciendo mejores costes que en Europa y con unos niveles muy altos de calidad dado el 'expertise' demostrado ya durante muchos años, a lo que hay que sumar el incremento de valor tecnológico que cada vez más aportan nuestras empresas".