La tercera ola dispara el absentismo en las aulas sin que la Junta decrete cerrar colegios

El 90% de alumnos del Campo de Gibraltar decidió no incorporarse a las aulas tras las vacaciones de Navidad y cuando la zona estaba confinada desde principios de año, por la explosiva incidencia de covid, que hizo sospechar que la variante británica había entrado por el Peñón y disparado los casos. El alcalde de La Línea, una de las localidades más afectadas, pidió a la Junta que cerrase los colegios, los padres recibieron recomendaciones de no llevar a sus niños a clase y el absentismo se disparó mientras las aulas permanecían abiertas sin cambios.

No ha sido solo en La Línea. En otras ciudades como Jerez de la Frontera también se ha pedido que los colegios cierren de forma temporal. Cuando en Andalucía la tasa de contagios alcanza los 500 casos por cada 100.000 habitantes, se cierra el municipio de forma perimetral, cuando es de 1.000 casos, además, se suspende toda actividad no esencial, pero los colegios siguen abiertos. Esto ha llevado a muchos ayuntamientos a pedir que en esos casos extremos la Junta ordene también el cierre de las aulas por la alta movilidad que conlleva.

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Desde la Consejería de Educación aseguran que se limitan a cumplir con las indicaciones que reciben desde Salud Pública, pero defienden que hay que combatir “el miedo”, “lógico”, de los padres y dejar claro que las aulas, con los datos en la mano, son lugares seguros. Educación insiste en que los datos demuestran que los centros están preparados y son seguros. Según el último balance de Salud, en Andalucía habían cerrado 17 colegios (el 0,23% de 7.099) y 576 aulas (0,73% de 78.024). "Frente al 2,98% de casos confirmados por covid-19 en la población global andaluza, nos encontramos con un 1,07% de afectación al alumnado y un 2,08% al profesorado".

La tercera ola, que ha sido calificada como “un tsunami” por el Gobierno autonómico y que deja cifras de contagios y hospitalizaciones que marcan récord en toda la pandemia, está volviendo a disparar el absentismo escolar, admite Educación, que pide a los responsables municipales “sentido común” y que “sean cuidadosos para no generar alarmas”, en palabras del consejero Javier Imbroda (Cs). La tasa de incidencia en Andalucía alcanzó este lunes los 911 casos por 100.000 habitantes.

Confinamiento domiciliario

Andalucía está entre la mayoría de comunidades que han pedido al Gobierno que reforme el decreto de alarma para permitir a los Gobiernos regionales adelantar el toque de queda a las 20 horas y decretar el confinamiento domiciliario. Sin embargo, la Junta ha decidido mantener los centros educativos abiertos en aquellos municipios donde la tasa es más alta y se ha suspendido toda actividad no esencial, y pide poder confinar en los domicilios.

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Según el balance del primer trimestre del curso escolar, ofrecido por la Consejería de Educación, el absentismo en educación primaria se ha duplicado respecto al número de casos del mismo periodo del año anterior. Frente a 6.152 protocolos abiertos por absentismo en el primer trimestre del curso 2019-2020, en este curso se registran 11.427 casos. Muchos padres han decidido que sus hijos no asistieran a clase por temor a un contagio.

En la etapa de secundaria, sin embargo, el absentismo ha disminuido entre otras razones porque en la mayoría de centros se ha optado por un modelo híbrido entre la educación presencial y 'on line', una fórmula flexible que ha permitido pasar de 23.569 casos de absentismo en el curso pasado a 16.005 en este curso.

Aunque Educación subraya que estos datos arrojan porcentajes muy bajos respecto al total de alumnos, representaría el 1,52% de 1,8 millones de estudiantes, sí que se muestra preocupada porque solo el 53% de los centros se han dotado de planes concretos para paliar esta situación. La Inspección educativa sí que está siendo especialmente vigilante, después de un movimiento de padres insumisos promoviera en el inicio del curso escolar en toda España que los niños no volvieran a las aulas. El Ministerio de Educación incluso encargó un informe a la Abogacía del Estado sobre cómo proceder, pero fue poco concluyente. Dejó la pelota en el tejado de las comunidades, que tienen las competencias en educación, y sí que despejó que en caso de niños vulnerables, aquejados de patologías que complicaban el covid o en aquellos casos en los que el menor conviviera con personas con problema de salud o los abuelos, debía prevalecer el derecho a la salud.

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788 alumnos "perdidos"

En ese supuesto, de alumnado vulnerable, que está faltando a clases con el aval de un informe médico, hay un total de 6.615 alumnos en Andalucía. Estos no son absentistas y los centros deben proporcionarles mecanismos para seguir el curso desde casa. Hay 3.761 alumnos en primaria y 2.854 en secundaria que reciben clases telemáticas con un justificante de salud. De estos, hay 788 que no están siendo atendidos, desvela Educación, porque en la mayoría de los casos los tutores comunicaron que no podían asistir y después o bien o no han aportado informe médico o directamente se han desconectado del centro y es imposible contactar con las familias.

El Gobierno andaluz insiste en que irá decidiendo según avance la pandemia sobre el cierre de centros escolares, pero, de momento, continuarán abiertos de forma presencial en primaria y con posibilidad de clases telemáticas en secundaria. Otro de los grandes frentes abiertos está en las universidades, donde la Junta ha delegado en los rectores la decisión sobre clases y exámenes. En el caso de la Universidad de Sevilla, el rector ha dictado que los exámenes sean presenciales y, pese a la rebelión de los estudiantes, con numerosas medidas de presión para pedir que se replantee esta opción alegando que corren un alto riesgo con la pandemia disparada, no cambian de posición.

Una sentencia del TSJA

Desde Educación insisten en que sus expedientes de absentismo se resolverán exactamente igual que antes de la pandemia. Todos los casos, tras desoír los padres el requerimiento de que lleven a sus hijos al centro educativo, se evalúan en comisiones provinciales y quedan en manos de los servicios sociales de los ayuntamientos que deciden si, en última instancia y en casos muy graves, acuden a la Fiscalía. Educación admite que no sabe qué ocurrirá con aquellos ayuntamientos que están directamente desaconsejando a los padres que lleven a sus hijos a clase y admiten que la opción de sus servicios municipales sea dar carpetazo a estos protocolos.

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La Junta se ampara en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 30 de noviembre de 2020. Ante la petición de medio centenar de padres de que se ofreciera a sus hijos alternativas para no acudir a clases y seguir el curso desde casa por temor a un contagio de covid y alegando que la Junta de Andalucía no había tomado todas las medidas necesarias para garantizar seguridad en las aulas (distancias de seguridad, bajada de la ratio, ventilación...), el alto tribunal falla en contra de estos progenitores. Sostiene que “es la exclusiva decisión personal de los recurrentes la que realmente está impidiendo y limitando el derecho a la educación” de sus hijos e insistiendo en que es una “actitud y decisión exclusivamente personal”, “tratando de imponer sus propios intereses particulares sobre los intereses generales”. Las medidas adoptadas para garantizar la docencia, prosigue este auto, están “amparadas por las propias autoridades sanitarias” y que serán solo los responsables de Salud lo que pueden decretar la suspensión temporal de la docencia presencial. Solo por prescripción médica ante patología del alumno o de algún conviviente familiar, señaló el TSJA, está justificada la falta de asistencia.