Educación se refuerza con un dictamen legal para obligar a la vuelta a las aulas
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AVISO A LOS PADRES INSUMISOS

Educación se refuerza con un dictamen legal para obligar a la vuelta a las aulas

La Abogacía del Estado informará sobre cómo deben actuar las comunidades ante los padres insumisos. El absentismo puede acabar en los tribunales y con multas, según la ley vigente

Foto: Educación se refuerza con un dictamen legal para obligar a la vuelta a las aulas
Educación se refuerza con un dictamen legal para obligar a la vuelta a las aulas

El Ministerio de Educación ha encargado un informe a la Abogacía del Estado que refuerce a las comunidades en la aplicación del protocolo contra el absentismo en caso de los padres que en plena pandemia de coronavirus hayan decidido que sus hijos no regresen a las aulas. La petición de ese aval jurídico partió de Andalucía el pasado martes, en la reunión de la comisión general de Educación que reunió a los viceconsejeros y al secretario de Estado para preparar la cumbre de los ministros y consejeros de este jueves.

La viceconsejera andaluza de Educación, Carmen Castillo, fue quien planteó la complicada situación a que se enfrentan muchos centros educativos ante el movimiento, cada vez más potente, de padres insumisos. Una de las plataformas más sólidas es Retorno Seguro a las Aulas, que surgió en Sevilla y se extendió por toda Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. La Junta de Andalucía conoce la dimensión de este movimiento de padres, que a su vez advierten de que se están cargando de razones y argumentos jurídicos para no llevar a sus hijos a clase.

Los centros educativos se preparan para la vuelta la semana que viene

El ministerio confirmó que ese informe está en marcha y que hay preocupación entre las comunidades, que dispondrán del respaldo de la Abogacía del Estado para que apliquen sus protocolos contra el absentismo escolar. Otras regiones como Cantabria también han mostrado preocupación y han avisado de un movimiento masivo de padres contra el inicio del curso escolar. La petición a los abogados del Estado pregunta sobre “el alcance de la obligatoriedad según las leyes españolas de la asistencia presencial a un centro educativo”, informaron desde el Gobierno.

Sancionan las CCAA

Los protocolos contra el absentismo son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Fijan cómo actuar en “situaciones de riesgo y desprotección” que se consideren de “gravedad”. Señalan supuestos de negligencia por parte de los padres en el derecho a la educación de sus hijos, aunque también incluyen sanciones y actuaciones, conforme a la ley, en casos de “desprotección moderada y desamparo”. La valoración de cada caso recae en equipos multidisciplinares que incluyen junto al centro educativo a psicólogos, trabajadores y educadores sociales o miembros de la Policía Local, ayuntamiento y diputación.

Foto: La revuelta de los padres insumisos: "No pienso llevar a mis hijos al colegio"

Por ejemplo, en el caso de Andalucía, los centros están obligados a activar el protocolo de absentismo cuando “las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y 25 horas de clase en Educación Secundaria Obligatoria, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase”, respectivamente. El ámbito de actuación contra el absentismo es, según la ley, el municipal. La normativa es extrapolable a todas las comunidades autónomas.

"Nos veremos en los tribunales"

Josu Gómez, portavoz del movimiento Retorno Seguro a las Aulas, asegura que si la vía que quiere utilizar el Gobierno es la judicial, “no hay problema”. “Nos veremos en los tribunales”, advierte. Los padres que no piensan llevar a sus hijos al colegio hasta que la pandemia esté controlada están cargándose de argumentos legales para defenderse en cualquier circunstancia, incluida la más extrema, que la Fiscalía de Menores pida la apertura de diligencias penales contra una familia y un juez acepte.

“Nosotros lo que pedimos es que nuestros hijos vuelvan al colegio, defendemos la presencialidad, pero con seguridad, y no la hay. Ni bajan las ratios ni se garantizan grupos estables de 12 o 15 niños. La tasa de contagio está disparada y ya estamos viendo lo que ocurre en los países de nuestro entorno que han tratado de hacer una vuelta al colegio con normalidad pero sin adoptar medidas de seguridad. Aquí quieren hacer un regreso a las aulas ‘lowcost’, como si fuera normal pero con gel y mascarillas y sin condiciones de seguridad”, defiende este portavoz.

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Instrucciones a los padres

Desde este colectivo de padres, dejan muy claro que no se trata de absentismo por “despreocupación o falta de interés” de los tutores, como es habitual hasta ahora, sino de circunstancias excepcionales en mitad de una pandemia mundial. Sus más de 1.400 seguidores de toda España recibirán instrucciones antes de que el curso se inicie. La plataforma recomendará a cada padre o madre firmar y entregar al centro un modelo de escrito en el que exigen “el derecho a una asistencia segura a las aulas” acompañado de todas las cifras y medidas que, a su juicio, demuestran que ese regreso a la presencialidad no está garantizado sin vulnerar la protección de la salud de sus hijos o de sus familiares. Serán registros “individuales y colectivos”, advierten.

En paralelo, desde esta plataforma garantizan asesoramiento legal a todos los padres en caso de que tengan que defenderse en los tribunales. No descartan además tomar la delantera y emprender una demanda colectiva en cada comunidad contra la vuelta al colegio, advierte Josu Gómez.

Miles de padres se unen para poder elegir la escolarización 'online'

Los padres que no llevarán a sus hijos a clase advierten además de que si hubiera que lamentar algún desenlace fatal en una familia, con un contagio grave o incluso un fallecimiento motivado por un contagio en el colegio, se podrían emprender acciones penales contra los responsables políticos de esa vuelta no segura. “Si quieren que lleguemos a los tribunales, allí estaremos”, advierten desde este colectivo.

Sentencias contradictorias

El Ministerio de Educación no muestra dudas sobre la obligatoriedad de la enseñanza presencial y niega un debate jurídico sobre la colisión del derecho a la educación y la salud. Desde el Gobierno, advierten de que ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional en una sentencia de diciembre de 2010 que denegó el amparo a dos parejas de Coín (Málaga) después de que un tribunal les obligara a escolarizar a sus hijos y les negara la enseñanza en casa. Ese fallo había sido respaldado por la Audiencia Provincial de Málaga y posteriormente por el alto tribunal en una sentencia cuya ponente fue la entonces presidenta del Constitucional, María Emilia Casas.

El TC defendió que “la invocada facultad de los padres de elegir para sus hijos una educación ajena al sistema de escolarización obligatoria por motivos de orden pedagógico no está comprendida, ni siquiera 'prima facie', en ninguna de las libertades constitucionales que la demanda invoca y que el artículo 27 de la Constitución española reconoce”. Ese artículo habla del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El Gobierno ya apeló a esta sentencia cuando la ministra de Educación, Isabel Celaá, provocó una polémica cuando, en pleno debate sobre el derecho a veto parental en la educación, como proponía Vox, dijo: “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”.

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Pero los padres insumisos también aseguran que hay jurisprudencia a su favor. La plataforma Retorno Seguro a las Aulas apeló a otra sentencia, la de la Audiencia de Girona, que revocó una condena a unos padres por el absentismo continuado de su hijo durante dos cursos. En este caso, los padres alegaron que su hijo padecía una enfermedad crónica que podía agravarse en caso de asistir al colegio.

Los forenses, en un primer momento, acreditaron que esa dolencia no justificaba que el niño hubiera dejado de asistir a clase, considerando que podía hacer vida normal, y el tribunal condenó a los padres. Sin embargo, la Audiencia revocó esa sentencia y aseguró que había “un exceso de celo” de los progenitores pero no un delito. La sentencia que absolvió a los padres considera que no se trata de un caso de “dejadez en las obligaciones de escolarización de los padres” sino de “una mala gestión de los problemas médicos” y considera que la actitud fue “reprochable” pero “no delictiva”.

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