Isofotón: tras la caída de la gran fotovoltaica que dilapidó 80 millones de la Junta

La empresa Isofotón ha vuelto estos días a los titulares que tan profusamente ocupó en 2014, cuando acabó desguazada en lotes a la venta para su liquidación. Ya entonces, los trabajadores de la que fue empresa insignia de las energías renovables en España y la joya de la corona del Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, llevaban muchos meses protestando ruidosamente y advirtiendo de que algo no cuadraba. 700 trabajadores, la empresa llegó a tener un millar en plantilla, acabaron en la calle. De ellos parte esta investigación judicial.

Isofotón vuelve a la actualidad seis años después porque un juzgado de Sevilla ha citado como investigados a parte de la cúpula de las consejerías de Innovación y Empleo con los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En total, 37 ex altos cargos. Hay cuatro exconsejeros de Innovación y Empleo: Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio; tres exviceconsejeros; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta; el expresidente de la caja de ahorros El Monte José María Bueno Lidón, y el exdirectivo de Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta, Juan María González Mejías, que es sobrino de Felipe González.

Se investiga si se contó con las autorizaciones y trámites preceptivos en la concesión de fondos públicos que el auto judicial eleva a 80 millones de euros entre 2005 y 2012 para la sociedad Isofotón y otras de las que fue accionista. La fotovoltaica recibió directamente 37,3 millones a través de la Agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación y que libró los pagos de los ERE, así como de Soprea, Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía. Toda la cúpula directiva de IDEA también tendrá que declarar. Muchos de estos investigados ya fueron condenados en el caso de los ERE. Otros quedaron absueltos.

Los 'mesías', los hermanos Serrano

Pero no solo están citados políticos ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández. También deberán declarar quienes fueron los directivos de la empresa malagueña en su última etapa, los hermanos Ángel Luis y Diego Serrano, y Óscar López, que figuró como apoderado de la empresa.

La causa se reactiva ahora, pero se remonta a 2015, cuando la jueza Mercedes Alaya recibió una denuncia del comité de empresa, que alertaba de los importantes fondos públicos recibidos por Isofotón y que no habían evitado el cierre de la empresa malagueña. Alaya, enfrascada entonces en los ERE, remitió la denuncia al decanato y el caso recayó por reparto ordinario en el juzgado que ahora impulsa las investigaciones.

Para desentrañar qué hay tras la empresa que fue el símbolo del reinado de España en las energías renovables, hay que hace un largo viaje al pasado. Antes de la etapa ahora investigada, Isofotón ya fue un sumidero de ayudas públicas para la Junta de Andalucía, aunque nunca se supo cuánto le costó. Fue un investigador malagueño, Antonio Luque, quien fundó la empresa en 1981. “Un visionario”, aseguran quienes defienden el legado de este ingeniero y profesor universitario. Siempre fue una empresa de riesgo, pionera en un campo que entonces era casi de ciencia ficción, la energía solar, y dedicada a la fabricación de placas solares. En una década, no despegó. Tanto, que en 1991, a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se reconvertiría en la Agencia IDEA, la Junta de Andalucía entró en el accionariado. Isofotón estaba llamada a convertirse en un pozo sin fondo para las ayudas públicas, como ocurrió con Santana Motor, también participada por el IFA.

La huida de los March

En 1997, la Junta estuvo detrás de la venta de la fotovoltaica al grupo vasco Bergé. La empresa comienza una etapa dorada y con un crecimiento brutal. En noviembre de 2006, el rey Juan Carlos inauguró su nueva fábrica en el Parque Tecnológico de Málaga. Isofotón es entonces la segunda empresa europea en energía solar. Sus nuevos propietarios anuncian una inversión de 250 millones de euros en el siguiente lustro, solo la nueva planta había costado 130 millones de euros. Se habla de Isofotón casi como un milagro, de un proyecto universitario que comenzó en un laboratorio de apenas 400 metros cuadrados a unas instalaciones de 28.000 metros cuadrados, en el 'top 10' de las empresas renovables y de 15 a 800 trabajadores.

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Todo iba tan bien que la empresa decidió salir a bolsa. La familia March entró en el accionariado a través de Alba Corporación. De su mano, llegó un nuevo consejero, Carlos Torres, delegado al que no le gustó lo que vio y que encargó una auditoría externa. Nunca se supo lo que encontraron, pero los March se apearon rápidamente del proyecto. El Grupo Bergé volvió a recomprar sus acciones y se enfrentó a quien había sido su consejero delegado, José Luis Manzano, el mismo que se había encargado de explicarle al Rey las bondades del proyecto en aquella inauguración por todo lo alto. Había sospechas de doble contabilidad. Manzano fue condenado, en 2011, a pagar 170 millones al Grupo Bergé por "graves irregularidades contables".

La Junta buscó comprador

En el primer semestre de 2010, se cocinó la venta de Isofotón al Grupo Affirma, de los hermanos Serrano. La Junta apadrinó la operación. La prensa malagueña hablaba del “mesías de la nueva Isofotón” para referirse a Ángel Luis Serrano, que supuestamente llegaba para hacer un rescate que iba a llevar la empresa malagueña de nuevo a la élite de las renovables.

Affirma era una consultoría que estos dos hermanos convirtieron desde cero en un gigante con oficinas en Madrid, Barcelona y hasta Pekín. En China, asesorando empresas españolas en el mercado asiático, se toparon con el jugoso negocio de las placas solares y descubrieron su mina de oro. Su grupo empresarial había facturado 100 millones de euros en 2008. Tres años antes, 2005, habían empezado a distribuir paneles solares Suntech. De ese negocio surge su vinculación con el grupo coreano Toptec, con quien entró a comprar Isofotón.

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El auto señala que Affirma “adquiere el 80% y Toptec el 20% por un precio simbólico de un euro, que evidencia la situación real que atraviesa la sociedad”. Asumieron también pérdidas millonarias. La jueza apunta además que “de los datos recabados por la fuerza, puede colegirse que la situación financiera de Isofotón era absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución”. La instructora pide “un completo esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental”.

Cómo llegaron los hermanos Serrano a ponerse al frente de Isofotón y por qué la Junta se afanó en buscar a este comprador y siguió avalando préstamos con fondos públicos para reforzar la operación, es una incógnita. Quienes estuvieron cerca de aquella apuesta aseguran que era una empresa insignia en un sector clave, con más de 800 trabajadores, y que el proyecto que traían los nuevos inversores tenía garantías.

El fichaje de la ministra Ribera

Teresa Ribera, actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, fichó por Isofotón y formó parte del 'staff' de la empresa “entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, en labores de evaluación y asesoramiento en internacionalización en terceros países”, informan fuentes de su departamento. En ese periodo, no hubo ayudas públicas. La empresa iniciaba entonces su fabricación en Estados Unidos y firmaba una alianza estratégica con Samsung que finalmente no fructificó.

Nadie ha explicado todavía con claridad adónde fueron los millones que otorgó la Junta de Andalucía. Los trabajadores difundieron sospechas de que Affirma había desviado tecnología pagada con fondos públicos a sus plantas en Ohio (Estados Unidos) y China. Cuando se liquidó la empresa se conocía, a través de una investigación del periódico ‘The Blade’, que también el Gobierno norteamericano reclamaba a los hermanos Serrano 15 millones de euros que les había concedido para poner en marcha la fábrica. Isofotón acumuló una deuda de 320 millones de euros, en 2013 entró en concurso de acreedores y en 2014 se liquidó.

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La competencia de China, que se puso a fabricar placas solares a un precio con el que España no podía competir, o la subida del silicio, el material con el que se fabricaban, se señalaron como motivos para que la firma malagueña nunca consiguiera levantar el vuelo. El Gobierno andaluz directamente culpó al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que recortó 1.700 millones en primas a las renovables en 2014. Afirmó entonces que “las desacertadas decisiones” del Gobierno del PP provocaron “inseguridad jurídica y falta de rentabilidad” para el sector.

Expediente de reintegro

La Junta de Andalucía defendió públicamente, en un comunicado de prensa, que gracias a las ayudas concedidas se pudieron mantener durante años una actividad “estratégica” para la economía andaluza y 700 puestos de trabajo. Sin embargo, después trascendió que la Agencia IDEA inició en junio de 2014 un expediente de reintegro para recuperar parte de las ayudas concedidas porque “la empresa falseó las condiciones requeridas para solicitar los avales que le fueron concedidos”. Poco después, informaron que habían recuperado tres millones de euros.

El actual Gobierno andaluz, de PP y Cs, no sabe qué pasó desde entonces. Fuentes de la Consejería de Economía aseguraron que hay tantos expedientes sobre Isofotón en la Agencia IDEA que buscar esa información supondría paralizar su actividad, y ahora están volcados en la convocatoria de ayudas a empresas. Hasta que no lo solicite la Justicia, no actuarán, indican. Lo que queda de aquella 'Andalucía Imparable', de esa 'Segunda Modernización' que los gobiernos socialistas vendieron para la comunidad cuando decidieron apostar por una Consejería de Innovación y el I+D, y que estaba en todos los discursos públicos, volverá a verse este mes de octubre en los tribunales sevillanos.