EL PLAZO PARA ABONARLA ACABA EL 30 DE JULIO

Ribera pasa a las CCAA la multa de la UE por no depurar: Andalucía pagará 5,5 millones

Valencia y Galicia ya han iniciado los trámites para pagar las sanciones, según el Gobierno. La comunidad andaluza lidera la clasificación de los municipios más contaminantes

Foto: Nerja es uno de los municipios más afectados por la contaminación de aguas residuales. (EFE)
Nerja es uno de los municipios más afectados por la contaminación de aguas residuales. (EFE)

El Gobierno ha empezado a pasar a las comunidades autónomas la histórica multa de la UE por la mala depuración en España. Solamente la Junta de Andalucía pagará una sanción de 5,5 millones de euros por incumplimientos en la depuración de aguas residuales en su territorio. El Ejecutivo andaluz se ha comprometido a abonar esta cantidad antes del 30 de julio para no incurrir en recargos. Se trata de una sanción sin precedentes a España por incumplir la normativa comunitaria.

El Ejecutivo andaluz presentará un recurso contencioso-administrativo para pedir la suspensión cautelar del pago de la sanción, según indicó un miembro del Gobierno de Juanma Moreno consultado por El Confidencial. Fuentes oficiales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública expresaron a este diario que el plazo se le acaba a Andalucía y que otras comunidades como Valencia o Galicia ya han iniciado los trámites para pagar las sanciones.

Se trata de una histórica sentencia del 14 de abril de 2011 contra el Reino de España en el asunto C-343/10 relativo a la materia de recogida y tratamiento de aguas residuales que fue notificada a la Junta de Andalucía tras la reunión del Consejo de Ministros del 10 de marzo de 2020.

En la comunidad andaluza, los municipios afectados son Matalascañas e Isla Cristina (Huelva); Tarifa y Barbate (Cádiz); Alhaurín el Grande, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara y Nerja (Málaga), casi la mitad de las 17 poblaciones afectadas de toda España.

El 90% de los municipios de Málaga no tiene separadas las tuberías pluviales y fecales, con lo que las aguas de lluvia van a las depuradoras

Andalucía lidera la clasificación de las multas en España. La cantidad total que tendrá que pagar finalmente ascenderá a 13 millones de euros (5,5 millones de euros correspondientes a multas que tiene que pagar la Junta y el resto, el ministerio). Málaga es la provincia andaluza que más ha contaminado: 6,1 millones de euros, casi la mitad de las multas de la comunidad autónoma.

Y es que el 90% de los municipios de Málaga no tiene separadas las tuberías pluviales y fecales, con lo que las aguas de lluvia van a las depuradoras. Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos por la provincia de Málaga en el Congreso, recordó a este diario: “Si no se ejecuta el saneamiento correcto de las aguas, en 15 años vamos a destrozar el litoral. Hay que hacer un cambio conceptual y mirar más allá. Sabemos que esto no da rentabilidad electoral, que no abre los periódicos; pero hay que ponerlo en la agenda política y en los debates”.

Dinero finalista

La Junta de Andalucía instauró en mayo de 2011 un canon específico para el saneamiento y ya a finales de 2017 la Administración autonómica andaluza llevaba recaudados 700 millones de euros. “Se invirtieron entre 200 y 500 millones de euros, era un dinero finalista y no se sabe dónde está”, explica a este diario Antonio Aranda, gerente de AEHCOS (Asociación Empresarial Hotelera de la Costa del Sol).

La multa total a España ascendía en un principio a 46 millones de euros por haber infringido la Directiva 91/271 referente al tratamiento de aguas residuales. Finalmente, Europa sancionó a nuestro país con 12 millones de euros a tanto alzado (una cantidad fija) más una multa de 10,6 millones cada seis meses. Ya se han pagado tres tramos de estos 10,6 millones. Esta cantidad disminuirá en función de que las depuradoras entren en funcionamiento. El ministerio todavía no ha empezado las de Barbate y Matalascañas.

Como ya publicó este diario en 2017, más de una década después del plazo máximo, nuestro país reunía aún casi dos docenas de aglomeraciones costeras de más de 15.000 personas que vertían las aguas residuales de sus habitantes al mar sin el paso previo por una planta depuradora.

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