El periplo tras la patera: diez años con la orden de expulsión en el bolsillo

Algeciras, Tarifa y Los Barrios, puntos calientes de la entrada de pateras, no tienen un turno de extranjería específico. Los abogados de oficio que forman parte del turno penal se reparten según la especialidad. Cada día laborable hay cinco letrados. Los festivos, dos o tres, que cubren centros de detención y juzgados.

A Patricia del Pino, que forma parte de este turno, la pueden llamar para una detención por violencia de género o para una patera. "El día que estás de guardia penal también estarás de guardia si entran pateras. Esto funciona mientras el flujo de inmigrantes irregulares ha sido el normal, por llamarlo de alguna forma, pero cuando hay estos repuntes nos colapsamos. Si entran 300 personas hay que asistirlas. Con el problema añadido de que, en verano, que de eso ya no tiene culpa nadie, al ir de un punto a otro puedes encontrar colas de coches de cinco horas", explica.

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Haría falta uno separado solo de extranjería. Por los menos en los meses de verano. Asegura Del Pino que tanto el Colegio de Abogados como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen un esfuerzo importante. Intentan organizar todas las asistencias para llamarlos una sola vez. "Pero cuando entre un volumen tan inmenso de personas te ves superado", admite. "Hay días que son 400".

Más de 8.000 asistencias

Durante 2017, la Consejería de Justicia e Interior costeó 1.922 guardias especializadas de extranjería en las que se realizaron 8.154 asistencias y por las que se abonaron 251.405 euros. Para 2018, se han incrementado los recursos en 1.000 guardias más. Según la Junta, Cádiz, Almería, Granada y Almería sí establecen turnos específicos para la atención a estas llegadas colectivas. Hay lo que llaman un módulo de entradas masivas que sumó otras 921 asistencias el pasado ejercicio y por las que se abonaron 392.175 euros.

En 2017 se realizaron 8.154 asistencias de oficio por las que se abonaron 251.405€. Para 2018, se han incrementado recursos en 1.000 guardias más

Para Patricia del Pino su trabajo llega después de que Cruz Roja y otras ONG, Policía y Guardia Civil, depende de quién haya interceptado la patera, hayan intervenido. Lo primero es la asistencia sanitaria. Llegan en unas condiciones "lamentables". Se les identifica. Lo normal es que vengan indocumentados. Recabados los datos, que permitirán saber si hay o no acuerdo de repatriación con sus países de origen, se les leen los derechos y llaman al abogado del turno de oficio. Como mínimo, pasa un día.

Una falta administrativa

"Nos personamos los letrados correspondientes y se les hace la notificación de la expulsión, de un expediente de tipo administrativo. Si son subsaharianos o de países que no tengan tratado de extradición al día siguiente pasan al juzgado donde se les incoa un expediente de autorización de internamiento. La barrera del idioma no existe porque hay traductores desde el momento cero", cuenta esta letrada.

Ante el juez se les incoa el expediente de internamiento y pueden estar internados un máximo de 60 días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o quedan directamente en libertad desde el centro de detención. ¿De qué depende? Teóricamente, al CIE deberían de ir todas aquellas personas que vienen indocumentadas y con cuyos países no tienes tratados de extradición. Actualmente, hay veces que no se puede ir porque directamente no hay plazas. "Hay colapso en los CIE, en los juzgados, en los centros de detención...", esta es la realidad que traslada esta abogada que vive cada día las pateras desde el otro lado. Ahora los jueces están estableciendo de internamiento unos diez días prorrogables.

Y no es nada fácil, admite. La burocracia y la frialdad administrativa no casan bien con las tragedias humanas. "Vives esto con mucha impotencia. Personas que vienen huyendo de países en guerra, que Dios sabe las penalidades que han pasado en ese camino y que llegan, e imagínate el grado de desesperación de una madre para meter a un niño en un barco a la deriva. Te traen un brillo en los ojos a veces... que te da mucha pena", cuenta Del Pino.

Ilocalizables y sin domicilio

El letrado de oficio suele recurrir tanto el expediente de expulsión administrativo como el auto o la resolución de internamiento. Pero muchas veces, cuando se ve ese recurso de apelación, la persona está en libertad y ya no se sabe ni donde está. "Si no han sido retornadas a su país de origen, cuando pasa el periodo de internamiento o el plazo que haya fijado su señoría, quedan en libertad con una orden de expulsión en el bolsillo que les impide la regularización de su documentación, pero quedan aquí en libertad. Eso no es ninguna solución y es una opinión personal", asegura Del Pino. "No tiene domicilio, no puedes contactar con ellos".

"Al que se queda aquí y le das una orden de expulsión, ya no lo vuelves a ver. Se mueven, lo normal es que ni siquiera se queden en España"

"A efectos prácticos no hay resultados, esa es la verdad", explica esta abogada. "Hay mafias que trafican con personas y que los traen una y otra vez y esto es lo mejor que les puede pasar porque se han salvado de perder la vida en el mar. Al que se queda aquí y le das una orden de expulsión, ya no lo vuelves a ver. Se mueven, lo normal es que ni siquiera se queden en España. Esto no deja de ser una zona de tránsito más que de permanencia", apunta Del Pino.

Diez años después

Quizás algunos de los extranjeros asistidos por esta abogada del turno de oficio acaben recalando dentro de mucho tiempo en el despacho gaditano donde Mari Luz Moreno lleva temas de extranjería. Ella puede contar bien el periplo de muchos que se despidieron de la abogada del turno de oficio con su orden de expulsión en el bolsillo y de los que nunca más de supo. "Asisto a muchas personas que llevan diez, incluso quince años, de forma irregular en España y que quieren regularizar su situación. Tener papeles", señala. "Esto no es nuevo en absoluto", avisa.

Esta abogada advierte de la arbitrariedad de las oficinas de extranjería de las Subdelegaciones del Gobierno. "Hay algunas muy restrictivas, que interpretan la norma de forma perversa", asegura. En ocasiones llegan hasta el Supremo. El proceso es caro y si los condenan a costas son mil euros mínimo. Algunos de los extranjeros han tenido papeles y los han perdido "por ejemplo, porque la empresa donde trabajaban tenía deudas con la Seguridad Social", explica Moreno.

Perseguidos toda la vida

"Hay personas que llevan aquí diez años y viven, claro que sí, sin documentación. Están encubiertos. Otros se llevan perseguidos toda la vida y no pueden volver a sus países a ver a sus familias. El periplo que sigue a la llegada en patera en ocasiones es muy penoso", lamenta esta abogada desde su despacho de Cádiz. "Quizás mi postura suene fuerte, pero considero que estas personas se permiten que estén así porque interesa que haya bolsas de personas ilegales, que desempeñen los empleos precarios, no molestan y nadie hace nada. Los gobiernos tienen un discurso muy falso", concluye,

Tanto Patricia del Pino como Mari Luz Moreno son tajantes: "No hay efecto llamada". "Nadie es tonto. Si lo que encuentras aquí es peor que lo que dejas, te vuelves. Si llevas 15 años aquí es por algo, denles papeles, dejen que vivan dignamente. Mantenerlos sin papeles es como si le quitáramos el oxígeno para respirar", advierte Moreno. "El tema es tan caótico que los mismos abogados nos vemos desbordados. Hay que recurrir reglamentos a las prácticas en fronteras, de los CIE", agrega.

"El trato que se les da no te digo que sea óptimo, pero si el mejor que podemos. Hacen falta más medios, hay veces que estamos desbordados, pero el trabajo personal por parte de la gente que los atiende, de los profesionales, es chapó", señala Del Pino, que como su colega es muy firme al asegurar que todo lo que se haga en la frontera es parchear y que la verdadera política hay que hacerla en los países de origen. "Cada vez van a venir más asiduamente, porque, si te están matando y tienes una oportunidad, te vas y si tienes que intentarlo otra vez, lo intentas. No se puede mirar a otro lado. Que se hagan efectivas las políticas de asilos en todos los países europeos. Hay medios coercitivos y legales para hacer que todos los países cumplan".

Más medios en los puntos 'calientes'

"Hay que dotar de más medios a los puntos calientes de entrada de inmigración irregular, que puedan ser atendidas con la mayor celeridad posible, lo pido para ellos y para las personas que están aquí trabajando", asegura esta letrada de Algeciras.

Formar parte del turno de oficio no es para ganar dinero ni porque sea cómodo. "Yo vengo de una familia de currantes donde nunca antes nadie había sido abogado ni nada. El abogado con el que yo empecé a trabajar me decía que el turno de oficio no es una opción, sino una obligación porque tienes que intentar ayudar. Aunque a veces tenemos mala fama de que no nos ocupamos de los temas, te digo que hay mucho compromiso personal", cuenta Del Pino. "Una vez que conoces esta realidad de cerca no puedes mirar hacia otro lado", señala Moreno.

"Esto es un problema humano. Los inmigrantes no son delincuentes, lo único que cometen es una falta de tipo administrativo. Lo ves pasar por el juzgado, los miras y dices esto mañana me podría pasar a mí. Hace falta más empatía. ¿Y si mañana entramos en guerra y tenemos que huir hacia África? No por cerrar fronteras acabaremos con los problemas. Si te ponen un muro y tienes que salvar la vida de tu hijo tiras el muro abajo". Así se despide la letrada de oficio a las puertas de un fin de semana que puede ser muy complicado. Acaban de rescatar a otros 245 inmigrantes en aguas del Estrecho.