la 'revolución jornalera'

La ocupación de tierras de Marinaleda ya es ilegal: pasan del ultimátum de la Junta

Las cooperativas ignoran la entrega de documentación requerida para comprar las hectáreas cedidas desde 1992. Desde el 1 de enero de 2017 pueden ser desalojados

Foto: El diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo. (EFE)
El diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo. (EFE)

Movimientos de última hora pero incumplimiento del ultimátum dado por el Gobierno andaluz. Este mismo viernes un economista como representante de las cooperativas de Marinaleda (Sevilla) se ha presentado en la Consejería de Agricultura para intentar otra prórroga. El alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo telefoneó horas antes a un alto cargo de la Junta para intentar seguir negociando. Sin embargo, se han ignorado los requisitos exigidos, no se ha entregado en plazo la documentación exigida para iniciar la compra de las tierras ocupadas y desde el 1 de enero, el Gobierno andaluz se mantiene firme en su aviso: “No hay papeles y han entrado en una situación de ‘alegalidad’”. En cualquier momento, sería posible el desalojo, aunque fuentes del Ejecutivo autonómico avanzan que esperarán a que pasen las primeras semanas de enero antes de ninguna medida drástica.

El Gobierno andaluz dio como plazo tope el 31 de diciembre para que Marinaleda pudiera comprar las fincas que explota desde 1992 como fruto de un acuerdo de cesión. Esa finca, El Humoso, perteneció al duque del Infantando hasta 1991 y su concesión se convirtió en una especie de símbolo de la revolución jornalera. Las luchas de los jornaleros y habitantes de Marinaleda, con Sánchez Gordillo al frente, consiguieron la concesión administrativa de esas tierras situadas entre esta localidad y Écija. La ley de reordenación del sector público de 2011 ponía fin a ese régimen de concesión y abogaba por fórmulas para la venta de esas tierras. La reciente ley de agricultura de Andalucía ha puesto además fin al proyecto de un banco público de tierras y ha sacado a la venta las 10.000 hectáreas propiedad del Gobierno andaluz.

Pese a las facilidades del Gobierno, que contempla condiciones especialmente ventajosas para los cooperativistas que han explotado las tierras, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) siguen haciendo oídos sordos y defendiendo que no quieren la propiedad de la tierra sino la creación de un banco público. En una finca cercana en Écija se logró con éxito la venta de las tierras cedidas a los cooperativistas, que lograron un acuerdo de compra en 2011 que lleva a cada titular a pagar 4.000 euros anuales durante 20 años. Se fijó un precio de 10.400 euros por hectárea.

Aceite, alcachofas y pimientos

Con Marinaleda no ha sido posible. No hay tasación oficial aún del precio que debería pagarse por esas 1.196 hectáreas que regentan en la actualidad ocho cooperativas, que recibieron las tierras entre 1992 y 1995. Desde 2011 está situación tendría que haber quedado resuelta pero Sánchez Gordillo ha recibido ya varias prórrogas. La última en diciembre de 2015. Ahora, el Gobierno andaluz deja claro que ya no habrá más dilaciones. O acuerdan la compra o serán expulsados. Las tierras se dedican al cultivo de habas, alcachofas, pimientos del piquillo, pimientos morrones y aceite de oliva virgen extra.

Grafittis en las paredes de Marinaleda. (J.C.)
Grafittis en las paredes de Marinaleda. (J.C.)

La consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, se reunió a mediados de diciembre con Sánchez Gordillo para tratar de cerrar un acuerdo. En aquella reunión fijó un claro ultimátum. El histórico alcalde de Marinaleda trató de negociar la compra a través de una fundación, no directamente por las cooperativas. De hecho, fuentes de la administración no ocultan su sorpresa porque sea Sánchez Gordillo y no el presidente de las cooperativas quien haya asumido las negociaciones. Ese clima de desconfianza entre los cooperativistas y el alcalde complica aún más la situación.

Impago de 5,7 millones de euros

Otro asunto aún sin resolver es el precio de estas tierras y la deuda pendiente de Marinaleda. En las condiciones de cesión se fijó un canon anual que debían abonar los cooperativistas y que 24 años se ha ignorado. La Consejería de Agricultura fija una deuda de 5,7 millones de euros que deberían añadirse al coste que se estime para las tierras. Sánchez Gordillo advierte de que no hay ninguna deuda pendiente porque la Junta no ha girado los recibos estos años y no hubo constancia de pagos pendientes hasta 2014.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz. (EFE)
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz. (EFE)

Entre las consecuencias directas de esta situación de “alegalidad” de la cooperativa del Humoso está el fin de las ayudas europeas. Desde la Consejería de Agricultura dejan claro que no podrán seguir recibiendo subvenciones como hasta ahora. Según publicó meses atrás ‘Abc’, estas tierras habrían recibido 9,5 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) desde el año 2000. También la Junta regó con 300.000 euros en subvenciones una fábrica de conservas montada por la cooperativa. El PP interpeló en el Parlamento andaluz a la titular de Agricultura sobre este asunto, preguntándose cómo se le siguió entregando dinero público cuando no cumplían con el pago del canon anual. También se supo en 2012 que el ayuntamiento Sánchez Gordillo no pagaba el agua que se consumía en su municipio (2.748 habitantes) y debía más de un millones de euros al Consorcio de Aguas de Écija.

Sánchez Gordillo, un personaje muy peculiar y que durante años fue diputado andaluz, siempre ha sabido atraer ayudas e inversiones para su municipio. Era fácil verlo en los pasillos de la Cámara al quite de cualquier consejero del Gobierno andaluz para lograr sus propósitos. También en los últimos meses, tras recuperarse de una larga y complicada enfermedad, ha recibido el auxilio de la Delegación del Gobierno en Andalucía para regularizar los números de su ruinoso ayuntamiento ante el Ministerio de Hacienda. Segun datos oficiales, a cierre del pasado ejercicio 2015 el Ayuntamiento de Marinaleda tenía una deuda de 2.441.000 euros, el 140,83% del presupuesto municipal que ascendió a 1.733.251 euros.

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