se anunciará en las próximas semanas

El Gobierno de Díaz se prepara para reabrir Aznalcóllar aún con el caso en los juzgados

Operarios públicos de la Junta declaran ante la juez que coches de Magtel y uno de sus directores “entran y salen” de la mina pese a estar suspendida la adjudicación

Foto: Fotografía de archivo (26/04/1998) de una vista aérea de la rotura del muro de contención de la mina de Aznalcóllar. (EFE)
Fotografía de archivo (26/04/1998) de una vista aérea de la rotura del muro de contención de la mina de Aznalcóllar. (EFE)

El Gobierno andaluz sigue sin confirmar si, como anunció semanas atrás, va a levantar la suspensión de la adjudicación del concurso de Aznalcóllar con el aval de sus letrados y de la Intervención General de la Junta y a pesar de la investigación judicial. Todo apunta a que así se anunciará en las próximas semanas. En una última providencia de la juez Patricia Fernández, a la que ha tenido acceso El Confidencial, la Junta insiste ante la magistrada en que “no ve razones” para parar la adjudicación y la apertura de la mina a manos de Minorbis-Grupo México.

Fuentes del Gobierno andaluz indicaron que es una “decisión política” que corresponderá a la presidenta, Susana Díaz, aunque insisten en que no hay motivos técnicos para que la polémica reapertura de la mina siga paralizada. Díaz anunció la paralización del concurso el pasado mes de mayo. Todo indica ahora que revocará esa resolución.

En paralelo, el caso sigue en los juzgados sin que aún se hayan producido las declaraciones más relevantes. Este lunes, el experto del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que, a petición de la de la UDEF de la Policía Nacional emitió un informe en el que alertó de graves irregularidades en el proyecto ganador de la mina, ha admitido ante la juez del caso que sólo conocía seis folios de los más de 3.000 que componen la oferta del tándem Minorbis-Grupo México. En ese punto, según fuentes del caso, la fiscal ha declinado hacer más preguntas.

Fuentes del Gobierno indicaron que es una decisión que corresponderá a la presidenta, aunque insisten en que no hay motivos técnicos para que siga paralizada

El biólogo Juan José Negro, director de la Estación Biológica de Doñana, emitió un informe a petición de la Policía, incorporado en la instrucción judicial, en el que alertó de “errores de bulto” en el plan de depuración de aguas de la empresa ganadora del concurso, que sería clave para evitar otro desastre como el vivido en 1998.

Ante la magistrada del caso, Patricia Fernández, ha reiterado en calidad de testigo que existen fallos “infantiles” de cálculo, con equivocaciones básicas, “de sumas y restas”, en los números de la empresa ganadora, según fuentes del caso. La adjudicataria presentó un contrainforme de la empresa de ingeniería Ayesa que desmontaba estas tesis y que el experto ha dicho desconocer. Ayesa además ha sido acusada de “espionaje industrial” por la denunciante Emérita Resources, aunque la instructora se ha negado a estudiar esta denuncia dentro del caso. Sin embargo, el experto del CSIC ha eludido valorar las consecuencias que esto puede tener para el Parque Nacional de Doñana alegando que no tenía suficiente información ni era ese el motivo de su informe.

Negro ha dejado claro que sólo conocía seis folios, referidos al ciclo del agua, del total de 3.000 que integran el proyecto ganador. En declaraciones públicas del pasado 31 de julio, recogidas por Efe, este experto de la Estación Biológica de Doñana habló de que la reapertura de la mina suponía una amenaza “preocupante” y advirtió de que "nadie puede garantizar que no vaya a haber otro desastre" como el ocurrido en 1998. Ahora ante la juez ha evitado reiterar estas afirmaciones, según ha podido saber El Confidencial.

La directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio. (EFE)
La directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio. (EFE)

La juez que investiga la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por el Gobierno de Susana Díaz, tras una denuncia por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal de la empresa Emérita Resources, perdedora del concurso público, ha retomado las declaraciones este lunes. El próximo jueves está citada la exdirectora general de minas, María José Asensio, cesada el pasado verano tras su imputación en el caso. Junto a ella acudirá una letrada de la Junta y el interventor que visó la adjudicación bajo sospecha. Las comparecencias fijadas se cerrarán la próxima semana con varios técnicos que participaron en la mesa de contratación y que ya han prestado declaración ante la Policía.

“Los coches de Magtel siguen entrando a la mina”

Este lunes han acudido a los juzgados sevillanos otros dos operarios de la actual empresa pública Amaya, antigua Egmasa, destinados en la mina de Aznalcóllar por la Junta de Andalucía para vigilar la depuradora y el yacimiento. Según fuentes del caso, estos dos testigos han advertido de que en el complejo minero siguen entrando coches de Magtel, filial de Minorbis, y en concreto han apuntado a la visita del actual director de Minas de Magtel, al que han identificado como Ángel Mestre.

Según la declaración de estos testigos, el directivo de Magtel acudió al recinto días después de que lo hiciera la Policía y pidió a estos operarios que les repitiera el mismo recorrido que habían realizado por los agentes, interesándose además por las preguntas y las respuestas que habían dado a los miembros de la UDEF.

Magtel es la dueña de Minorbis, filial cien por cien de este socio andaluz unido a Grupo México, condenado por graves vertidos en su país, y ganadores del concurso. La empresa denunciante, Emerita Resources, apuntó a un intento de “chantaje” del presidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, tras una conversación en la que supuestamente dejó claro que ellos tenían “la llave” del concurso y cuyas afirmaciones fueron respaldadas, según los denunciantes, con una llamada del secretario general de Industria de la Junta, Vicente Fernández.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

Emérita puso en duda la suspensión cautelar de la adjudicación anunciada por la presidenta Susana Díaz tras saltar a la luz pública la apertura del caso. Estos dos operarios certifican que Magtel sigue entrando y saliendo de la mina, algo que desde la empresa y la Junta achacan a que en estos momentos sigue siendo responsable de “los pasivos ambientales”. Explican que en el mismo momento en el que se produce la adjudicación, la empresa ganadora, Minorbis-Grupo México, es responsable de lo que ocurra en el yacimiento. La suspensión del concurso, aseguran, no exime de esta responsabilidad.

La adjudicataria de la mina ha delegado estos trabajos de supervisión en los trabajadores públicos de la agencia Amaya y “pagaran por este servicio a la Junta”, explican varios implicados en este proceso. Como respuesta, fuentes del caso piden no “extrañarse” de la presencia de un directivo de Magtel ni de que requiriera toda la información sobre las pruebas recogidas por la Policía. Añaden que precisamente los agentes de la Udef acudieron a la mina acompañados de un perito de Emérita al que no se le dejó acceder a las instalaciones.

Estos operarios han asegurado además ante la instructora que de las dos depuradoras existentes en la mina una está estropeada y “clausurada desde marzo de 2014” mientras que la otra no está en funcionamiento porque “no es necesario”. Un informe de la UDEF certificó vertidos directos al río Agrio y alertó del estado de “semiabandono” del yacimiento. Sobre el peligro de corrimiento de tierras en el talud sur de la mina, lugar donde el proyecto ganador proyecta un acceso y que algunos expertos consideran peligroso e inviable, los operarios aseguraron que “la falla y los corrimientos de tierra” existen en esa zona desde la etapa de Boliden, pero alegaron que no son técnicos ni expertos en la materia.

La instructora informa además en su última providencia de que la entidad BBVA ha acreditado que existe una cuenta con 92,2 millones de euros inmovilizados, lo que despeja la posibilidad señalada por Emerita de un consorcio fantasma de las dos empresas ganadoras sin activos ni capacidad real para poner en marcha el proyecto minero.

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