Aznalcóllar llega al juzgado por “tráfico de influencias y prevaricación”

La apertura de la mina de Aznalcóllar, que la Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Grupo México-Minorbis, he llegado a los juzgados de la mano de la empresa perdedora, Emérita, que ha presentado una denuncia por los delitos de “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal”. Los denunciantes reclaman la paralización cautelar de la adjudicación, que se ha resuelto un mes antes de lo previsto y a las puertas de la campaña electoral, y la investigación de las ayudas recibidas por la empresa Magtel, en el tándem ganador, por parte del Ministerio de Industria, cuando estaba en manos del PSOE.

La denuncia sostiene que la adjudicación ha sido “absolutamente irregular y contraria a Derecho” y achaca a la Junta una “actitud arbitraria y patentemente prevaricadora”. Emerita, integrada por el fondo de inversión canadiense Forbes Manhattan y por empresas españolas como Morera y Vallejo –editora de El Correo de Andalucía--, AGQ y otros socios minoritarios no identificados, habla de “presiones” a los funcionarios, “ocultación y mala fe” y denuncia el acto de apertura de los sobres, que fue difundido en directo por internet, y que consideran que estuvo manipulado.

Emerita pone en duda la solvencia de Minorbis, la empresa española ganadora del concurso, que sitúa en “un entramado societario” opaco y que en realidad es una filial de la empresa cordobesa Magtel, “instigadora de las irregularidades”. La denuncia recoge “las numerosas concesiones de la Consejería de Industria” a esta firma cordobesa y relata que el pasado día 11 de abril el presidente de Magtel, Isidro López Magdaleno, se dirigió las oficinas de Emerita “con la supuesta intención de negociar la refundición de ambos proyectos para poder obtener la adjudicación”, proclamando que ellos “tenían la llave del concurso” y anunciando, para demostrarlo, que “en cinco minutos después de que él se fuera íbamos a recibir una llamada de alguien de la Consejería”. “Para nuestra sorpresa transcurrido ese tiempo recibimos la llamada de Vicente Fernández, secretario general de la Consejería, para interesarse por el resultado de la reunión”. Aseguran que hay “varios testigos” de esa llamada.

La querella, a la que ha tenido acceso El Confidencial y que ha sido presentada esta misma mañana, está pendiente de que sea admitida a trámite y alerta además de Grupo México es responsable de varios “desastres ecológicos”. Emerita relata que en Magtel “trabajan destacados miembros del PSOE, así como antiguos altos cargos y directivos de la Junta de Andalucía”. A este respecto pone de manifiesto que esta empresa tiene “excepcionales relaciones” con la Junta, fue ganadora de las concesiones de varios parques eólicos y beneficiaria de varios préstamos finalistas adjudicados por el Ministerio de Industria en los años 2011 y 2012, con un gobierno socialista. Pide la investigación de un “posible delito de subvenciones”.

La Junta de Andalucía y el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha defendido en todo momento la “transparencia” y “pulcritud” en el proceso y ha asegurado que la adjudicación ha sido cuestión de los funcionarios de la consejería, sin interferencias de ningún tipo, defendido la profesionalidad de los técnicos. La apertura de la mina de Aznalcóllar, sin actividad desde el gran desastre medioambiental causado por Boliden, supondrá la creación de 500 empleos y cuenta con el rechazo frontal de los ecologistas.