El PP suspendE la reunión prevista esta tarde

El escándalo de Aznalcóllar revienta las negociaciones para la investidura de Díaz

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado la suspensión cautelar de la adjudicación, que fue una de sus promesas estrella en la campaña electoral

Foto: Fotografía de archivo (26/04/1998) de una vista aérea de la rotura del muro de contención de la presa de decantación de minerales de las Minas de Aznalcóllar. (EFE)
Fotografía de archivo (26/04/1998) de una vista aérea de la rotura del muro de contención de la presa de decantación de minerales de las Minas de Aznalcóllar. (EFE)

El Partido Popular ha suspendido la reunión prevista esta tarde con el PSOE para negociar la investidura de Susana Díaz y exigen a la presidenta en funciones que dé explicaciones por las presuntas irregularidades que salpican la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Una juez de Sevilla ha señalado que el procedimiento que resolvió el concurso minero a favor del consorcio de Magtel y Grupo Mexico incurrió en hasta ocho irregularidades y pudo estar amañado para beneficiar a este consorcio con supuestas vinculaciones con la Junta.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado la suspensión cautelar de la adjudicación, que fue una de sus promesas estrella en la campaña electoral, hasta que no se aclaren los extremos bajo sospecha. Este escándalo salta en un momento de máxima debilidad de Díaz, cuando todo apunta a que cosechará un tercer fracaso en el Parlamento y no podrá formar gobierno hasta después de las municipales del 24 de mayo. 

En un comunicado, el Gobierno andaluz trata de defender la adjudicación bajo sospecha haciendo descansar la responsabilidad en el gabinete jurídico y la Intervención de la Junta, que formaron parte de la mesa que resolvió el contrato. Tal y como avanzó El Confidencial, la apertura de la mina de Aznalcóllar, que la Junta de Andalucía  ha adjudicado a la empresa Grupo México-Minorbis, llegó a los juzgados de la mano de la empresa perdedora, Emérita, que ha presentado una denuncia por los delitos de “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal”. Los denunciantes reclaman la paralización cautelar de la adjudicación, que se ha resuelto un mes antes de lo previsto y a las puertas de la campaña electoral, y la investigación de las ayudas recibidas por la empresa Magtel, en el tándem ganador, por parte del Ministerio de Industria, cuando estaba en manos del PSOE. 

La denuncia sostiene que la adjudicación había sido “absolutamente irregular y contraria a Derecho” y achaca a la Junta una “actitud arbitraria y patentemente prevaricadora”. La juez abre diligencias y asume varios de los planteamientos de los denunciantes. Emerita, integrada por el fondo de inversión canadiense Forbes Manhattan y por empresas españolas como Morera y Vallejo editora de El Correo de Andalucía-, AGQ y otros socios minoritarios no identificados, habla de “presiones” a los funcionarios, “ocultación y mala fe” y denuncia el acto de apertura de los sobres, que fue difundido en directo por internet, y que consideran que estuvo manipulado. 

Grupo México, la empresa que causó el mayor desastre ambiental en ese país, como adelantó El Confidencial el pasado 20 de febrero, se hizo con la gestión de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), situada en el entorno de Doñana. La Junta de Andalucía ignoró el largo historial de derrames tóxicos de esta multinacional mexicana. El más grave ocurrió el 6 de agosto de 2014 cuando derramó 40.000 metros cúbicos a dos ríos y la presa que surte de agua la capital de Sonora (México). 

La multinacional Boliden provocó en Aznalcóllar el 25 de abril de 1998 un vertido de cinco millones de metros cúbicos tras romperse una balsa en un tramo fluvial de 4.634 hectáreas y 62 kilómetros de longitud entre la mina y el límite con el Parque Nacional de Doñana. En el complejo minero, de 950 hectáreas de superficie, está previsto la creación de 1.500 empleos. 

La juez de instrucción que investiga el caso alerta de que la Consejería de Economía actuó "sin ningún rigor" y pide a la Udef de la Guardia Civil que interrogue a la directora general de Minas, según avanza hoy El Mundo. Magtel, dentro del consorcio que ganó el concurso, ha recibido constantes subvenciones de la Junta de Andalucía desde 2011 y estuvo vinculada a exaltos cargos del Gobierno andaluz. 

La resolución del concurso minero de Aznalcóllar fue denunciada por Izquierda Unida y se mantuvo paralizada mientras este partido, que sospechó del procedimiento, estuvo en el Gobierno de Susana Díaz. Roto el pacto y a las puertas de la campaña electoral, la socialista vendió este proyecto como una de sus grandes apuestas económicas. El supuesto amaño sería el primer escándalo no heredado y que se circunscribe al Gobierno de Díaz. De momento, las negociaciones para su investidura han saltado por los aires.

El escándalo de Aznalcóllar dificulta más la investidura de Susana Díaz

Ciudadanos admite que la adjudicación de la mina de Aznalcóllar "siempre ha estado en la mesa de negociación". El partido de Albert Rivera también exige "explicaciones política" al Gobierno en funciones de Susana Díaz. Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE, cree que la suspensión del diálogo por parte de PP-A, es "una excusa" y demuestra "su escasa disposición al diálogo".

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, criticó la "enorme sombra de duda en la gestión socialista en la Junta de Andalucía”. “Es el momento de pasar de palabras a los hechos", añadió Moreno, "Díaz tiene que explicar por qué no ha habido rigor en los procedimientos administrativos, una vez más estamos bajo la sospecha de irregularidades y se vuelve a hablar de amigos del partido socialista que salen beneficiados de concursos públicos”.

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