la mina podría abrir en septiembre

El BBVA dirá si la empresa de Aznalcóllar tiene 92 millones o es un consorcio fantasma

La Junta estudia impulsar la reapertura de la mina el nuevo curso político pese al embrollo judicial tras denegar la magistrada la suspensión cautelar de la adjudicación

Foto: Rotura del muro de contención en Aznalcóllar. (EFE)
Rotura del muro de contención en Aznalcóllar. (EFE)

La juez que investiga el supuesto amaño en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por parte de la Junta de Andalucía quiere despejar dudas sobre la solvencia económica y la legalidad de la fórmula de consorcio de Grupo México-Minorbis, ganador del concurso bajo sospecha. Para arrojar luz sobre el primer escándalo de corrupción bajo la presidencia de Susana Díaz, reclama al BBVA que informe de si actualmente continúan en una cuenta bancaria de esta entidad e inmovilizados los 92 millones de euros que se ingresaron por parte del tándem empresarial para hacerse con el negocio minero bajo la fórmula de una sociedad mercantil denominada entidad minera Los Frailes Sociedad Limitada.

El Gobierno andaluz ya advirtió tras desataparse el caso de la dificultad jurídica del concurso minero y es cierto que meses después de iniciarse la investigación todavía es complicado desentrañar un complejo laberinto jurídico y técnico. La magistrada indaga sobre un posible delito de simulación de negocio. Las declaraciones de los funcionarios en calidad de detenidos ante la Policía no contribuyeron a aclarar este extremo sino todo lo contrario. Según se recoge en el último auto de la juez Patricia Fernández, del 10 de agosto, los funcionarios declararon que la empresa que optó al concurso era Minorbis, filial cien por cien de la firma Magtel, a la que se investiga por un supuesto trato de favor de la Junta y contra la que los denunciantes, la empresa perdedora Emérita, disparan con mayor vehemencia, llegando incluso a denunciar un intento de chantaje de su presidente o el uso de puertas giratorias entre esta empresa y altos cargos del Gobierno andaluz. Tres empleados de la Junta involucrados en el concurso, entre ellos la exdirectora general de minas, María José Asensio, cesada semanas atrás por su imputación en el caso, deberán volver a comparecer en septiembre ante la juez para responder al respecto.

El presidente de BBVA, Francisco González. (EFE)
El presidente de BBVA, Francisco González. (EFE)

Del auto judicial se extrae que los funcionarios declararon que la empresa solicitante y que optó al concurso fue Minorbis y no Grupo México aunque ambas aparecen vinculadas como un único concursante durante toda la tramitación del expediente. Se trata, según declararon los funcionarios ante la Policía, de un “error material” o “error arrastrado”. En la documentación remitida por la Junta de Andalucía al juzgado se explica que se consideró como licitador “en sentido jurídico estricto” a Minorbis, la filial de Magtel, y que esta firma acreditó su solvencia para hacerse con el negocio a través de Grupo México, algo que aseguran está avalado por la ley de contratos del Estado. Ambos firmaron su participación societaria en una tercera empresa, Minera los Frailes, que fue la que dispuso fondos de 93 millones de euros.

Para disipar sospechas, la juez reclama al BBVA que acredite que en la cuenta bancaria facilitada por la empresa adjudicataria siguen “los 92 millones de euros” y que ya fueron confirmados por la entidad bancaria el pasado 7 de julio. Exige además a Minorbis-Grupo México que acredite documentalmente la liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados correspondiente a la ampliación de capital fechada el pasado mayo y la liquidación del IVA y un justificante bancario que demuestre la compra de participaciones de Minorbis en Minera los Frailes. En definitiva, se trata de demostrar que los concursante optaron de forma legal y no que la adjudicación estaba decidida para Magtel y que esta después buscó socio para hacerse con la mina, como apuntan los denunciantes que hablan de tráfico de influencias y prevaricación.

La mina podría tener luz verde para septiembre

En el auto del pasado 10 de agosto, la magistrada rechaza la petición de la empresa denunciante, Emérita, de decretar la suspensión cautelar del concurso. La juez no lo considera necesario tras haber parado la Junta la adjudicación una vez que saltó el escándalo el pasado mes de mayo. En la última reunión del Consejo de Gobierno antes de las vacaciones y tras decidir el cese de la exdirectora general de minas, María José Asensio, imputada en el caso, el Ejecutivo de Susana Díaz ya dejó claro que está a la espera de un informe de los servicios jurídicos de la Junta para decidir sobre el concurso. En caso de que los letrados den luz verde, el Gobierno impulsará la reapertura de la mina, que ocasionó en 1998 el desastre medioambientales más graves de España, en el inicio del curso político. Desde el Ejecutivo andaluz consideran que la decisión de la magistrada de no decretar la suspensión del concurso los avala para seguir adelante si tienen el visto bueno de su gabinete jurídico. En el mismo escrito judicial, la magistrada rechaza además la petición de los letrados de la Junta personarse en la causa.

Los vecinos de Aznalcóllar exigen la reapertura de la mina

La juez también tomará declaración como testigos el próximo 14 de septiembre a dos trabajadores técnicos de una agencia pública de la Junta para que informen sobre “la situación real” del yacimiento minero, la idoneidad del proyecto ganador y “si actualmente están accediendo al recinto personal de Minorbis-Grupo México o de alguna otra entidad relacionada”. La juez investiga las sospechas de la empresa denunciante de que en realidad la paralización de la adjudicación no se está cumpliendo realmente.

Andalucía

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