Magdalena Álvarez abre hoy el ‘desfile’ de dirigentes políticos ante la juez Alaya

La exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, está citada a las diez de la mañana de hoy martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, en calidad de imputada por su presunta responsabilidad en el colosal fraude de los ERE mientras fue consejera de Economía del Gobierno andaluz, desde 1994 a 2004. Aunque con anterioridad a Magdalena Álvarez ya había comparecido otro exconsejero andaluz, es con la exministra con la que la juez del caso de los ERE abre la última y definitiva etapa de la instrucción de este macroproceso, la “vertiente política” del fraude, como la propia juez lo ha calificado en algunos autos.

La declaración como imputada de Magdalena Álvarez obedece al auto dictado el pasado 2 de julio, en el que la juez Alaya citó a la exconsejera andaluza y a 19 altos cargos más de la Administración socialista de la época. Luego, tras el periodo vacacional, la magistrada dictó un segundo y definitivo auto de la ‘vertiente política’, en el que señalaba directamente a los aforados de esta causa, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La diferencia procesal entre esos dos autos es que, mientras que el primero cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, con el segundo no sucede así y está pendiente aún de que se resuelva el complejo problema judicial que se plantea con los aforados en otros tribunales.

En cualquier caso, sea cual sea la resolución de este conflicto procesal, cuando la juez Alaya citó a declarar como imputada a Magdalena Álvarez, la reacción de la defensa de la exministra, al igual que la de la Junta de Andalucía y del PSOE, fue la misma que con la citación de Chaves y Griñán. Se la acusa de imputar a esos dirigentes políticos sin base penal alguna y de dictar autos sin la obligatoria motivación de los delitos que se refieren. Así, el abogado defensor de Magdalena Álvarez presentó un agrio recurso en el que acusaba a la juez de “arbitraria” y pedía la nulidad de todo por la prescripción de los delitos. A su juicio, la imputación de Álvarez “resulta manifiestamente infundada" ya que “no existe una mínima base indiciaria para imputarla sin caer en la arbitrariedad”. La Fiscalía Anticorrupción, en este caso, respaldó a la juez, se opuso al recurso de la exministra y defendió que el auto estaba suficientemente motivado y cumplía perfectamente su función dentro del proceso penal.

En el fondo, sin embargo, el problema que se plantea es otro distinto a la disputa jurídica; es más una cuestión de valoración de responsabilidades en un fraude como el de los ERE. Se trata, en suma, de contestar a una sola pregunta: ¿tienen responsabilidad penal aquellas personas que crearon y financiaron el ‘fondo de reptiles’ aunque no se hayan beneficiado jamás de ese dinero, como sí ha ocurrido con otros protagonistas de la trama? La jueza entiende que sí, que la responsabilidad penal no se limita a aquellas personas que se han enriquecido de los fondos de los ERE, sino que se extiende a aquellas otras que han permitido el despilfarro.

En varias ocasiones ha deslizado este pensamiento en algunos de sus autos, pero fue hace unos días, con motivo de un auto dictado para una cuestión secundaria, cuando Mercedes Alaya lo expuso con más claridad. A su juicio, los que ya están procesados, como el famoso sindicalista Juan Lanzas o el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, ejecutaban “un sistema diseñado por sus superiores y responsables de mayor escala, un sistema que respondería a una decisión política y que se crea indiciariamente en vía presupuestaria". El escándalo de los ERE, por tanto, según la juez, obedece a “una decisión política” y si fue posible el fraude y el despilfarro de decenas de millones de euros es porque esos fondos disponían siempre del respaldo presupuestario que se le otorgaba desde el Gobierno andaluz.

Como consejera de Economía, Magdalena Álvarez era, por tanto y a juicio de la juez, plenamente responsable de lo que ocurría con los ERE, con independencia de que participara o no en el despilfarro, incluso de si tenía o no conocimiento de las atrocidades que se cometían con esos fondos porque su responsabilidad como alto cargo consistía, precisamente, en velar por el uso de fondos públicos con un respeto escrupuloso de la legalidad. Y eso es lo que no ocurrió.

A uno de los más directos y leales colaboradores de Magdalena Álvarez, su viceconsejero José Salgueiro, la juez lo ha imputado también en el proceso con el mismo argumento que puede utilizar hoy con la exministra: “Haber sido uno de los promotores del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones socio-laborales que se instauraría en la Junta desde2000hasta2011". Gracias a las permanentes “transferencias de financiación” que se aprobaban desde el Gobierno andaluz, se creó un sistema de ayudas opaco que permitía que el “uso ilícito de fondos públicos se realizaría presuntamente con absoluta discrecionalidad, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración, consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación, y los principios rectores de la actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad”.

Estas acusaciones no se las pudo trasladar la juez Alaya al exviceconsejero andaluz de Magdalena Álvarez porque su abogado se presentó en el juzgado con un informe médico en el que le aconsejaba que no declarase, que evitase las situaciones de estrés agudo, con lo que se acogió a su derecho constitucional de no declarar. No es para menos, desde luego: el carácter severo de la juez Alaya ha provocado ya en numerosas ocasiones situaciones de tensión máxima, cuando ha cortado de forma abrupta algunos interrogatorios con expresiones como “deje de hacer teatro, aunque está en su derecho” o “más le vale colaborar, yo se lo recomiendo, de una puñetera vez”.

A partir de ahí, sólo podemos imaginar qué ocurriría si Magdalena Álvarez, con un carácter no menos fuerte que el de Mercedes Alaya, decide utilizar las expresiones burlonas con las que despachaba muchos asuntos cuando era ministra, como en el desastre de Spanair, en el que admitió que “hay determinadas cuestiones que, aun conociéndolas, no las conozco”. O si le da por su faceta burlona, y se remeda a sí misma con su antológica escapatoria sobre el desastre de los transportes durante el temporal: “Si la borrasca cambió de forma impredecible, no la pueden predecir, y si no la predicen quienes la tienen que predecir, ¿cómo quieren ustedes que lo vayamos a predecir aquellos que estamos esperando la predicción?”. Mercedes Alaya versus Magdalena Álvarez. La cita es hoy martes, en los juzgados de Sevilla.