El Tribunal de Cuentas también acosa a Griñán: investigará la trama de los ERE falsos

Continúa el acoso a José Antonio Griñán. Tras una denuncia del PP, el Tribunal de Cuentas se ha animado también a investigar la trama de los ERE falsos en la Junta de Andalucía. "Se ha usado dinero de parados para pagar pensiones ilegales a cargos públicos del PSOE”, destaca el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.

La comunicación del Tribunal de Cuentas, difundida por los populares durante el transcurso de la intermunicipal celebrada este fin de semana en Sevilla, detalla que en el Gobierno andaluz se podría haber producido un “perjuicio” a los fondos de la Consejería de Empleo en los Gobiernos de la Junta presidido por Manuel Chaves.

El órgano tiene previsto adjudicar en la próxima semana un delegado instructor que investigue el caso de los falsas prejubilaciones en la Junta destapada por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero con el llamado fondo de reptiles de 700 millones de euros.

En el escrito del tribunal se describe con detalle cómo entre 2001 y 2009  se incorporaron partidas a los presupuestos de la Consejería para que fueran transferidas, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, con base en un convenio marco y, posteriormente, en una serie de convenios particulares, al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual IDEA.

"Por esta entidad se otorgaron estos fondos como ayudas a empresas en crisis, sin la concurrencia y publicidad adecuadas, dando lugar a que, en realidad, los fondos públicos fueron utilizados, fraudulentamente, para beneficiar a determinados alcaldes, altos cargos y personas concretas", argumenta el documento.

Hay más. La denuncia del PP también abunda en otras múltiples posibles irregularidades en su realización --en la elaboración y contenido de los estados contables de las distintas entidades, deficiencias en los procedimientos y en los órganos intervinientes, inexistencia de trámites reglados o deficiencias en la publicidad--, apoyando además toda esta argumentación en la amplia documentación adjuntada al escrito de acción público.

Al margen de esta investigación la magistrada Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ya había solicitado la intervención del Tribunal de Cuentas en este caso, como ya publicó El Confidencial el pasado 13 de mayo. Alaya exigía “toda la documentación que posean sobre ayudas excepcionales en materia de trabajo y seguridad social por la Consejería de Empleo para trabajadores o empresas en crisis”.