La juez exige la intervención del Tribunal de Cuentas para aclarar los EREs falsos

La juez Mercedes Alaya sigue sin fiarse de la Junta de Andalucía. Su investigación de la trama de las falsas prejubilaciones se está convirtiendo en una pesadilla para el Gobierno andaluz. Cada nuevo auto de la juez supone un nuevo varapalo para la Junta. En el último, Alaya exige la intervención del Tribunal de Cuentas para aclarar los EREs falsos.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla requiere a este tribunal “toda la documentación que posean sobre ayudas excepcionales en materia de trabajo y seguridad social por la Consejería de Empleo para trabajadores o empresas en crisis”. El PP presentó a principio de este mes un escrito de denuncia en el Tribunal de Cuentas por las irregularidades detectadas en los ERE de varias empresas de Andalucía.

Alaya también insta a la Policía Judicial a que elabore un listado de los “falsos” trabajadores hasta ahora confirmados que aún “continúen cobrando prestación y con cargo a qué compañías”. La Junta de Andalucía se niega a investigar los llamados “EREs muertos”, es decir, los que ya se han pagado.

La Consejería de Empleo se excusa en que ya ofreció cifras oficiales del número de EREs falsos: 5.982 trabajadores que son beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía. De ellos, 5.799 (el 96,94%) no presentaban ninguna irregularidad; 72 trabajadores (1,20%) resultan ser personas que nunca han trabajado en las empresas por las que están cobrando una póliza. Después están los trabajadores llamados “ajenos”, que ascienden a 111 (1,76%).

La juez también insta a la Junta de Andalucía a que aporte “los informes que hubiera realizado sobre los EREs que no están en vigor” y también ordena a la Policía Judicial  que aclare las ayudas sociolaborales a empresas. Destacan los pagos efectuados de 16,4 millones efectuados a Heineken España; tres millones a Corchos de Cazalla; 3,8 millones a Matadero Sierra Morena y 2,9 millones concedidos a Uvesa.

El ex consejero conocía los “reparos” de la Intervención General

En el auto conocido por los partes el pasado martes, también se aclaraba que Alaya investigaría el patrimonio de Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre 2004 y 2010. La juez dejó claro que Fernández fue el cerebro de la trama de las prejubilaciones falsas en Andalucía. “Era el indiciario conocedor de las pólizas particulares para personas próximas” que permitieron la inclusión de “las pólizas de los EREs de personas que nunca habían trabajo en las empresas”.

La juez también resaltó que el ex consejero conocía los “importantes reparos” que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizó al procedimiento utilizado para materializar las ayudas mediante las transferencias de financiación de explotación que originaron un déficit presupuestario para la Junta de 39,2 millones de euros.