El ex consejero de Empleo de Chaves fue el cerebro de la trama de los EREs falsos

Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de Manuel Chaves y José Antonio Griñán entre 2004 y 2010, fue el cerebro de la trama de las prejubilaciones falsas en Andalucía. La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dictó este martes un auto en el que acusa a Fernández de “indiciario conocedor” de las pólizas particulares para personas próximas o la inclusión que el ex consejero “hacía en las pólizas de los EREs de personas que nunca habían trabajo en las empresas”.

El Confidencial contactó con Fernández para que opinara sobre el auto de Alaya, que también ordena investigar su patrimonio personal y el de su familia. “Estoy magnífico, encantado. Estoy feliz, que la juez haga lo que quiera hacer. No tengo ningún problema”, indicó el ex titular de Empleo de la Junta de Andalucía en declaraciones a este diario.

La juez deja claro que el ex consejero conocía los “importantes reparos” que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizó al procedimiento utilizado para materializar las ayudas mediante las transferencias de financiación de explotación que originaron un déficit presupuestario para la Junta de 39,2 millones de euros. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se echó las culpas de no divulgar los informes negativos de Intervención General.

Alaya imputa al ex consejero de Empleo su inclusión en el ERE de 2008 de la bodeguera González Byass, tras dejar de trabajar en la empresa jerezana el 10 de octubre de 1981, “debiendo aportarse su vida laboral”, según consta en el auto al que ha tenido acceso El Confidencial. Fernández atribuyó a un “error humano” la coincidencia de su fecha de nacimiento (15 de julio de 1956) con su ingreso como empleado en González Byass.

Los pagos de Guerrero

El auto también se muestra contundente contra Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía desde del 26 de septiembre de 1999 hasta el 2 abril de 2008, por haber autorizado el pago por parte de la Junta de Andalucía de las primas de las pólizas derivadas de los ERES de empresas a crisis.  

Guerrero, quien destapó el fondo de reptiles de 700 millones ante la Policía Judicial de Sevilla, es figura clave en la trama. Según Alaya, supo que en las prejubilaciones aparecían “personas que nunca habían trabajado” y que autorizó el pago “prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento administrativo”.

El sindicalista Juan Lanzas tampoco se libra del auto de la juez. Le imputa haber participado como "mediador o conseguidor" en diferentes ERE, en los que llegó a incluir a su esposa y hermana pese a que nunca trabajaron en las empresas. Lanzas participó en la tramitación de prejubilaciones falsas en Mercasevilla, Hitemasa o Río Grande. Además, se benefició de una póliza de renta colectiva del ERE de Hitemasa “a pesar de no haber trabajado nunca en la misma”. También por su “intento” de inclusión de él mismo en la póliza que garantizaba el ERE de 2007 de Mercasevilla.

La juez no se limitó a la investigación patrimonial de los imputados. También exige a la Policía que indague en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a 24 empresas, entre ellas los 16 millones de euros otorgados a Heineken España, tres millones a Corchos de Cazalla, otros tres millones al Matadero de Sierra Morena y otros tantos a TAMC.

Además, Mercedes Alaya investigará las cantidades de más de un millón de euros concedidos a TGA Aeroestructuras, SCAFA, SK 300 Aeronáutica, Grupo TPM, MSM Montanera de Jabugo, Promi Muebles o Tierra Virgen Alimentación.