El líder de la Mocro Maffia quedó libre pese a que el fiscal advirtió del riesgo de fuga y su "alta capacidad económica"

La Fiscalía presentó un contundente informe en contra de la puesta en libertad provisional del líder de la Mocro Maffia Karim Bouyakhrichan, actualmente en paradero desconocido. El documento al que ha tenido acceso El Confidencial alertaba de que este peligroso delincuente “carece de arraigo personal” en España y del elevado riesgo de que se fugase a Marruecos, su país de origen. El fiscal advertía de que cuenta con una “alta capacidad económica” que le facilitaba su escapada, así como su posibilidad de destruir pruebas. A pesar de ello, la Audiencia Provincial de Málaga le dejó libre. Ese fue el primero de un cúmulo de decisiones judiciales que han permitido su fuga y la consiguiente indignación de los policías que le arrestaron el pasado enero.

La Mocro Maffia son clanes dedicados al crimen organizado que tienen en jaque a las autoridades de varios países de Europa, principalmente Países Bajos, donde llegaron a amenazar de muerte al primer ministro y a la heredera al trono, quien se refugió en España. Recibe ese nombre porque la mayoría de sus líderes proceden de Marruecos, como Karim Bouyakhrichan. Este individuo fue detenido a principios de año en Marbella. Lo que fue una operación de prestigio para España presentada ante los medios de comunicación en Madrid ha terminado siendo un borrón internacional porque ahora nadie sabe dónde está este delincuente.

“Bouyakhrichan carece de arraigo personal, familiar y laboral suficiente en nuestro país, siendo de nacionalidad marroquí, con lo que una eventual fuga del mismo a su país de origen entorpecería de forma muy grave la investigación judicial, teniendo en cuenta su alta capacidad económica y los recursos de los que puede hacerse valer”, dejó por escrito el 1 de febrero la Fiscalía de Marbella. Además, la Fiscalía recordaba que Países Bajos había solicitado su entrega y para garantizarlo había que mantenerlo preso. Se oponía así el ministerio público al recurso de apelación que había presentado el abogado del mafioso ante la Audiencia Provincial de Málaga. Su letrado solicitaba revocar el ingreso en prisión que había dictado el 10 de enero el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella.

El abogado del preso alegó “ausencia de indicios racionales de criminalidad” y un “agravio comparativo” con otros investigados en la causa que estaban en libertad. La sorpresa para la Fiscalía y los agentes policiales que investigaron y detuvieron al individuo llegó el 22 de febrero, cuando un auto firmado por tres jueces de la Sección Primera de Audiencia Provincial de Málaga sacaron de prisión a Bouyakhrichan. Según el auto al que ha tenido este periódico, le dejaron en libertad provisional con unas medidas cautelares mínimas.

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La sorpresa de los investigadores –la Policía llegó a hacer seguimientos a Bouyakhrichan– fue todavía mayor al leer el auto de los jueces ya que ellos mismos admitían que el delincuente se les podía escapar si quedaba libre: “Sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España, en donde ha venido viviendo en una casa propiedad de su esposa Melanie. Pero, su esposa manifestó que ella vive en Dubái, y que solo viene a Marbella de vez en cuando”.

A pesar de ello, la Audiencia Provincial consideró que la prisión provisional se debe adoptar solo cuando sea estrictamente necesaria y por ello optaron por una situación menos drástica: la impusieron una fianza de 50.000 euros, la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de comparecer cada 15 días en un juzgado.

Solo habían pasado unas semanas desde que el delincuente fue detenido una operación de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga los delitos económicos. El sospechoso estuvo cumpliendo las medidas impuestas por la Audiencia Provincial, al menos hasta el 1 de abril. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ese fue el último día que acudió a firmar. A partir de ese momento se le perdió la pista.

El papel de la Audiencia Nacional

En paralelo a la causa que se sigue contra él en Málaga, la Audiencia Nacional recibió tras el arresto de enero una orden de detención y entrega por parte de las autoridades de Países Bajos, donde tiene su fuerza la Mocro Maffia. Recayó sobre el juzgado que dirige Ismael Moreno. El magistrado, en consonancia con la Fiscalía, ordenó su ingreso en prisión, una medida que de facto ya se había producido. Al encontrarse preso, el juez Moreno rechazó la entrega reclamada por los Países Bajos a la espera de la conclusión de la investigación en Marbella. Esto hizo que se acordara su libertad por parte de la Audiencia Nacional porque estaba preso por la causa de Marbella, según las fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

El problema es que Bouyakhrichan después quedó en libertad y Países Bajos volvió a pedir su entrega. Aquí entró en juego de nuevo el abogado del preso, quien recurrió en contra de la extradición alegando que los delitos por los que se le reclamaba en su país eran los mismos que se investigaban en el juzgado de Marbella. La Audiencia Nacional comprobó este extremo y acreditó que en España se le investigaba por blanqueo de capitales, mientras que en Países Bajos se le reclama por narcotráfico.

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En este punto, el juez Moreno, aunque ya sabía que el preso había quedado libre, no decretó su detención, tal y como había pedido la Fiscalía Antidroga. Comprobó incluso que estaba cumpliendo con la medida cautelar de ir a firmar en Málaga. En lugar de eso, el juez Moreno le citó en Madrid en compañía de su abogado, pero el mafioso no se presentó. Según las fuentes consultadas, presentó un documento de su fisioterapeuta para excusar su ausencia. La siguiente noticia que comunicó su letrado tiempo después es que desconocía su paradero. No ha sido hasta esta semana cuando Moreno ha dictado su orden de busca y captura, pero ya era tarde.

Indignación en la Policía

"No estamos hablando de un blanqueo de mierda. Es una de las organizaciones criminales más importantes del continente", comentaba con cierta perplejidad un experto en delincuencia económica tras conocer la fuga de Bouyakhrichan. "Se le incautaron muchos bienes", añadía para dimensionar la importancia del sujeto al que se considera clave en la maquinaria de lavado de dinero ilícito de la Mocro Maffia.

El agente tilda de "ridícula" la cuantía que tuvo que abonar para salir de prisión y únicamente en la "dejadez" encuentra explicación a una decisión que "ha tirado a la basura muchas horas de trabajo". “Ha estado tan solo tres meses en prisión”, lamenta.

En este contexto pone como ejemplo el millón de euros que se impuso al exfutbolista Dani Alves tras su investigación por agresión sexual frente al importe exigido a un tipo que "se encontraba en la cúspide" de una red que está poniendo en jaque la seguridad en varios países centroeuropeos y que controla los principales puertos de entrada de la cocaína procedente de Sudamérica.

"Nos estamos encontrando con que detenemos a tipos cuyas reclamaciones no se han tramitado"

La hipótesis expresada por varias fuentes es que este supuesto miembro de la Mocro Maffia, "un tío con recursos", "tenía la ‘papela’ —documentación falsificada— preparada para escapar en cuanto tuviese opción". "En el momento que le abrieron la puerta de la prisión, vio cielo abierto". "Estamos hablando de un fantasma. Alguien que sabíamos que tenía a su gente operando desde la Costa del Sol, pero que no se dejaba ver", explicaron a El Confidencial, antes de precisar que ocupaba un puesto "en el que se muere muy rápido" y en cualquier momento eres reemplazable para la organización.

La operación de la Policía Nacional en la que fue detenido el pasado mes de enero, y en la que fueron arrestadas otras cinco personas, se bloquearon 172 propiedades valoradas en unos 50 millones, así como tres millones de cuentas bancarias. Los investigadores consideraban que Karim Bouyakhrichan estaba relacionado con el blanqueo de seis millones de euros procedentes del narcotráfico.

Este tipo de incidentes reflejan, según las fuentes consultadas, la necesidad de ‘engrasar’ unos protocolos policiales y judiciales cuyas fisuras son más evidentes en el caso de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). "Nos estamos encontrando con que detenemos a tipos cuyas reclamaciones no se han tramitado y que se inician cuando les preguntamos en sus países de origen si tienen algo pendiente allí", apunta un mando policial.

El problema, señala, es que una vez que se ha llevado a cabo el arresto "los plazos comienzan a correr". Y si la petición de extradición no se ha formulado a tiempo, lo lógico es que la autoridad judicial no resuelva sobre esta cuestión. "Si para nosotros las OEDE son una bendición, porque nos quitamos de en medio a una delincuencia que no es nuestra, y que nos se comen mis policías", pero la gestión que hacen de ellas algunos Estados limita notablemente su efectividad, señala.