Operación de la UDEF en Madrid contra altos cargos de Hugo Chávez por corrupción

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desplegado este miércoles en Madrid una operación contra exaltos cargos del Ejecutivo venezolano de Hugo Chávez. En el marco del dispositivo los agentes están registrando varios inmuebles en la capital, al menos uno de ellos propiedad de dos personas vinculadas al gobierno chavista y a los que se acusa de una presunta implicación en una trama corrupta. Ambos acusados han sido detenidos, confirman a El Confidencial fuentes del caso.

Uno de ellos es Claudia Patricia Díaz, la antigua enfermera personal de Chávez que llegó a ser nombrada por éste directora de la Oficina Nacional del Tesoro y la Secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden) entre 2011 y 2013. El segundo investigado es su marido, Adrián Velásquez, un militar retirado que se hizo cargo de la seguridad del Palacio de Miraflores durante ese mismo periodo y que llegó a ser escolta personal de uno de los hijos del mandatario.

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La operación, que coordina el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, está abierta y podría afectar a otros exdirigentes del régimen bolivariano y a empresarios afines que habrían escogido España para ocultar fondos de origen supuestamente irregular. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, las pesquisas se centrarían en una presunta trama de blanqueo de capitales que habría obtenido grandes sumas de dinero mediante la venta irregular de bonos de Venezuela y también con operaciones prohibidas de cambio de divisas en las que se aprovechaba la diferencia entre el precio real del dólar y el que fijaba oficialmente el régimen para esa moneda.

Las diligencias de este miércoles habrían sido solicitadas por las autoridades venezolanas. Díaz y Velásquez ya aparecieron en las investigación periodística de los Papeles de Panamá. Los correos electrónicos del despacho Mossack Fonseca revelaron que ambos se pusieron en contacto con el bufete para crear empresas offshore en las que pretendían alojar su patrimonio. El 18 de abril de 2013, el despacho panameño constituyó a petición de Velásquez la sociedad Bleckner Associates Limited SA en las Islas Seychelles.

La documentación de los Panamá Papers también desveló que Velásquez estaría relacionado con la sociedad Arctic Venture Partners International SA y con la firma de Suiza V3 Capital Partners LLC. Esta última actuó como representantes y agente registrador para el investigado. La investigación en Venezuela de este asunto se abrió hace ya varios meses pero ha sido ahora cuando las autoridades de este país han reclamado a la Audiencia Nacional una reactivación de las pesquisas.

El abogado de Díaz y Velásquez, Manuel S. Varela, critica la petición de las autoridades venezolanas. "Esta petición viene de un régimen criminal condenado por la comunidad internacional por violación de derechos humanos y por falta de respeto a conceptos básicos de debido proceso. Nuestros clientes, como muchos antes de ellos, llevan años perseguidos por el régimen venezolano que busca chivos expiatorios para distraer a la gente de la miseria que esta viviendo el pueblo venezolano", denuncia en unas declaraciones a las que ha tenido acceso este diario. "Nuestros clientes han visto sus familiares detenidos sin cargos, y sin la capacidad de consultar abogados o acceder a un debido proceso legal. Ahora este régimen ilegal continúa ignorando normas de debido proceso y justicia y lamentablemente ha conseguido utilizar instituciones del estado español para realizar su esquema criminal. Esperamos que un juez reconozca este abuso de normativas internacionales y que haga justicia conforme a un estado de derecho".