Koldo García sigue los pasos de Aldama y pide a la Audiencia que le devuelva sus vehículos

Koldo García y su mujer, Patricia Uriz, han pedido a la Audiencia Nacional que les devuelva dos vehículos que han sido embargados por el presunto cobro de comisiones ilegales a través de la venta de material sanitario a administraciones públicas durante la pandemia. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos no cuestiona "la prohibición de vender, gravar o enajenar" los mismos, pero solicita que se "autorice la devolución y utilización" en su día a día.

Koldo García sigue así los pasos del también investigado Víctor de Aldama, que el 21 de marzo presentó un recurso en el que cargaba contra el magistrado Ismael Moreno por acordar "un embargo indiscriminado" de todos sus bienes "con indiferencia sobre la fecha de su adquisición". La defensa de Koldo García remitió a la Audiencia Nacional su escrito este martes y solicita que la Sala de lo Penal revise las tres resoluciones en las que el juez ha acordado embargarles un turismo y una motocicleta.

Junto a estos vehículos, el juez ha ordenado embargar también propiedades de su entorno, como un chalé, un piso y una plaza de garaje que estaban a nombre de su hermano Joseba, quien también consta como investigado. La Guardia Civil sostiene que Koldo García y su mujer pasaron a ser titulares de bienes inmuebles cuyo valor ascendería a 1,5 millones tras la adjudicación de los contratos irregulares, a lo que habría que sumar el ingreso de cientos de miles de euros en sus cuentas.

En el caso de Aldama, los investigadores sostienen que su comisión ascendió a 5,5 millones de euros. Su defensa apunta en el recurso del 21 de marzo a que el juzgado ya ha acordado medidas cautelares contra cuentas bancarias y bienes que "en su conjunto tienen un valor estimado cercano a los ocho millones de euros". El listado incluye dos viviendas en la Comunidad de Madrid, una nave industrial, seis vehículos de alta gama, cuentas bancarias, joyas y relojes.

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Al recurrir ahora estos embargos, tanto Aldama como Koldo García piden a la Sala de lo Penal que revise las resoluciones del juez, pero cada uno esgrime argumentos distintos. "Asumimos los argumentos que expone el Ministerio Fiscal (...) que han sido posteriormente acogidos en el auto que ahora se recurre, pero no podemos compartir la extrema dureza que supone para nuestros representados privarles de todo medio de transporte para su quehacer diario y poder continuar con sus labores profesionales, y, sobre todo, para permitir que la hija de mis patrocinados pueda seguir acudiendo al colegio", sostiene el exasesor de Ábalos en el suyo.

De hecho, su defensa pide que se les permita el uso de la motocicleta Suzuki y del turismo marca Kia, pero no entra a discutir el embargo de otro marca Peugeot. Aldama, por el contrario, considera que sus embargos constituyen "un exceso que debe ser reparado inmediatamente" y, entre otros bienes, apunta a los siguientes vehículos: un Range Rover (268.000 euros), un Audi A8 (150.000), un Ferrari F12 (350.000), un Portofino (200.000), un Golf R32 (45.000) y un Porsche Macan (120.000).

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Para recurrir el embargo de estos vehículos, la defensa del comisionista apunta a una "grave confusión" por parte del juzgado: "Hay responsabilidad civil derivada de un delito contra la Hacienda Pública, no imputado en la práctica totalidad de resoluciones que adoptan medidas cautelares reales, o hay comiso de los efectos del delito fuente de la ganancia, que entonces no puede ser sometida a tributación". Su abogado denuncia que "las dos cosas no pueden producirse a la vez con relación a la misma ganancia".

Como adelantó El Confidencial, Aldama contrató este mismo mes los servicios de José Antonio Choclán, un abogado que en la última década ha defendido a otros investigados en grandes casos de corrupción que terminaron por colaborar con la Fiscalía a cambio de reducir sus condenas. A Koldo García lo representa por su parte Javier Pimentel Biel, del despacho Medina Cuadros. Ambos se enfrentan a un procedimiento en el que también constan como investigadas sus respectivas parejas y, en el caso del exasesor de Ábalos, dos de sus hermanos.