La paradoja de la corrupción en España: hay poca, pero hace mucho ruido

Hace diez o quince años, un conocido le comentó a Víctor Lapuente que se iba de vacaciones al sur de España. "Me preguntó que si lo paraba la Guardia Civil sería necesario que pusiera un billete de 50 euros dentro del pasaporte", recuerda, con sentido del humor, este español que lleva años en Suecia como catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Göteborg. "Le dije que me parecía más lógico hacerlo con un policía noruego que con un guardia civil", asegura Lapuente, uno de los mayores expertos en los estudios sobre la corrupción y sus efectos en la vida política de un país. Tiene claro que España tiene un problema con esta cuestión, pero admite que se da una paradoja: la percepción sobre su existencia es mucho mayor de la que hay.

"Es poco extensiva, pero muy intensa en ciertos momentos", reconoce Lapuente. Y ese fenómeno se deja notar cuando hay un estallido como el que provocó el caso Koldo, la investigación en la que resultó detenido un exasesor de José Luis Ábalos por pertenecer presuntamente a una trama que se enriqueció con el cobro de comisiones por la venta de mascarillas a distintas administraciones públicas. "En otros países los casos de corrupción afectan a un político, a un empresario; aquí son redes más grandes, hay mucha gente involucrada y nadie ha dicho nada", describe este catedrático para explicar a qué responde esa sensación de que la corrupción es muy intensa en España en comparación con otros países de su entorno.

La percepción, asegura, es muy importante porque "tiene efectos reales". Por ejemplo, es determinante en la valoración que los mercados hacen de la solvencia de un país. "En España hay un desajuste entre realidad y percepción porque hay pocos casos, pero son muy visibles", incide Lapuente, que cuenta que "cuanto más alto está la corrupción, más afecta a su percepción", zanja.

Dado el actual momento político en España, es lógico que la preocupación por la corrupción haya escalado nada menos que 13 puestos en el barómetro del CIS entre el sondeo de febrero y el de marzo. En la edición publicada el pasado miércoles, "la corrupción y el fraude" figuraba en el sexto escalón de las preocupaciones de los españoles, por detrás de los problemas de índole económica, el paro, el mal comportamiento de los políticos, el Gobierno y los partidos y los problemas relacionados con la calidad del empleo. El 12,4% de los encuestados aludieron a la corrupción y al fraude en un sondeo elaborado a partir de 3.931 entrevistas, realizadas entre el 1 y el 5 de marzo, apenas unos días después de la detención de Koldo García Izaguirre.

Entonces comenzó un goteo de informaciones que alumbraron el modo de funcionamiento de la trama, con conversaciones entre el exasesor de Ábalos y ramificaciones en varios ministerios y los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. "Hay una cultura de impunidad que en algunos momentos es terrible", ilustra Lapuente, que cree que la alarma que provoca este caso va a ir a más según se amplíe el foco a la compra de material sanitario durante los primeros momentos de la pandemia. La preocupación por la corrupción en el CIS se ha duplicado en sólo un mes después del estallido del caso, ya que en el sondeo de febrero era un problema para el 4,9% de los encuestados y ocupaba el 18 en la lista. Para retrotraerse a un momento similar hay que ir a septiembre de 2020, cuando se produjo un pico que rompió con la reducción constante que comenzó en noviembre de 2014, de cuando la corrupción era un problema para el 63,8% de la población.

"El problema son los indicadores a más largo plazo", desvela Víctor Lapuente, que alude al Índice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año Transparencia Internacional. En su edición de este año, lanzada a finales de enero, España está en el puesto 36 tras caer una posición respecto a 2023, a pesar de que la puntuación lograda por el país no ha cambiado. En la clasificación, España está un escalón por encima de Botsuana, dos por encima de Catar y dos por debajo de Lituania y Portugal. "Estamos bastante lejos de los países más avanzados, los expertos consideran que no se hacen muchas cosas para solucionar este problema", abunda el catedrático de la Universidad de Gotemburgo, que elabora un examen similar, Índice de Calidad de Gobierno.

¿Cómo es posible esto si la corrupción está lejos de sus peores momentos, con el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía y la Gürtel como los dos grandes casos vinculados a los partidos sistémicos? Víctor Lapuente alude al sistema de partidos y a la lentitud en aplicar medidas que puedan a homologar a España con el resto de países de su entorno. El Gobierno aplicó hace un año la transposición de la directiva europea sobre protección de los denunciantes, pero todavía no han echado a andar los mecanismos como la autoridad independiente que debe garantizar que los ciudadanos y trabajadores públicos pueden denunciar posibles corruptelas sin temor a ser represaliados.

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"Si existiera una autoridad independiente, no te callas, aunque perjudiques a quien te ha nombrado", ilustra Lapuente. Y aquí introduce la necesidad de que la Administración española tenga "controles de carne y hueso". Con ese símil, el investigador de la Universidad de Göteborg alude a la presencia de altos funcionarios que tomen decisiones "con intereses distintos al de los políticos", como ocurre en los países nórdicos o en Países Bajos. "En Dinamarca el ministro tiene a dos o tres asesores y el resto son funcionarios independientes", mientras que en España los partidos políticos "colonizan" las altas instancias del Estado, lo deja en manos de los políticos y sus asesores la toma de decisiones mientras que la Administración está llena de funcionarios "de mucha valía y muy poco corruptos".

La solución, para este experto, es un gran acuerdo entre PSOE y PP para "despolitizar" la cúpula de las administraciones, igual que se quiere hacer con el Consejo de Administración de RTVE o con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo es una quimera, porque todos los partidos "saldrían perdiendo", es decir, tendrían que renunciar a la cuota de nombramientos que realizan en cuanto se produce un cambio de color en una institución. "La corrupción no se cura, se previene", defiende Lapuente, que cree que los pronunciamientos de los líderes para actuar después de los casos de corrupción no sirven para aplacar esta percepción. "El problema es que prevenir no es sexy, porque limitaría el poder de los partidos políticos", sentencia.