Díaz tampoco apoya la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "No va en la dirección correcta"

Ni el propio socio de Gobierno de Pedro Sánchez, está de acuerdo con la posibilidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar que se eternicen las investigaciones judiciales. Una idea lanzada el lunes por el jefe del Ejecutivo para aproximar posiciones con Junts en la crisis de la amnistía.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, confirmó esta mañana en los pasillos del Congreso, que ni siquiera ha sido informada y que no ha hablado con Sánchez de este tema. "Sumar desconoce la propuesta exacta" que, afirmó, "se está negociando" y el "estado actual del diálogo". Pero defendió que "no va en la dirección correcta", tanto por el escaso entusiasmo que ha provocado en los grupos parlamentarios de la mayoría, como por "la afectación general que puede tener", en referencia a su impacto en otros sumarios en curso.

Díaz explicó que "los justiciables deben tener derecho a un proceso con garantías" aunque, destacó, "hay procesos muy complejos" que requieren de una investigación profunda y unos ritmos específicos. Aunque demandó "prudencia", por el hecho de no saber qué pretende hacer el PSOE, reiteró que no lo ve viable. Podemos se ha pronunciado ya en el mismo sentido y no comparte una reducción de los tiempos de instrucción. Y ERC censura que haya que "entretenerse" ahora con este cambio para persuadir a Carles Puigdemont de que vote a favor de la amnistía, después de tumbar la ley la semana pasada y forzar su devolución a la comisión de Justicia.

Tras ese controvertido movimiento, Junts ha entrado ahora en una "fase discreta" y ha evitado un pronunciamiento público sobre esta reforma. Aunque, fuentes cercanas a las conversaciones con el PSOE, señalan que este asunto ya se ha planteado y lo han desdeñado. Hasta en Moncloa reconocen que no están seguros de que una modificación de la LECrim para tranquilizar a Puigdemont y poner coto temporal a las investigaciones abiertas contra él vaya a "contentar" al expresident, que tiene un control prácticamente absoluto de lo que vota su partido.

El cambio en la LECrim lanzado por el presidente supone para los socialistas un ejercicio de incoherencia. Cuando en 2015 el PP reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner coto a las macrocausas y estableció que los jueces tendrían seis meses para llevar a cabo todo el proceso de investigación y 18, prorrogables, en los asuntos de especial complejidad, el PSOE se opuso. Y en 2020, con ellos ya en la Moncloa, en coalición con Unidas Podemos, variaron la ley para elevar el tiempo de seis a 12 meses, pero con la posibilidad de acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses. Esta decisión, el poder ilimitado otorgado así a los magistrados, es justo lo que ahora está en discusión, pero sin en el refrendo de Sumar y de los cuatro diputados de Podemos.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo tampoco acompañó este miércoles al PSOE en sus reflexiones sobre la Fiscalía, después de que ayer los fiscales del Tribunal Supremo avalaran los indicios de terrorismo contra Puigdemont sostenidos por el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Yolanda Díaz no quiso hablar de este tema: "No opino sobre instituciones jurídicas". A pesar de que desde la parte socialista del Ejecutivo se ha apuntado que la postura final depende del fiscal general del Estado, Álvaro García Nieto.