Puigdemont atenaza al PSOE: bases saturadas y temor ante la parálisis de Moncloa

Cuando los siete diputados de Junts per Catalunya congelaron la ley de amnistía, en el hemiciclo del Congreso hubo una desbandada de diputados socialistas, aunque algunos dejaron constancia en sus redes de la desazón. "Arreglar todo lo que estropeó el PP no es fácil, pero en ello estamos", publicó Arnau Ramírez. Y no fue el único que envió mensajes similares, acompañados por fotografías con caras largas. Como cuando uno tropieza y le cuesta echar a andar porque se levanta desorientado, el PSOE oscila entre una cierta parálisis por el golpe y un sentimiento de desazón por el enésimo puntapié de los neoconvergentes. Una constante desde el inicio de la legislatura.

"Está todo muy calmado, realmente a todo el mundo le da igual", explica un cargo medio cuestionado por la habitual efervescencia que define a los grupos de WhatsApp por los que se articula la militancia. La indignación después del volantazo de los de Carles Puigdemont se dejó sentir, sobre todo, en el Gobierno. Al día siguiente, hasta cinco ministros dieron cuenta de ello en una ronda de entrevistas en medios nacionales y catalanes: Félix Bolaños, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, Óscar Puente y Pilar Alegría. Salvador Illa, el líder del PSC, también dejó ver el enfado en Onda Cero, con Carlos Alsina, donde aseguró que los neoconvergentes "le han fallado a la sociedad catalana".

Según se baja en el escalafón socialista, ese enfado cambia por una suerte de indiferencia mezclada, en algunos casos, con esa sensación de agravio por un partido que mira demasiado a lo que ocurre más allá del Ebro. El parón de la amnistía hace peligrar el resto de la agenda legislativa del Gobierno y la joya de la corona son los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, está ya enfrascada en la elaboración del proyecto y las negociaciones con Sumar ya avanzan a pleno rendimiento. Ella misma se ha encargado de dejar claro que su intención es llevar cuanto antes los PGE al Congreso, pero el bloqueo de la polémica ley lo deja todo en suspenso.

Los PGE están prorrogados y, en teoría, el Gobierno puede seguir funcionando durante todo el año así. Pero en los territorios que no son Cataluña advierten de que la ausencia de unas cuentas actualizadas provocarán retrasos en determinadas inversiones que debían recibir un impulso. La propia Nadia Calviño, ya como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha avisado de que los presupuestos son necesarios para la llegada de los fondos europeos ligados al sistema de préstamos de la adenda del mecanismo de recuperación y resiliencia.

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El Gobierno viene presumiendo de las medidas que ya ha puesto en marcha, con la ley de paridad y varios decretos leyes con medidas relevantes. Pero es cierto que en Moncloa son conscientes que la producción legislativa de este mandato no podrá ser tan profusa como en los años anteriores. Hay quien ha afirmado ya que esta legislatura servirá para consolidar las normas aprobadas en la anterior. Y esto responde a la estrategia del Ejecutivo de coalición, pero también a un ejercicio de realismo. La aritmética endiablada que salió de las elecciones del 23-J obliga a Sánchez a atar cada norma con todos sus socios, ya que todos los votos son necesarios. Y además, debe cuidarse de que sus aliados no se sientan agraviados por el exceso de foco hacia los independentistas catalanes. Ya en el debate de la amnistía, la portavoz de Coalición Canaria recordó que hay problemas más allá de la amnistía y que el Gobierno no puede dejarlos atrás por preocuparse solo del problema catalán.

"Yo cedería entre cero y nada", expresaba un barón socialista horas después de la votación, aunque en los territorios admiten que ya sabían que no iba a ser fácil. La reacción en las federaciones del PSOE es muy distinta a otras fases de la relación entre el partido del puño y la rosa y los de Carles Puigdemont. Hubo una reacción más negativa, por ejemplo, cuando se hicieron públicos los acuerdos de investidura con ERC y Junts. Entonces los dirigentes territoriales levantaron la voz para dejar claro que cualquier prebenda hacia Cataluña debería tener un reflejo en el resto de territorios. La quita de la deuda que incluyeron los republicanos en su pacto para hacer presidente a Pedro Sánchez, es uno de los mejores ejemplos de ese tipo de reclamaciones.

Es el propio presidente del Gobierno quien, cada vez que tiene ocasión, constata que su apuesta en Cataluña ha sido uno de los principales ejes de sus mandatos desde la moción de censura, en las postrimerías de la primavera de 2018. La "mejora de la convivencia" es el leitmotiv que utiliza el líder socialista, pero en las salas de máquinas de Ferraz y Moncloa tienen en el horizonte las elecciones catalanas que se esperan para dentro de un año. "Se retrasan los PGE, pero ahí están las elecciones en Cataluña", ironiza un exdirigente andaluz, que tiene dudas sobre esa apuesta estratégica de Sánchez que busca convertir al PSC en la formación hegemónica en su comunidad como una fórmula para culminar lo que llaman la "normalización" en la comunidad.

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Ni siquiera Emiliano García-Page ha levantado excesivamente la voz después del fracaso de la amnistía. Más allá de señalar el "ridículo" que supuso la extraña votación, con los diputados socialistas votando a favor de la amnistía y los siete de Junts votando en contra junto con PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro. A pesar de ese silencio provocado por la saturación, hay territorios donde existe una cierta sensación de olvido por ese exceso de foco en Cataluña. El viejo bastión andaluz del PSOE pasa por momentos complejos. Su líder, Juan Espadas, no da con la tecla de la oposición ante un Juanma Moreno cada vez más consolidado. A esa llaga hay que sumar otras heridas provocadas por la debacle del 28-M. En Valencia y Extremadura están comenzando un proceso de renovación orgánica con el reto de que su presencia en la oposición no se cronifique.