Sánchez mide el alcance de la legislatura en una votación de infarto por la tensión con Junts y Podemos

Pedro Sánchez pone a prueba este miércoles si realmente cuenta con una mayoría sólida para afrontar la legislatura o no tiene forma de aguantar. Ni el presidente del Gobierno ni su equipo se engañaban sobre las dificultades de sacar adelante su agenda política por la obligación de contar siempre con el voto de Junts. Aunque, tras su giro de guion con la amnistía, que los independentistas exigieron para votar la investidura, se confiaba en que podrían centrarse en la acción legislativa.

Habría problemas puntuales, sí, y se resolverían, asumían en el Ejecutivo, con el optimismo propio de quien ha estado muchas veces a punto de ahogarse y ha conseguido salir políticamente vivo. Pero ni esperaban que el agua les llegara al cuello tan pronto ni que la tromba fuera tan intensa. Junts les ha obligado a sacar el salvavidas.

Su negativa a apoyar los primeros tres reales decretos del Ejecutivo por distintos argumentos, pero sobre todo para que quede bien claro que en última instancia todo depende de su apoyo, ha obligado a una negociación desesperada para salvar los tres textos. Dos decretos con multitud de compromisos adquiridos con Bruselas para obtener 10.000 millones de euros más de fondos europeos y un tercero de medidas anticrisis.

A última hora, Junts ha introducido en las conversaciones la petición de que haya beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña y se multe a aquellas que no quieran hacerlo. El Gobierno se niega a estas sanciones, pero está valorando fórmulas para favorecer el retorno de los empresarios que huyeron de Cataluña durante el proceso soberanista. El propio acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts contempla el abordaje de un plan para facilitar el regreso de estas entidades.

Pero su definición final tampoco es fácil. La Generalitat, es decir, ERC, se opone porque supondrá un "agravio" hacia las que permanecieron. El mundo independentista es a estas horas un hervidero. Con un clima similar al de los días de agosto, en que aún no se percibía con claridad si Carles Puigdemont iba a apoyar o no a Sánchez. Lo hizo. Sobre lo que suceda con esta votación, se cruzan las mismas apuestas. Su supuesta imprevisibilidad, sus férreos principios. Si hubiera de fiarse de los expresidentes de la Generalitat que le han precedido, tampoco ellos saben mucho.

Artur Mas apoya que Junts tumbe los decretos: "Es un primer aviso". Para que el PSOE aprenda y negocie previamente su contenido. Pero discrepa de la propuesta de multar a las empresas que no quieran retornar a Cataluña. En cambio, Quim Torra está totalmente en contra de haber pactado con los socialistas y solo contempla la vía unilateral. Pluralidad al cubo.

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En la Moncloa, intentan ser más prácticos. Si Junts hace decaer los tres decretos, lo que supondría, entre otras cuestiones, que no se revalorizarían un 3,8% las pensiones, un encarecimiento del recibo del gas y de la luz, una subida del precio de los alimentos o el fin de los descuentos del transporte, son ellos, aseguran fuentes gubernamentales, "quienes lo tendrán que explicar". Porque, además, recuerdan, se votan el mismo día que las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la ley de amnistía.

En definitiva, que nadie en la Moncloa comprende para qué se ha negociado una investidura, si después no se va a permitir que Sánchez gobierne. En el PSOE, esperaban un poco de respiro hasta que se aprobara la amnistía o hasta las elecciones catalanas, que tocan en febrero de 2025. JxCAT aclarará este miércoles, con el sentido de su voto, quiénes son y qué pretenden. En el Gobierno y el partido se resguardan mientras tanto en que las negociaciones "no están rotas" y eso hace posible aún salvar los decretos. Ayer transmitían bastante confianza en que serán convalidados, pero todo está en el aire. Y la tensión vivida con Junts anticipa un calvario. Aunque logren superar esta bola de partido, la siguiente negociación son los presupuestos.

El verso suelto de Podemos

Pero el Ejecutivo no solo tiene que convencer a Junts. También a Podemos, que con su fuga de Sumar y su marcha al grupo mixto ha hecho valer sus cinco votos. Aunque Puigdemont mostrara al final el pulgar hacia arriba, la Moncloa aún tiene que sortear las reticencias de los morados. Y la formación no se ha movido de sus posiciones en las últimas horas.

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Mientras amaga con votar contra el decreto que modifica el subsidio por desempleo —uno de los aprobados para tener los fondos europeos—, deja ver que no irá más allá de abstenerse en el decreto anticrisis. "No sé si no nos conocen", ironizaban fuentes de la dirección morada, que critican que no han tenido feedback alguno por parte del PSOE, informa Alejandro López de Miguel.

Ni Félix Bolaños ni Rafael Simancas, ministro de Presidencia y Justicia y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, respectivamente, habían valorado en la tarde del martes las exigencias que los de Ione Belarra aseguran haberles trasladado el pasado viernes, según dicen en Podemos. Lo que ocurra en el debate y la votación en pleno, pero también durante las horas inmediatamente anteriores, es para los morados un termómetro de "cómo va a funcionar la legislatura".

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No se explican que PSOE y Sumar hayan descolgado antes los teléfonos con PP y Junts que con ellos mismos, y advierten de que necesitan cambios (en el decreto económico, al menos). Si la tensión es máxima en la izquierda ante las cámaras, fuera de plano los decibelios se disparan. A través de tres de sus portavoces parlamentarias —Marta Lois, Aina Vidal y Águeda Micó—, Sumar endureció el martes su tono contra Podemos y Junts, atribuyendo a "excusas", falta de "claridad" y de "honestidad" su anunciado rechazo a dos de los decretos.

Para los morados, resulta inadmisible que el decreto suponga rebajar la base de cotización para la jubilación de quienes se conviertan en perceptores del subsidio a partir de junio de este año: si hoy está en el 125%, en 2024 pasaría al 120%, y se iría rebajando progresivamente hasta aterrizar en el 100% en 2028. Para Podemos, es un recorte en toda regla, mientras que para Sumar es "restablecer la normalidad", y un cambio justificado por la subida en un 50% del SMI desde 2019.

Durante la jornada, los morados recordaban que Sumar, Junts y el resto de fuerzas han contraído sus respectivos acuerdos con el PSOE, mientras que ellos quieren ir negociando medida a medida. "Ahora mismo, quien tiene las manos más libres somos nosotros", sostienen los morados. En la Moncloa, la principal preocupación es Junts, no Podemos. Nunca les ha inquietado no contar con sus votos, por la confianza en que los de Belarra no tumbarán medidas sociales y no se alinearán con el PP y Vox. Y a diferencia de lo que sucede con la formación independentista, a ellos los conocen y saben cómo negocian. La gran incógnita es Puigdemont. Justo cuando pensaban que empezaban a controlarlo.