El Gobierno recula y negociará antes con sus socios para evitar el bloqueo de su agenda

El Gobierno tendrá que cambiar la estrategia de negociación con sus socios para evitar negociaciones de infarto, como en la que está inmerso para sacar adelante los primeros decretos aprobados por el nuevo Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar. Hay un convencimiento de que es necesario "cambiar las formas", como reclaman los partidos que pactaron la investidura de Pedro Sánchez. El PNV ha sido siempre el más insistente a este respecto, pero ahora Junts per Catalunya se suma a esta petición, que en la Moncloa pretenden asumir en las próximas fechas para evitar que su agenda legislativa tenga siempre encima una espada de Damocles.

El acuerdo con los jeltzales firmado el pasado 10 de noviembre blinda esta necesidad de que los textos aprobados en la Moncloa cuenten con el aval de Sabin Etxea "con antelación" a que se firmen en el Consejo de Ministros. El compromiso incluye también la limitación de uso de la fórmula del decreto-ley a casos de "excepcional y urgente necesidad". Y esto es algo que los nacionalistas vascos, como los independentistas de Carles Puigdemont, rechazan en estos casos. El PNV ya avisó durante las negociaciones de investidura que esta situación tenía que cambiar y es ahora, después del revés, cuando en el Ejecutivo aseguran que habrá pasos en ese sentido.

"Nos ha presentado a todos los partidos un menú muy cerrado con todos los platos muy precocinados", dijo este lunes en RNE el jefe de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, que puso el foco en el "error" del Gobierno, a pesar de que su partido votará a favor este miércoles en la votación en el Congreso. Lo hacen, aseguró el presidente del Euzkadi Buru Batzar, por "responsabilidad" y no porque los jeltzales estén de acuerdo con la "globalidad". "Se negocia materia a materia", insistió Ortuzar, que reclamó más "coherencia" en las negociaciones y separar "por paquetes" los asuntos incluidos en estos decretos, que son "auténticas enciclopedias".

Los jeltzales creen que también hay un exceso de confianza por parte del Gobierno, pero afirman que al PNV le gusta ser "previsible" y justifican su apoyo en la "coherencia". "Pero es el Gobierno el que nos lleva a esta situación", zanjó Ortuzar. El mensaje de los nacionalistas vascos es conciliador, a pesar de que también critican los "decretos macedonia", como los ha llamado la formación de Carles Puigdemont, que, sin embargo, no incluyó en su acuerdo de investidura esa obligación de pactar las leyes antes de su aprobación. Ese "batiburrillo" de asuntos, sumado al escaso tiempo que tienen los socios del Ejecutivo para negociar los decretos, lleva a Pedro Sánchez a tener que desgastarse en negociaciones contra el reloj, una situación que quiere dejar atrás.

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Desde el PSOE, explicaban el lunes que los detalles del decreto anticrisis, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de diciembre, llegaron a los partidos el 22 de ese mes, una semana antes. Es cierto que el plazo es corto, pero esa norma debía salir adelante antes de final de año para evitar que las medidas para paliar la inflación decayesen en la entrada de 2024. Pero hay un propósito de enmienda en Ferraz y ahora contemplan ampliar ese periodo y activar así un "cambio en las formas" que les evite más dolores de cabeza.

No está claro si se ampliará la información que los grupos tienen de los decretos o si esta nueva práctica incluirá el acceso a los textos. Hay que recordar que tanto el PNV como EH Bildu, que votarán a favor de los textos, incluyeron algunas peticiones en el decreto anticrisis, como la paralización de los desahucios o la cesión de los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas a las haciendas forales de Navarra y País Vasco.

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La estrategia de llevar las votaciones al límite no es nueva y tiene un objetivo político: colocar el peso del fracaso de la votación en los partidos que la hacen naufragar. "También hay jubilados en Cataluña", expresaba una fuente socialista este lunes en un ejemplo de esta práctica. Esta frase tiene sentido si se tiene en cuenta que el decreto anticrisis incluye también una revalorización de las pensiones en un 3,8% que no se aplicará si el Congreso tumba el decreto en la votación prevista para la última hora de este miércoles. Lo mismo ocurre con el decreto ómnibus aprobado el 19 de diciembre y que va asociado a la recepción de 10.000 millones de fondos europeos, pero que Junts rechaza porque, aseguran, podría paralizar la aplicación de la ley de amnistía.

El papel de Podemos

En Ferraz, admiten que la legislatura será complicada, como la anterior, pero es cierto que la aritmética parlamentaria que salió de las elecciones del 23 de julio obliga a que todas las normas que PSOE y Sumar quieran aprobar deban contar con el aval de todos los partidos que apoyaron a Sánchez el pasado 16 de noviembre.

Y eso incluye ahora también a Podemos, que dejó la coalición de Sumar para ganar peso político y lo está ejerciendo, a pesar de que en los partidos del Gobierno creen que en los movimientos recientes del partido de Ione Belarra hay más gestualidad que otra cosa. "Podemos es un partido que ha estado siempre a favor de la gente", expresa una fuente del PSOE sobre el ultimátum que lanzaron los morados el lunes con la cotización de los mayores de 52 años y el tope a los beneficios de las grandes cadenas de supermercados.

La otra alternativa pasa por implicar al PP en las conversaciones, algo que se antoja complicado. "El PP no se va a convertir en muleta de un presidente que ya ha escogido a sus socios", dijo el lunes el portavoz de Génova, Borja Sémper, que incluso habló con Yolanda Díaz por iniciativa de la gallega para explorar esta posibilidad. "Hay que coger de donde se pueda", apuntaban fuentes socialistas antes de que el PP diese un nuevo portazo al Gobierno si no se aviene a asumir sus exigencias, que pasan por una rebaja fiscal que en la Moncloa no tienen intención de aplicar, con reducciones del IRPF además del IVA de la carne, el pescado y las conservas.