La ley de sucesiones en el Senado aboca al Gobierno y al PP a un nuevo choque en el TC

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se van a reunir este viernes en el Congreso de los Diputados después de dos semanas de dimes y diretes, pero eso no significa que PSOE y PP hayan enterrado el hacha de guerra. O al menos no todas. El Gobierno y los populares van camino de otra bronca que implicará también al Tribunal Constitucional a cuenta de la ley impulsada por Génova en el Senado para la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en todo el territorio nacional. El Ejecutivo ha enviado dos requerimientos a la Cámara Alta para pedirle que revoque la toma en consideración de esta norma, pero fuentes parlamentarias explican que ni Pedro Rollán ni la Mesa tienen intención de hacerlo, ya que cuentan con un informe de los letrados que respalda esta decisión.

El primero de los requerimientos llegó el 23 de octubre, cuando el Gobierno emitió un dictamen de disconformidad ante la decisión del Senado de admitir a trámite la proposición de ley registrada por el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. El argumento de la Moncloa es que la norma tiene un impacto en los presupuestos generales del Estado, ya que supondría una merma de ingresos de 2.800 millones de euros. Es cierto que el impuesto de sucesiones y donaciones está cedido, por lo que la reducción de la recaudación se dejaría notar en los presupuestos autonómicos. El problema es que la norma contempla que el Gobierno compense a las comunidades por esa caída de los ingresos y es ahí donde está el agujero en los PGE que el Ejecutivo de Pedro Sánchez esgrime para rechazar la norma.

Ese primer escrito iba dirigido a Pedro Rollán como presidente del Senado, pero el jefe de la Cámara Alta no revocó la toma en consideración del texto. En respuesta a esa decisión, el Ejecutivo aprobó en la reunión del Consejo de Ministros de este martes un nuevo requerimiento dirigido esta vez a la Mesa del Senado. Fuentes parlamentarias explican que la respuesta será la misma, puesto que existe un informe jurídico de los letrados del Senado que avala esta decisión. El escrito fue emitido el 21 de noviembre y apunta a que la proposición de ley del PP no se refiere al presupuesto en vigor, sino a ejercicios futuros, por lo que "no cabe que el Gobierno oponga su disconformidad a la tramitación de la norma".

Los argumentos que esgrimen los letrados del Senado parten de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2018 que concedió amparo al grupo de Unidas Podemos en el Congreso después de que la Mesa de la Cámara Baja rechazase una proposición de ley relacionada con el cierre de las centrales nucleares. En virtud a esa sentencia, el informe defiende que no es de aplicación el artículo 134.6 de la Constitución, que faculta al Gobierno a rechazar las leyes por su afectación a las cuentas estatales. El PP, con su mayoría en la Mesa de la Cámara Alta, tiene intención de volver a esgrimir estos argumentos para no revocar la toma en consideración de la proposición de ley.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno requiere al Senado que tumbe la ley del PP para suprimir el impuesto de sucesiones

C. Rocha

Cuando esto ocurra, la intención del Gobierno es acudir al Tribunal Constitucional, apuntaron fuentes de la Moncloa el pasado martes. Desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, son más elocuentes y aluden directamente a posicionamientos políticos para rechazar esta ley impulsada por el PP. "No puede ser que nos pidan que compensemos a las comunidades y luego bajen los impuestos", apuntan fuentes de este departamento. Se refiere así a la reducción generalizada del impuesto de sucesiones y donaciones que ha practicado el PP en los últimos años, una práctica iniciada en la Comunidad de Madrid, que luego siguió el andaluz Juanma Moreno al llegar al poder. La última oleada de rebajas se produjo recientemente, con el vuelco territorial que provocaron los resultados de las autonómicas del pasado 28 de mayo.

Este nuevo choque es un segundo capítulo de la batalla planteada por los barones del PP contra el impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó el pasado año. Este nuevo tributo se creó después de que Juanma Moreno anunciase su intención de bonificar el impuesto al patrimonio en Andalucía, como ya había hecho Madrid. Entonces, tanto Moreno como Isabel Díaz Ayuso plantearon una batalla en el Tribunal Constitucional que ha resultado en derrota. Los argumentos eran que invadía competencias autonómicas al solaparse con el citado tributo a los patrimonios, pero el tribunal de garantías rechazó esta posibilidad.

La reacción de los barones populares fue anunciar que recuperarían los impuestos al patrimonio que habían bonificado previamente para que fueran los gobiernos regionales y no la Administración central los que recaudaran el tributo a las grandes fortunas radicadas en las respectivas comunidades.

El Ministerio de Hacienda calificó aquella decisión del TC de una "victoria" en términos políticos, pero también de técnica fiscal, ya que uno de los argumentos utilizados por el PP en su ofensiva partía de la falta de garantías del nuevo impuesto. Hay que tener en cuenta que el impuesto extraordinario a las grandes fortunas se aprobó como una enmienda dentro de la ley que creó los tributos a los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas energéticas por el alza de la inflación que provocaron la invasión rusa de Ucrania y los shocks económicos derivados de la pandemia.