La lucha contra las minas a cielo abierto en Castilla y León: "No tienen escrúpulos, solo ven negocio"

La vida apacible y rutinaria de los vecinos de un pueblo de Castilla y León puede, de repente, dar un vuelco de 180 grados por un único motivo: una mina a cielo abierto. La llegada de un gran proyecto empresarial puede ser sinónimo de bonanza para los municipios, pero también relegar a un segundo plano las necesidades vecinales, sus trabajos o su salud. Esta es la amenaza a la que se enfrentan en el nordeste de Segovia, Boñar (León), Borobia (Soria), Retortillo (Salamanca), Valle del Corneja (Ávila) o Zamora.

"Los proyectos mineros son promovidos por personas ajenas a la tierra que no tienen otro objetivo que horadar nuestro territorio sin ningún escrúpulo. Donde nosotros vemos vida, sentimientos, futuro, honrar a nuestros ancestros... ellos solo ven un negocio a costa de una destrucción que les es ajena y carente de sentimientos", denuncian desde la plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja, en Ávila. Estas plataformas llevan desde 2017 luchando contra dos proyectos mineros que afectan a 16 pueblos y a más de 4.700 hectáreas en un valle con una extensión que supone el 23% de la provincia.

La organización vecinal contra las malas prácticas, presuntas ilegalidades y falsas promesas de estas compañías termina dando sus frutos. Desde Ecologistas en Acción afirman que muchas minas acaban cerrando o siendo sancionadas. Así ha ocurrido en la provincia de Segovia, donde la empresa Erimsa tiene dos proyectos mineros para la extracción de cuarzo y que afectarían a siete municipios y casi 2.000 hectáreas. Asociaciones, partidos políticos y particulares han presentado miles de alegaciones, muchas de ellas admitidas por la Administración, que han puesto a la entidad en la posición de tener que decidir si abordarlas o, por el contrario, retirarse al no resultarles rentable. Así lo explica a El Confidencial Marisa Moro, presidenta de la Plataforma Contra la Mina Nordeste de Segovia, que lleva desde marzo en lucha.

“Hacemos el trabajo de inspección y control que tendría que hacer la Administración, lo que pone en evidencia los esfuerzos de empresas e instituciones por conseguir lo que llaman licencia social, que es silenciar a la población para que no denuncien”, expone Ecologistas en Acción. En relación con los procesos de concesión de los proyectos, la supervisión y la posterior reparación, este medio ha preguntado a la Junta de Castilla y León para conocer sus planes al respecto, pero no ha obtenido respuesta.

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Las minas a cielo abierto, al contrario que las minas subterráneas, tienen lugar en la superficie o a poca profundidad. Según un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la geología en Castilla y León ha propiciado la extracción de numerosos recursos mineros a lo largo de la historia. Si bien es cierto que este tipo de práctica presenta algunas ventajas con respecto a la subterránea, como que es más sencilla, menos peligrosa para los mineros o que las empresas explotadoras obtienen más ganancias por abaratar costes, también tiene desventajas. Estas han ocasionado numerosas quejas, principalmente por los problemas de control y evaluación de las normativas de impacto ambiental y la restauración, que son de obligado cumplimiento.

La mayoría generan drenajes ácidos que con frecuencia implican la inyección de metales pesados tóxicos como el arsénico, el mercurio o el selenio al agua, tal y como apunta Ecologistas en Acción. Esto sucede por una falta de previsión en los impactos, que se mantienen incluso aunque la mina cierre. Pero no solo eso, sino que el polvo contamina el aire y también afecta a los cultivos y a la salud, exponiendo a las personas a enfermedades como el cáncer de pulmón o la silicosis, alergias, pérdida de visión, sordera o agravamiento de enfermedades asintomáticas. Estos efectos también se notarían a nivel psicológico. “Los gastos los tendrá que asumir la sociedad, tanto en términos de salud como de inversiones para hacer lo que las empresas dejan mal”, denuncia.

Más allá de la exposición humana, el entorno medioambiental resulta uno de los mayores perjudicados por estas prácticas. Se generan daños en la superficie alterando la forma de la corteza terrestre, se contamina el agua y el aire, se dañan los acuíferos subterráneos, provoca impactos negativos en la fauna y la flora (muchos animales tienen que cambiar de hábitat por el ruido y la contaminación de su comida y agua) o se crean grandes cambios visuales, ya que tras la explotación se quedan cráteres de grandes dimensiones, perjudicando, a su vez, a la economía.

En algunos casos, incluso puede llegar a afectar a espacios protegidos, como ocurre en el proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca), que se quiere construir en el espacio protegido por la Red Natura 2000 Europea, según informa a El Confidencial José Ramón Barrueco, portavoz de la plataforma Stop Uranio. En Segovia ocurre algo parecido, ya que el proyecto afectaría a dos tramos del río Duratón incluidos también en la Red Natura 2000, concretamente en la Zona de Especial Conservación Riberas del Río Duratón.

Además, en zonas rurales donde las actividades agrícolas y ganaderas son tan importantes, cualquier alteración en el entorno resulta crucial para la consecución de estos trabajos, más aún teniendo en cuenta que, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de población ocupada en Castilla y León ha descendido en este sector en el último trimestre de 2023 (-4,26%).

“La contaminación en las aguas subterráneas afecta a los pastos y, por tanto, al ganado, por lo que no se podrían comercializar las reses producidas en la zona”, apunta Barrueco, lo que tendría un impacto directo en la economía. Algo en lo que coinciden desde Asaja Segovia, que cuentan que “dejará sin suelo útil para cultivos y ganado, la calidad del suelo se verá reducida y se haría complicada la viabilidad de la actividad agropecuaria”, lo que provocaría que muchos ganaderos y agricultores “dejen la actividad de forma definitiva" y, por ende, que "este tejido productivo se pierda para siempre”. Pero no solo eso, sino que, como aseguran en las plataformas del Valle del Corneja, el suelo pasaría a ser industrial, por lo que los ganaderos dejarían de recibir ayudas como la PAC.

En el caso del valle, el agua contaminada recorre más poblaciones y zonas, ya que allí discurre el río Corneja que fluye al Tormes, y este al Duero. "También afectaría a nuestra agricultura, haciendo insalubre la ingesta de los frutos de nuestra tierra, donde son especialmente conocidas las judías de riñón y las manzanas, además de la variedad de vegetales", afirman desde la Plataforma, que denuncian que desde las instituciones "se limitan a tramitar los proyectos acatando la ley, pero sin implicarse en la defensa del territorio".

Las instituciones "se limitan a tramitar los proyectos acatando la ley, pero sin implicarse en la defensa del territorio, que sería lo prioritario"

Por otra parte, suelen ser zonas atraídas por el turismo debido a esta riqueza medioambiental, por lo que los dejarían sin una importante fuente de ingresos. “Es muy difícil compatibilizar el tipo de turismo rural que ha conseguido revitalizar muchas zonas del interior con estas explotaciones”, afirman Ecologistas en Acción. En el caso del municipio salmantino, hay un balneario de aguas medicinales a menos de un kilómetro de donde se quiere abrir la mina. “Nadie querrá venir a un establecimiento pensado para el relax sometido a ruidos constantes de maquinaria pesada”, afirma Barrueco. Algo similar ocurre en la zona abulense, donde el turismo micológico, deportivo o gastronómico es muy importante y hacen que "los pueblos vuelvan a estar vivos". La Asociación Vive el Valle del Corneja asegura que se abriría una gran brecha económica si salen adelante los proyectos mineros.

Cierre de las minas... pero sin reparación

Las consecuencias de estas explotaciones no solo se ven a corto plazo, sino que muchos se preguntan qué ocurre después, si la mina cierra. Y es que muchas promesas caen en saco roto tras el deterioro ocasionado. Las empresas suelen prometer que luego se recuperará el espacio afectado a través de una restauración de la zona, pero lo cierto es que no siempre es así, como ocurrió con la explotación de wolframio en Los Santos (Salamanca). “Lo mismo pasa con las promesas de las comunidades: se prometen empleos, obras en infraestructuras y otras prestaciones, que después quedan en papel mojado”, dice la confederación de grupos ecologistas.

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Desde esta misma organización denuncian las falsas promesas sobre la creación de empleo con las que a priori consiguen el apoyo de los vecinos. Según apuntan, muchas de las empresas operan mediante subcontratas para evitar costes y responsabilidades laborales, lo que crea más precariedad laboral, y muchas veces las empresas ni siquiera informan de cómo van a proteger a los trabajadores, como en el caso de Segovia. Además, cabe recordar que el proyecto es momentáneo y “se crean puestos durante la fase de explotación, pero al final sume a las zonas en depresiones laborales al desaparecer otras alternativas, obligando a la gente a emigrar”. Portavoces de la Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja apuntan que "este tipo de actividad supone un repulsivo extraordinario, pues no resulta nada atractivo convivir con partículas cancerígenas sobrevolando, con una niebla constante y tóxica, con un socavón enorme, con ruido constante incluso de noche...".

Teniendo en cuenta que Castilla y León lleva desde el año 2009 perdiendo población, según datos de Eurostat, y es uno de los ejemplos de la llamada España Vaciada, este tipo de prácticas empeorarían la situación.

"Todos unidos rechazamos una imposición de vida que es destructiva, que solo complace a quienes practican el asesinato de lo nuestro, pues de llevarse a cabo los proyectos, nuestra estancia aquí será inviable", cuentan con impotencia las plataformas abulenses. "Queremos ser dueños de nuestro territorio y de nuestro futuro", dice con rotundidad Moro a este medio.