Montero cerca al presidente de Loterías: en la diana tras denuncias por posición dominante

El próximo 22 de diciembre, como cada año, España estará pendiente del sorteo de Navidad. Es el día más importante para Loterías y Apuestas del Estado, que en esta edición puede ver empañada la alegría de repartir millones. Para esa misma fecha se ha fijado un juicio contra la entidad por una de las demandas presentadas por varios propietarios de los llamados puntos mixtos de venta (bares, estancos, bazares, panaderías…). El caso ha derivado además en una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), al entender que la empresa pública está cometiendo una “grave infracción” de posición de dominio.

La situación ha puesto en el punto de mira al presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, que fue nombrado en 2018 con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Su gestión en este asunto abre un frente que podría traducirse en sanciones millonarias para la entidad. En clave política, fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que María Jesús Montero estaría sopesando aprovechar el baile de directivos en las empresas públicas para relevar a Huerta. Desde el gabinete de comunicación de la vicepresidenta, no pueden confirmar la continuidad del presidente de Loterías “ni de ningún otro”, pero aclaran que si fuese relevado, no sería por este asunto, que “no preocupa”.

En la Moncloa no son tan benévolos y colocan la responsabilidad en el hecho de que Huerta, según las fuentes consultadas, no ha explicado bien el tema. Hay intranquilidad por la denuncia de abuso de posición de dominio. Se quiere "pacificar" la relación con las empresas. La CNMC tiene previsto incoar expediente entre diciembre y enero, según fuentes de la corporación que conocen el caso.

Los hechos que constan en la denuncia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se remontan a 2020, cuando la Federación Nacional de Puntos de Venta Mixtos (Fenamix) suscribe un acuerdo con la aseguradora Laguinda para ofrecer a sus 6.800 establecimientos un seguro en virtud del cual si al jugador le toca un premio sujeto a impuestos, se le reintegra el importe del tributo. Es decir, el pago de la prima conlleva cobrar el 100% del dinero ganado.

En la Moncloa consideran que Huerta no ha explicado bien el tema y hay intranquilidad

Cuando Loterías y Apuestas del Estado se entera del acuerdo, hace llegar a los puntos de venta mixtos su oposición a la venta del seguro e inicia un intercambio de misivas. Primero de forma verbal a través de sus delegados comerciales, que son una especie de inspectores que supervisan los puntos de venta mixtos. El 15 de julio de 2020 remite una carta a Fenamix en la que advierte de que “la prestación de servicios de terceros requiere la previa autorización”, por lo que conmina a los establecimientos “a abstenerse de poner en marcha este tipo de iniciativas sin la previa autorización de Loterías”.

La federación que aglutina los establecimientos contesta a la empresa pública recordándole que “entendemos (...) otros productos en nuestros establecimientos mixtos, siempre que no sean otros juegos y apuestas competencia de Loterías, los podemos comercializar sin la correspondiente autorización”. Además, hizo hincapié en que el interés real de compra por parte de los usuarios es de un 75%.

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La respuesta de la entidad presidida por Huerta fue una nueva carta, en la que reiteró que “el proyecto requiere de la previa autorización de esta sociedad, máxime cuando la actividad que se pretende implica y afecta especialmente a los juegos comercializados por Loterías”. Diversos puntos de venta plantearon consultas individuales y la respuesta fue una nota informativa, fechada el 15 de marzo de 2021, en la que se comunicaba que “dicha actividad no ha sido autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, por tanto, no es posible la colaboración de los puntos de venta con dicha actividad de conformidad con el contrato suscrito con su red comercial”. El 5 de mayo de 2021, “ante las nuevas consultas planteadas”, remitió una nueva circular con el mismo texto que la de marzo.

La “obsesión” de Huerta llevó a la empresa BECO, sociedad de la aseguradora Laguinda, a interponer una demanda ante la CNMC en 2022 al entender que la empresa pública estaba cometiendo una “grave infracción” por abuso de posición de dominio “consistente en una restricción injustificada de la libertad de contratación de sus puntos de venta con terceros”.

En caso de que se asumiese que la actuación del responsable de Apuestas y Loterías del Estado haya sido irregular, la empresa podría enfrentarse a una sanción de hasta el 10% del volumen de negocio, al catalogarse como infracciones muy graves los abusos de posición de dominio desde 2021, cuando se traspuso una directiva europea. Hasta ese momento, las multas no podían superar el 5%. Dado que en 2022 la facturación de Loterías fue de 9.687 millones, estaríamos ante una multa que podría rondar los 1.000 millones.

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En la denuncia ante la CNMC, se expone que la sociedad de Laguinda, BECO, está respaldada financieramente a través de un préstamo participativo del Gobierno mediante la empresa pública Enisa, que apoya a las pequeñas y medianas empresas. La aseguradora fue autorizada por la Dirección General de Seguros y revisada por la Dirección General de Ordenación del Juego del Gobierno, a quien también pertenece Loterías.

Dentro del ministerio, hay quienes abogan por llegar a un acuerdo con los demandantes porque entienden que “a priori el seguro es complementario y no compite en ningún caso con la actividad de Loterías y Apuestas del Estado”. Si se pierde el juicio, podría suponer una cascada de demandas.

Huerta ocupó anteriormente diversos puestos en las consejerías de Sanidad y Hacienda de la Junta de Andalucía. Aquí es donde conoció a Montero, que trabajó en esta Administración en la presidencia de José Antonio Griñán. Hace dos semanas, Huerta presentaba el tradicional anuncio de Navidad y confesaba que, pese a ser la sexta vez que lo hacía, se había emocionado como la primera vez. A su llegada expresó el compromiso público de la entidad, al hablar de que gestionaría “con transparencia, respetando los principios de igualdad dentro de una entidad que maneja un dinero sin ánimo de lucro, que lo que persigue al final es redistribuirlo en la sociedad”. Huerta percibe un sueldo de 223.146,65 euros al año.