Malestar en la cúpula de la CNMC: quejas por la acumulación de poder de afines a Calviño

Malestar en la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El consejero Xabier Ormaetxea ha emitido un voto particular en el que se opone a la última rotación de consejeros aprobada el pasado 25 de septiembre. Este miembro de la cúpula, que ostentaba el cargo de presidente de la sala de supervisión regulatoria tras el fallecimiento de Ángel Torres, se opone al movimiento alegando que debería haber primado el principio de estabilidad de salas frente a la obligación de rotar que contempla la legislación del organismo. Además, esgrime una sentencia del Tribunal Supremo que le restituyó en su puesto en la extinta Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

El malestar se extiende no solo a Ormaetxea, sino a una parte de la cúpula, señalan fuentes conocedoras de la situación del organismo. De hecho, la última rotación fue aprobada con una minoría a favor. Tres consejeros apoyaron el movimiento frente a otros tres que se abstuvieron y un consejero que votó en contra. "No se puede negar que hubo una mayoría de votos y, por tanto, el acuerdo será legal, pero que una decisión de ese calado y transcendencia se adopte sin el apoyo de la mayoría de los presentes pone en duda la legitimidad del mismo", señala Ormaetxea en su voto particular.

El consejero vasco, elegido a propuesta del PNV en 2017, cree que el elevado número de cambios conlleva "un grave perjuicio para la Sala de Supervisión Regulatoria". "No debe confundirse el principio de rotación con el de centrifugación", destaca en su escrito. Llega a dicha conclusión tras señalar que "hacer una nueva rotación el 25 de septiembre, tras la reciente incorporación del consejero Josep María Salas a la sala de supervisión regulatoria este mismo mes, supone que la sala solamente tendría un 33% de consejeros veteranos y un 66% de consejeros recientemente incorporados". El Confidencial se puso en contacto con este consejero para conocer mejor su posición, pero este se remite a su voto particular y rechaza añadir comentarios.

Sin embargo, diversas fuentes al tanto del caso señalan que las salidas y rotaciones de consejeros están generando malestar dentro de la cúpula del regulador, uno de los organismos con más poder sobre grandes empresas en España. No solo eso, sino que también estaría generando descontento en algunas áreas del actual Gobierno. Varias fuentes consultadas señalan que ya no quedan pesos pesados en la sala de supervisión regulatoria, encargada de todo lo que tiene que ver con la regulación en sectores estratégicos para la economía como la energía, las telecomunicaciones o el transporte.

A su parecer, eso hace que tanto esta sala como el pleno, que es donde se deciden las cuestiones más controvertidas, esté cada vez más influenciado y controlado por la presidenta, Cani Fernández, nombrada en 2020 a propuesta del Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño. Los críticos ven que la institución es cada vez más presidencialista y controlada por perfiles afines y próximos a la vicepresidenta primera, ahora en funciones.

En este sentido, otras fuentes conocedoras del caso respaldan la visión anterior y aseguran que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, era contraria a la última rotación que ha sacado a Ormaetxea de la sala de Supervisión. Ahora, dicha sala, que dirime sobre los sectores regulados, está presidida por Pilar Sánchez, quien procede de la sala de Competencia y, antes de llegar al regulador en 2020, tenía el rol de vocal asesora del gabinete de Calviño, por entonces vicepresidenta tercera.

La sala de supervisión regulatoria actualmente solo cuenta con otros dos miembros. Josep María Salas, elegido a propuesta de ERC, y Carlos Aguilar, que fue designado a proposición de Unidas Podemos. Ambos son considerados de perfil bajo y con buena sintonía con la presidenta. Ahora mismo, los consejeros con más conocimiento de materias regulatorias están en la sala de Competencia, destacan los críticos. María Jesús Martín, que fue directora de Política Energética en el ministerio liderado por Teresa Ribera, está en Competencia. Y Bernardo Lorenzo, experto en telecomunicaciones, también tuvo que rotar a esta sala de Competencia desde supervisión regulatoria.

Aunque la CNMC es un organismo independiente, la realidad —explican las fuentes consultadas— es que las elecciones parten de los grupos parlamentarios, y los distintos ministerios y partidos quieren influir sobre el regulador, que tiene competencias importantes en ámbitos críticos y estratégicos para el país, como puede ser la energía. De ahí que los diversos ministerios quieran ejercer influencia sobre el mismo, ya que eso les pone en una posición de relevancia frente a grandes empresas, reguladas por la CNMC, que tiene además atribuciones sancionadoras.

Otras fuentes consultadas por este diario y también conocedoras del organismo, sin embargo, discrepan de las quejas respecto de las rotaciones. Señalan que la presidenta no tiene más remedio que aplicar la ley de funcionamiento de la CNMC, que obliga a rotar a los consejeros. Estas fuentes señalan que dicha ley es positiva y que la rotación es necesaria para evitar que la relación de los consejeros con las empresas reguladas pueda acabar contaminando su labor, con lo que la rotación se explica precisamente por la necesidad de la CNMC de salvaguardar su independencia.

El consejero Ormaetxea cree que el elevado número de cambios conlleva "un grave perjuicio para la Sala de Supervisión Regulatoria""

Fuentes oficiales de la CNMC rechazan de plano que exista falta de independencia por parte de la presidenta o de cualquier consejo y cree que se está intentando condicionar la actuación del regulador. "La decisión de la mayoría del consejo es el resultado de aplicar una regla de rotación que aprobó este mismo consejo en diciembre de 2021. Allí se prevé que los consejeros cuyo mandato expire sin que hubiesen rotado antes de sala roten a la fecha de la finalización del mandato. Sin embargo, la aplicación de las reglas de rotación siempre exige una deliberación previa, pues la normativa de la CNMC también prevé la posibilidad de que se adopten decisiones extraordinarias en situaciones de excepcionalidad", añaden fuentes del regulador.

Las fuentes consultadas explican que, en años previos, los consejeros que han rotado dentro de la cúpula y otros que han abandonado el regulador en el último año, como Mariano Bacigalupo o Pilar Canedo, ejercían un contrapoder que compensaba las atribuciones de la presidenta y los directores, máximos responsables de los servicios técnicos por debajo del consejo. Ahora el pleno está más controlado por perfiles próximos a la presidenta y el Ministerio de Economía y de Calviño, señalan.

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En este sentido, añaden que la actual configuración hace que la institución tenga un cariz más presidencialista, incluso, que en la etapa de José María Marín Quemada, en la que la vicepresidenta de la institución en ese momento, María Fernández, chocó en diversas cuestiones sensibles tanto con el presidente como con los servicios técnicos, hasta el punto de que ganó diversas votaciones gracias al apoyo de los consejeros de la sala de supervisión regulatoria frente a la visión del entonces presidente y los directores.

La CNMC, y concretamente la sala de supervisión regulatoria, enfrenta a partir del próximo año la delicada tarea de actualizar la retribución de las actividades reguladas de electricidad y gas. Un elemento del que depende una parte de la factura que pagan los consumidores. Las nuevas circulares se aprobarán bajo una CNMC muy diferente a la de 2019, cuando se diseñaron las actuales circulares que aplican a los sectores regulados de la energía.

La CNMC, además, afronta la renovación de cinco de 10 puestos del supervisor en los próximos meses. No obstante, las designaciones no se esperan antes de que se forme Gobierno. Estos nuevos nombramientos se harán a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios en función de su representación. Ahí se espera que PSOE y PP, actualmente sin representación en el consejo, se repartan la designación de candidatos que tendrá que conformar la cúpula de uno de los organismos económicos más poderosos del país.