Puigdemont urgirá a Sánchez a acelerar la amnistía ante un posible adelanto de las elecciones en Cataluña

En Junts hay euforia contenida tras el pacto con Pedro Sánchez. Se sienten ganadores porque, según pregonan, "han tragado con todo", pero al mismo tiempo saben que los tiempos no dependen de ellos y que en la Moncloa la lectura del pacto de investidura es muy diferente. Carles Puigdemont no se fía del presidente y teme que las bases se subleven si la ley de amnistía no se materializa antes de las elecciones catalanas. Los comicios están previstos para 2025, pero en la formación catalana prevén que haya un adelanto electoral y se vaya a las urnas a finales de 2024.

El calendario presiona al prófugo, que asume que el sector más radical de Junts puede sublevarse si el perdón se retrasa. Puigdemont urgirá a la Moncloa a tomar medidas para que se avance en la ley de amnistía. La norma ha sido registrada por los socialistas, pero quedan la tramitación y el parón que se prevé en el Senado por la mayoría que ostenta el PP. Los socialistas introdujeron una cláusula para intentar que los previsibles recursos del Tribunal Supremo ante el Constitucional no supongan la suspensión de la norma.

Los tiempos no acompañan a los planes de Puigdemont. El expresidente catalán no quiere ser candidato a la Generalitat porque, según trasladó al PSOE en las negociaciones, su intención es concurrir a las elecciones europeas, pero su obsesión es recuperar la Generalitat. Las últimas encuestas sitúan su partido como tercera fuerza, con el PSC de Salvador Illa como favorito. Ante este escenario, la estrategia pasa por hacer valer que Junts ha "arrodillado al Estado", y para ello necesitan que la ley de amnistía sea un hecho cuando hagan campaña.

Desde el partido de Puigdemont trasladan que, en la primera reunión con los mediadores del PSOE, que se prevé para esta semana, si hay acuerdo sobre el verificador internacional, se plantee la urgencia sobre la ley de amnistía y un escenario para el referéndum. Junts asume que la votación es una línea roja para los socialistas, pero necesita que, de cara a sus electores, se establezcan unos plazos. De ahí el plan de que el Parlamento catalán apruebe solicitar al Congreso el traspaso de competencias para celebrar una consulta, basándose en el artículo 92 de la Constitución. Junts necesita un eslogan de campaña para derrotar a ERC.

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El Confidencial

¿Cuáles son los plazos previstos para la amnistía? Una vez registrada, se abre un periodo en el que el texto debe pasar por las Cortes para su aprobación definitiva. Este tipo de proceso suele tardar un mes. Junts quiere que el Gobierno habilite el mes de enero para acelerar los tiempos. Tradicionalmente, el Congreso está cerrado. Cuando llegue a la Cámara Alta, el tiempo se dilatará debido a la reforma del PP para eliminar el trámite de urgencia. Aquí podría estar hasta dos meses. Los socialistas plantean recurrir al Tribunal Constitucional para anular la reforma, por lo que los plazos quedan en el aire.

Cuando entre en vigor, los tribunales y los órganos administrativos implicados, con casos vinculados al referéndum ilegal del 1 de octubre, tendrán que aplicar la ley con carácter "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses. La aplicación de la ley de amnistía, una vez sea aprobada por las Cortes, tendrá su primer escollo en el Supremo, que previsiblemente acudirá al Constitucional y a Europa para frenarla. La Moncloa ya preveía este escenario, y en su pacto con Junts incluyó en la norma que se dejen sin efecto las medidas cautelares pendientes, incluso cuando los jueces interpongan una cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional. También ordena la revocación de las órdenes de detención. El Supremo se guarda una baza. Puede cuestionar también ante el Constitucional esta obligación de suspender las medidas cautelares. En ambos casos, la decisión del Supremo se quedaría suspendida provisionalmente hasta que hable el Tribunal de Garantías.

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Puigdemont teme que Sánchez pretenda engañarle como, según el prófugo, hizo con Oriol Junqueras y los indultos. Hay máxima preocupación en Waterloo tras el anuncio del exministro Juan Carlos Campo de que se apartará cuando la ley de amnistía llegue al Constitucional, donde actualmente es magistrado. Durante las negociaciones, los emisarios del presidente catalán han exigido garantías de que los tribunales no podrían frenar la amnistía. De ahí que forzasen incluir el intento de maniatar al Supremo y que en el documento del pacto apareciese reflejado el lawfare para sortear el control de los jueces. El prófugo apretará a Sánchez. Esta vez, la pelea es entre iguales.