Polémica por la cancelación de la cumbre de Migraciones: cruce de acusaciones entre Escrivá y las CCAA

La conferencia sectorial que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había convocado este lunes 20 de noviembre queda aplazada. Lo avanzan fuentes del departamento de Escrivá, que lo razonan diciendo que apenas nueve de las 17 comunidades y las ciudades autónomas, todas convocadas ante la urgencia de la crisis migratoria en Canarias, —que alcanza ya las 32.000 llegadas en un año— tenían confirmada su asistencia. El resto, no podía por la fecha en la que iba a celebrarse u otras razones varias, que el Ministerio no ha detallado.

Las que sí anunciaron la presencia de sus consejeros, siempre con competencias en la materia, fueron Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. Tras la noticia, algunas han montado en cólera. La Junta castellanoleonesa, que sí está entre la que confirmaron su asistencia al Ministerio, ha salido contra la decisión de Escrivá y sostiene que su equipo nunca detalló que la confirmación fuese obligatoria, por lo que esta no es razón de peso como para anular la convocatoria. Más de lo mismo en Aragón, donde la propia consejera ha asegurado a El Confidencial que ayer mismo dieron el sí a través de uno de sus cargos de peso, que acudiría en su lugar.

Una promesa cumplida

Aunque la celebración de este encuentro, que lleva años sin convocarse, fue una promesa que las propias comunidades lograron arrancar a Escrivá en otra reunión previa por videoconferencia, finalmente son varias de ellas las que llevan a aplazarla por razones, en algunos casos, que escapan de su mano. Fue el último día de octubre, hace menos de un mes, y en ella se oyeron diversas reclamaciones para participar en las negociaciones, y no solo ser informadas.

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El Ministerio, que en un principio se mostraba reacio a esta idea al considerarla poco oportuna para el momento actual. Explicaron en su momento que las conferencias sectoriales, que ya tuvieron un precedente reciente en la pandemia, estaban más pensadas para gestiones de política –en este caso, migratoria– de carácter más general y no para abordar las emergencias, como era el caso en Canarias. Al final, accedió. El presidente en el archipiélago, Fernando Clavijo, manifestó a través de una consejera presente en aquella videoconferencia su aprobación a la demanda de otros homólogos, que querían coordinar la llegada de estas personas a sus regiones y ciudades.

Sobre qué ocurrirá en adelante, poco se sabe. El Ministerio, preguntado por este periódico, ha sostenido que en principio la cumbre sigue adelante, pero habrá que buscar una nueva fecha. No saben aún si esto será antes de acabar el año, ahora que Pedro Sánchez ha vuelto a ser investido, aunque aún queda pendiente su remodelación del Consejo de Ministros –que casi con toda seguridad se anunciará esta semana y decidirá el futuro de Escrivá al frente de Migraciones–, o tendrá que alargarse hasta 2024, una vez cuadren nueva fecha con las comunidades y ciudades convocadas.

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El Gobierno ha empezado a repartir a los migrantes, en su mayoría subsaharianos, que en los últimos meses han ido llegando a las costas canarias por distintas comunidades y ciudades del país. Los recursos del archipiélago se resienten ante la incapacidad de acoger a toda esta gente, como ocurre cada vez que un nuevo pico migratorio –en este caso, instigado por la conflictividad política y social en países como Senegal o Mauritania– atranca en su litorial. El presidente Clavijo ha reclamado ayuda en reiteradas ocasiones a la Administración estatal, a la que ha instado incluso a reclamar más fondos europeos para hacer frente al problema.

Rechazo generalizado

Sin embargo, las reacciones de las comunidades autónomas nada más aplazarse la conferencia que iba a tener lugar el lunes no se han hecho esperar. En Castilla y León, gobernada por el PP y una de las regiones que sí confirmaron asistencia al Ministerio, salen en réplica al anuncio de Escrivá. Aseguran que no era obligatorio inscribirse por esta vía para acudir al encuentro, y no cree que sea razón para que el Gobierno central haya decidido aplazarlo. El Ministerio, en su respuesta a El Confidencial sobre el comunicado de la Junta castellanoleonesa, cuestiona que para qué razón, entonces, iban a confirmar asistencia las comunidades si no es porque fuera necesario para organizar el encuentro.

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EFE

Asumen que la fecha puede haber sido razón de peso para que muchas declinaran, o al menos no confirmaran por esta vía, que hoy sostienen como vinculante, el asistir a la conferencia sectorial que todas ellas reclamaban. Dado el interés que mostraron en celebrarla, deducen desde el entorno de Escrivá, lo más probable es que busquen una fecha alternativa más pronto que tarde. También en Aragón han salido a replicar el último dictamen del ministro. La consejera de Bienestar Social, Mamen Susín, atiende el domingo a El Confidencial para arremeter contra la decisión.

"Han contado lo que han querido", deslegitima la responsable del área de Migraciones en el Gobierno aragonés. Susín, que pertenece a una de las comunidades que según el Ministerio no han confirmado su asistencia, niega por la mayor. Sostiene que ayer mismo comunicó que allí estaría su secretaria general ténica, que tiene rango de director general. Así lo permite el reglamento para las conferencias sectoriales, que ella misma muestra. "La participación de las personas titulares de las consejerías autonómicas competentes solo podrá ser delegada en otro miembro del Consejo de Gobierno de la comunidad".

La Junta Andalucía ve "desinterés" y falta de transparencia" en el Ministerio

Andalucía, Cantabria o la Comunidad de Madrid, que como Castilla y León sí reafirmaron su asistencia al encuentro, se han posicionado en el mismo sentido. La Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad de Juan Manuel Moreno Bonilla ha lamentado la decisión del Ministerio, que tilda de unilateral. Además, cree que pone de manifiesto el "desinterés" del Gobierno central para informar a comunidades y ayuntamientos sobre los traslados a inmigrantes, así como una "falta de transparencia" que atribuye al Ejecutivo.

La consejera encargada en el equipo de Isabel Díaz Ayuso, por su parte, cree que el argumento de la falta de quórum exhibido por los de Escrivá no es más que una "excusa falsa". Ana Dávila, que es titular de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en Sol, mantiene que aquellas comunidades que "no iban a estar presentes" –es decir, que no iban a enviar a sus responsables directos de la Consejería– ya habían "delegado su voto". Va a más. "Han pasado de los abrazos y la propaganda del Aquarius a la más abosluta improvisación", sentencia, haciendo una comparativa con el buque que hace cinco años desembarcó en costas españolas a petición de Pedro Sánchez, hoy recién elegido.

En tierras cántabras, donde también gobierna el PP con María José Sáenz de Buruaga, emitieron otro comunicado pidiendo convocar un nuevo encuentro "lo antes posible", ante la urgencia de la situación, y poniendo en duda como el resto el principal argumento esgrimido por el Ministerio. "De ser cierto [la falta de quórum] tendría que haberse constatado", sentencian. El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de María Guardiola también ha hecho lo propio.

Culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "dar la espalda a las comunidades" con la decisión de su ministro. También tildan de "inaceptable" e "injustificable" paralizar la cita dados los flujos que se están viendo en Canarias. En definitiva, las regiones parecen revolverse ante una cancelación in extremis que a última hora ha llenado de incertidumbre su participación en las negociaciones y en la coordinación del conflicto migratorio que persiste.