Puigdemont recela de las dudas de ERC sobre la ley de amnistía y cree que busca dilatar su regreso

Las dudas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sobre la ley de amnistía —que provocaron que el PSOE se quedara como único firmante de la norma— son una incógnita para casi todos menos para Carles Puigdemont. Fuentes cercanas al expresident huido aseguran que desconfía de las intenciones del partido de Oriol Junqueras. Considera que quieren perjudicarle y ve tras su movimiento una estrategia dirigida a frustrar o retrasar su vuelta a España. ERC echó el freno tras detectar en el redactado de la norma "flecos" en el olvido del delito para las personas encausadas por terrorismo. Es el caso tanto de Puigdemont como de Marta Rovira, recientemente imputados por este delito por coordinar Tsunami. "Lo que quiere ERC es que eso quede en el aire", precisan las fuentes consultadas.

Las pegas mostradas por la formación son incomprensibles a nivel técnico. De hecho, una de las partes más armadas de la ley se centra, precisamente, en el delito de terrorismo. En una finta muy estudiada, la norma deja fuera de la amnistía "los actos tipificados como delitos de terrorismo" sin hacerlo en realidad. El añadido de que solo quedarán al margen del perdón "siempre y cuando haya recaído sentencia firme" logra que se beneficien los investigados tanto en la causa de los CDR como en Tsunami, causas no que han llegado ni siquiera a juicio.

Pese a ello, ERC no lo ve claro y anticipa con su movimiento la intención de reclamar cambios en la fase de enmiendas. Alega "dudas" que fundamenta en un temor a la inconstitucionalidad de ese epígrafe. Las pegas mostradas públicamente levantan suspicacias en Waterloo. Se sospecha que lo que busca Esquerra no es atar más la amnistía para los imputados o procesados por terrorismo. Más bien todo lo contrario. Consideran que a la formación de Pere Aragonès le conviene dejar a Puigdemont en un limbo por tiempo indeterminado e incluso desactivarle de cara a unas próximas elecciones en Cataluña.

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El terrorismo es uno de los delitos que más preocupan tanto al Gobierno como a los partidos independentistas, por las dificultades de su encaje constitucional y también en el marco del derecho de la Unión Europea. La imputación dictada hace un par de semanas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sorprendió a los negociadores en la fase final de sus conversaciones y forzó un refuerzo de la protección contra la atribución de este delito. El magistrado señala en su auto que la plataforma es responsable de cientos de heridos, algunos de ellos de consideración, como los dos agentes de la Policía que acaban de personarse como acusación popular en el procedimiento. También de la muerte de un turista francés que sufrió un paro cardiaco.

Incomprensible

Para despejar también la posibilidad de que el fallecido afiance la acusación del juez, la ley introduce otra circunstancia que reforzaría la amnistía pese a todo. Asegura que no entran en la amnistía "los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte". El dolo hace referencia a la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. En este caso concreto, implicaría demostrar que los investigados de Tsunami llevaron a cabo el bloqueo del aeropuerto con pleno conocimiento y voluntad de causar la muerte de este ciudadano francés, por lo que, de forma indirecta, esa exclusión de la amnistía de "los actos dolosos" que se hayan saldado con una muerte también beneficiaría a Puigdemont y Rovira.

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Todas estas circunstancias hacen aún más incomprensibles las dudas de ERC e incrementan los recelos en Junts. Aún más incomprensible resulta que esas pegas no se dirijan a otro punto que está menos afianzado en la norma que el terrorismo: la inhabilitación de Junqueras. La ley no acaba de despejar la duda de si podrá o no presentarse a unas elecciones una vez entre en vigor. La norma registrada asegura que deben archivarse las condenas en fase de ejecución, aunque exista sentencia firme. Pero queda abierta a la interpretación del Supremo en este caso, que puede considerar que una cuestión de inconstitucionalidad deja la pena en suspenso hasta que el TC se pronuncie al respecto.