El juez de las cargas del 1-O abrió la puerta a excluir a los policías de la amnistía por torturas

La proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso propone borrar todas las causas judiciales del procés, también las que afectan a decenas de policías investigados por las cargas policiales del 1-O. Sin embargo, el redactado recoge un supuesto que excluye de este beneficio a quienes hayan cometido torturas. Actualmente, no hay ningún agente condenado por este delito, pero un juez abrió la puerta a ello cuando procesó a 45 uniformados por su actuación durante la consulta ilegal en Cataluña.

La mayoría de las denuncias presentadas por votantes del referéndum del 1-O contra policías y guardias civiles por las cargas para impedir la consulta recayeron en el mismo juez. Es el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles. A finales de enero de este año, el magistrado puso fin a más de cinco años de investigaciones. Lo hizo en un auto en el que procesó a decenas de policías nacionales a los que abocó al banquillo de los acusados.

En esa resolución, apuntó a posibles condenas por torturas. Literalmente, dejó escrito que “los hechos que se dirán más adelante y por los que procederá continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado pueden ser constitutivos, no solo de delitos leves o menos graves de lesiones, sino también delitos de los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación final de los mismos, que esta resolución no puede limitar ni condicionar”.

El artículo 174 del Código Penal castiga con hasta seis años de prisión a la autoridad o funcionario público que cometa torturas “abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho”. El artículo 175 castiga con hasta cuatro años si se atenta con los mismos fines pero contra la integridad moral.

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Precisamente, el borrador de la futura ley de amnistía contiene un apartado en el que establece los casos que quedan excluidos de acogerse a esta norma. Uno de ellos son “los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos”. Otro es “los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad”. Existe otro suceso en torno a las cargas del procés que encaja en esta segunda excepción.

El caso de Roger Español

El pasado mes de septiembre, la Audiencia de Barcelona confirmó que irán a juicio los cinco policías procesados por la pérdida de un ojo de Roger Español por una pelota de goma durante el 1-O. Este es un votante que se enfrentó a los agentes en el colegio Ramon Llull de Barcelona y perdió el ojo. Su caso se hizo popular y acabó entrando en política de la mano de propuestas independentistas. En 2019, fue candidato al Senado por el partido de Junts per Catalunya, que encabeza Carles Puigdemont.

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Los sindicatos de la Policía Nacional han reaccionado a la proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán señalando que supone un "insulto" para las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que perdona a todos los políticos y manifestantes del referéndum del 1-O y la sentencia del procés, mientras que excluye a "gran parte" de los agentes si están investigados por delitos de torturas, tratos inhumanos o degradantes.

Las organizaciones mayoritarias de la Policía —como también de la Guardia Civil— llevan semanas mostrando su rechazo a la norma y que se les "equipare" con los líderes del procés. Este lunes han reiterado su queja por el "ataque flagrante al Estado de derecho", añadiendo que temen que la "impunidad" conlleve más crispación y "enfrentamiento entre españoles".