Un Congreso inerte dos meses: la vía de los grupos ante el TC para presionar a Armengol

El hemiciclo del Congreso lleva vacío y sin uso desde el 29 de septiembre, cuando fracasó la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Hoy los escaños han sido sustituidos por sillas, para contar con más espacio para acoger a senadores, de cara a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, el 31 de octubre. No habrá sesiones plenarias antes. Apenas un puñado de parlamentarios recorren desde el último pleno los pasillos del palacio de la Carrera de San Jerónimo, sin que se hayan dado pasos para constituir más que un par de comisiones de obligada y tardía puesta en marcha. Fuentes jurídicas de la Cámara, no obstante, apuntan que existe una vía para incrementar la presión y desbloquear la situación, que podría desembocar en un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ni PP ni Vox han pulsado esta tecla.

El Parlamento vive a dos velocidades, con una Cámara Baja a la espera del desembarco de Pedro Sánchez, mientras la Cámara Alta acogió el jueves la Comisión General de Comunidades Autónomas, reunió durante la semana a la Mesa y a la Junta de Portavoces y ha albergado dos plenos en las últimas dos semanas. Como avanzó El Confidencial, el plan de la mayoría de PSOE y Sumar era no constituir las comisiones, al menos, hasta finales de este mes, más de dos meses después de la sesión constitutiva, el 17 de agosto. Ni siquiera hay calendario de los plenos que tendrán lugar hasta diciembre, a diferencia del Senado.

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Esta parálisis, según las fuentes citadas, impide celebrar comparecencias ante distintas comisiones, o la puesta en marcha de comisiones mixtas con el Senado (eran siete en la pasada legislatura). Los grupos conversan estos días sobre una modificación del equilibrio de fuerzas en estos órganos de trabajo, explican fuentes parlamentarias: de mantenerse los 37 diputados por comisión que se aplicaban en la anterior legislatura, la mayoría que previsiblemente sustentará la investidura del candidato socialista sería muy justa, un reflejo de su debilidad parlamentaria y un riesgo evidente. Si este equilibrio se altera, la ecuación será otra. Sin embargo, no hay fecha cerrada para estos posibles cambios, y la Mesa no volverá a reunirse hasta la próxima semana, 15 días después de su última convocatoria. En el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, esta cuestión también se ha visto zanjada. Y ya hay seis comisiones formadas.

Pastor tardó 20 días en poner fecha, mientras que Batet se demoró tres semanas

"El Congreso de los Diputados no se cierra ni en guerra", advirtió el viernes Cuca Gamarra. Junto a la portavoz de su grupo, decenas de diputados del Partido Popular se concentraron a las puertas de la Cámara baja para denunciar su "cierre a cal y canto" por "instrucción de Pedro Sánchez". Casi al momento, la Presidencia informaba de la reunión de la Mesa, el próximo miércoles, y de la convocatoria de las comisiones de Peticiones y del Estatuto del Diputado, el mismo día. Son las únicas comisiones que van a conformarse estos días, y llegan mes y medio tarde, ya que el Reglamento obliga a su puesta en marcha 10 días después de la sesión constitutiva, hace más de dos meses.

La vía del TC

Fuentes de la Presidencia indican que lo que afecta a la Comisión de Reglamento puede llegar a la Mesa en la próxima semana —también es de obligada constitución en 10 días, y sí requiere del pacto sobre el nuevo equilibrio de fuerzas—. Hasta ahora solo ha habido dos plenos: para aprobar el uso de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas y el intento de Feijóo de recabar la confianza de los grupos. Lo habitual es que buena parte de las comisiones dependan de la estructura del Ejecutivo, y si no están conformadas no se pagan los complementos salariales que cobran sus integrantes. Pero tampoco puede avanzar el trabajo parlamentario.

En esta escenificación del viernes, Gamarra no anunció nuevas medidas para forzar la reactivación de la actividad en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Aunque fuentes jurídicas de la Cámara aseguran que existe una vía que sí cuenta con opciones de llevar al límite la presión para reanudar la marcha. El proceso pasaría por presentar un "requerimiento formal" a la Mesa del Congreso para que convoque "inmediatamente" las comisiones legislativas, bajo apercibimiento de que, si no lo acata, se formalizaría una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Explican que este requerimiento debería establecer un plazo concreto, y abundan que la petición de amparo al Tribunal de Garantías se sustanciaría en el rechazo de la Mesa a cumplir "sus obligaciones constitucionales en lo que se refiere al normal funcionamiento de la Cámara", según se establece en la Constitución. El procedimiento se acompañaría, apostillan, de la petición de "imposición de una medida cautelar positiva", que pasaría por reclamar al Tribunal que ordene a la Mesa la "inmediata adopción de los acuerdos necesarios" para la puesta en marcha de las comisiones.

Sin sesiones de control en Congreso y Senado

El PP registró este martes, valiéndose de que cuenta con más de un quinto de los diputados, un escrito para solicitar la convocatoria de la Junta de Portavoces, pero al cierre de la semana esta reunión no estaba en el calendario. Los populares denuncian el "secuestro" del Congreso por parte de Francina Armengol. Entienden que responde únicamente a los deseos de Sánchez, que trabaja para articular un complejo pacto que le garantice la aprobación de unos presupuestos y unos mínimos márgenes para actuar en el Legislativo.

A los populares le irrita sobremanera que la presidenta de la Cámara no haya fijado una fecha para el pleno de investidura, y los socialistas esgrimen que Ana Pastor (PP) tardó 20 días en cumplir el mismo trámite en 2016, con Mariano Rajoy como candidato. Meritxell Batet (PSOE) se extendió tres semanas en 2019 antes de fechar la investidura de Sánchez, aunque en ambos casos aún no había arrancado la cuenta atrás para el adelanto electoral. Tampoco hay previstas sesiones de control, aunque el Tribunal Constitucional ya sentenció que el Gobierno debería estar sometido a fiscalización incluso estando en funciones. No las quieren PSOE y Sumar en la Cámara Baja. Y, en el Senado, el PP tampoco va a usar su mayoría para forzarlas. De momento. En 2016, el periodo sin control al Ejecutivo fue mucho más largo, pero también hubo repetición electoral, y fue precisamente esa parálisis la que esgrimió el PSOE ante el Constitucional para que se pronunciase.

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Desde la Presidencia del Congreso se defienden de las acusaciones del Partido Popular sobre la fecha. Explican que lo único que hace Armengol es cumplir con su "mandato constitucional de poner las mejores condiciones para garantizar investiduras exitosas". Abundan que lo hizo con Feijóo, y lo hace con Sánchez, que tiene "el mismo derecho" que el candidato conservador a poder negociar los apoyos necesarios. Molesta también que critiquen los retrasos quienes promovieron "los 35 días para una primera investidura fallida". Y recuerdan que el PP dejó correr "meses" hasta poner fecha a la investidura de José María Aznar en 1996, y tres semanas con Rajoy en 2016.

En 40 días, si no hay investidura, habrá repetición electoral. Y los conservadores critican que PSOE y Sumar pospongan tramitar iniciativas como las peticiones de comparecencia del propio presidente en funciones o del titular de Exteriores, José Manuel Albares. La intención del PP es intensificar la presión, mientras deslizan que Feijóo podría volver a postularse si Sánchez fracasa, y mientras arremeten contra la tercera autoridad del Estado por no marcar plazos. El Reglamento no los contempla, y el Partido Popular sigue buscando fórmulas para forzar una puesta en marcha de la institución.

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En la pasada legislatura, cuando las Cortes se constituyeron al arranque de diciembre de 2019, los criterios para repartir las comisiones no se cerraron hasta finales de enero, y la conformación oficial llegó dos meses después de la reapertura de las Cámaras. Sin embargo, enero es un mes inhábil en el calendario de sesiones, y solo acoge sesiones extraordinarias, como ocurre con agosto. La idea de los dos grupos que aspiran a forjar esta mayoría, de hecho, era que la Cámara echase a andar cuanto antes, y en lo que toca a las comisiones, al menos, han decidido bajar el pistón. El Reglamento no contempla mecanismos para forzar la composición de las comisiones, ni tampoco impone plazo alguno para su puesta en marcha.

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En cualquier caso, solo la presidenta de la Cámara Baja puede decidir la fecha del pleno de investidura. Dada la sensibilidad de las conversaciones para amarrar los votos necesarios, y salvo que la presión del PP y Vox haga mella en PSOE y Sumar, la pelota seguirá estando en el tejado de la mayoría que manda en la Mesa. Mientras tanto, el Senado, controlado por el PP, seguirá funcionando, tramitando y votando iniciativas que desgasten a Sánchez o fuercen a los suyos a posicionarse.