ERC da por hecho que el Gobierno tendrá el gesto de desclasificar el espionaje a Aragonès

La reactivación de la causa en Barcelona por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Pere Aragonès, fruto de la querella presentada precisamente por el presidente de la Generalitat, añade un elemento de fricción entre el Gobierno y ERC en medio de la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Los independentistas esperan que, ahora que necesitan sus votos, se atiendan todas sus peticiones de documentación.

Después de un año sin adoptar ninguna decisión, porque el asunto estaba diseminado en varios tribunales, el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha impulsado las actuaciones. El juez ha pedido toda una serie de informaciones, lo que requiere una autorización previa de desclasificación del Consejo de Ministros. Entre las diligencias ordenadas, reclama al CNI detalles sobre la compra y el uso del programa Pegasus, con el que, según Aragonès, se le espió, y que se remitan todos los datos obtenidos en los dispositivos del presidente de la Generalitat.

Y lo que espera ahora el jefe del Govern es "máxima colaboración con la Justicia por parte de todas las autoridades del Estado español". "Que el Gobierno, el CNI y el Tribunal Supremo colaboren", remarcó en una comparecencia este lunes en el Palau. La exdirectora del CNI Paz Esteban, citada a declarar como "querellada investigada" el próximo mes de diciembre y que fue obligada por la Moncloa a dimitir por este tema, reconoció en su día que la casa espió legalmente, con el aval del magistrado del Tribunal Supremo que controla las actuaciones del servicio secreto, a 18 políticos separatistas entre los que se encontraba Aragonès.

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Aunque el president no fue más allá de reclamar cooperación, su abogado Andreu van den Eynde, en una entrevista en Rac1, se mostró confiado en que ahora, ante la necesidad de que ERC dé sus votos para que Sánchez sea investido, se producirá la desclasificación de documentos. "Nada es imposible", defendió, porque existe una "coyuntura política" distinta, que favorece a ERC. "Se han alineado los astros", subrayó. Van den Eynde reconoció que hablaba a título personal porque no sabe "qué harán los negociadores", pero insistió en que "no habrá un momento más propicio".

"Entendemos que colaborarán"

Desde la Generalitat, fuentes del equipo de Aragonès aseguraron que son "dos temas que no tienen nada que ver". "Las condiciones de ERC ya están fijadas", en referencia a la amnistía, el referéndum y la solución al déficit fiscal y los problemas de Rodalies. Pero entienden que el Consejo de Ministros "tiene que desclasificar" porque "se lo pide un juez". "Entendemos que colaborarán", reiteran.

En realidad, el Ejecutivo no tiene obligación de hacerlo, pese a que se trata de una petición judicial. Puede invocar la Ley de Secretos Oficiales y de Seguridad Nacional. Fuentes del Gobierno no aclararon este lunes, a preguntas de este diario, cómo responderán. Insisten en la legalidad de todas las actuaciones y en que siempre contaron con el respaldo previo del Supremo. Y advierten de que los independentistas "a lo mejor no saldrían bien parados".

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En cualquier caso, es una patata caliente para el Ejecutivo. En mayo de 2022, en plena tormenta política por este asunto, con los separatistas apuntando a un espionaje masivo, según una investigación del laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, el Gobierno ya se mostró dispuesto a desclasificar los documentos del CNI sobre los 18 dirigentes espiados si lo pedía un juez. Pero este paso es delicadísimo. Ya le costó el puesto a Paz Esteban, y sin ese parapeto la responsabilidad recae directamente en la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el propio jefe del Ejecutivo.

¿El Gobierno contra sí mismo?

En diciembre de 2018, el Consejo de Ministros ya acordó desclasificar la documentación de la operación Kitchen, en la que se utilizaron fondos reservados para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas. Dos semanas tardó en ese momento el Gobierno en responder a la petición del juez. Se trataba de una Administración distinta, por lo que la decisión solo tenía ventajas.

Ahora significaría sacar a la luz la actuación del propio Ejecutivo socialista, aunque, según ha asegurado siempre la Moncloa, “el Gobierno no tenía ningún conocimiento” de estas escuchas. Pese a que ERC no lo sitúa como condición para la investidura, es un tema muy delicado que puede permanecer latente, si no se da una respuesta rápida, en una legislatura en la que los números son muy ajustados y los republicanos son tan indispensables como Junts en todas las votaciones.