Los críticos de Podemos Asturias creen que la purga allana el terreno al liderazgo de Montero

La única diputada de Podemos en el Parlamento asturiano está suspendida de militancia. Su líder autonómico más longevo, expulsado definitivamente del partido. Y ambos, notificados por e-mail en la tarde del viernes 13 de octubre, en pleno puente. Como ellos, otras 26 personas, la mayoría exdirigentes críticos, han sido expedientadas a propuesta de la gestora que pilota la formación desde septiembre. Todo, con su candidata al 28-M y hoy cargo orgánico de mayor relevancia en la región, Covadonga Tomé, señalando directamente a Ione Belarra. "Es la última responsable de haber conducido a Podemos a esta situación", acusa en un vídeo publicado en sus redes sociales. La organización lleva más de un año convertida en un polvorín, pero la situación hoy es particularmente difícil.

En el sector crítico interpretan que la operación va mucho más allá del relevo de figuras incómodas, en un momento en que el partido se ha visto muy debilitado a la interna. Exdirigentes denuncian a El Confidencial que se trata de un movimiento que el núcleo duro "lleva meses preparando" para apuntalar "la sucesión de Belarra por Irene Montero". Esto es, para acabar con la disidencia en los territorios más difíciles, garantizarse el control y facilitar así un hipotético aterrizaje de Montero en la secretaría general.

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Esta "operación" llegaría cuando el partido ya ha prescindido de un 70% de sus trabajadores a través de un ERE, y tras la dimisión de varios dirigentes regionales por los malos resultados el 28-M, que les condenaron a la extinción en parlamentos como el de Madrid o el de Valencia. Distintas voces moradas reconocen que la relación con Sumar, por discrepancias en fondo y forma, pero también por la larga lista de agravios que atribuyen a la otra ambas partes, es insostenible. Oficialmente, sin embargo, rechazan aventurar escenarios, y la consigna es seguir reivindicando la presencia de la titular de Igualdad en funciones en el futurible nuevo Ejecutivo. Al menos, hasta que Yolanda Díaz confirme que no quiere contar con ella.

Si Pedro Sánchez logra ser investido y hay un nuevo Ejecutivo, los críticos dan por hecho que Podemos pisará el acelerador para romper amarres con Díaz. Excluidos del Gobierno, los críticos interpretan que será entonces cuando la ministra de Igualdad en funciones podrá recuperar el foco político, y cuando se postulará para concurrir sin Sumar a las elecciones europeas. Distintas fuentes del partido de Díaz creen que Montero dará este paso para los comicios de junio de 2024. Ahora, apuntan exdirigentes asturianos, la cúpula se centra en el relato "de la traición del PSOE y de Sumar", para cuando se vean fuera del Gobierno. Para justificar, afirman, la competición con Sumar, y para eliminar obstáculos para Montero.

Al otro lado del ring, en el sector oficialista, el enfado con Tomé y el resto de expedientados es mayúsculo. Irrita profundamente que acuda a protestas y actos en representación de Podemos —sin autorización, según el expediente— o que omita que una de las supuestas faltas muy graves se debe a que no ha donado un euro de su salario público desde que es diputada. Es la gestora quien abre el procedimiento, y es la Comisión de Garantías Estatal quien debe ahora impulsarlo, en el plazo prorrogable de dos meses.

En Podemos, la consigna es guardar silencio ante estos hechos. Eso no quita para que distintas voces señalen la "deslealtad" de estos exdirigentes y simpatizantes, el "daño" que, entienden, ha sufrido la organización con sus declaraciones. El expediente abierto a Tomé y otras 26 personas por el encierro en la sede del partido, un mes antes de las elecciones, relata cómo dos personas agredieron supuestamente a la secretaria de Organización en Asturias y a la gerente estatal, Rocío Val: "En ese momento, los inscritos Xulio Andrés Elipe y Laura Tuero arremetieron violentamente contra las compañeras citadas, con objeto de impedirles la inscripción de la candidatura".

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El núcleo duro de Belarra ya tenía el control antes de la dimisión formal de su líder en la región, Sofía Castañón, y la activación de una gestora comandada por algunos de sus más estrechos colaboradores. Tomé se atrincheró en la sede del partido un mes antes de las elecciones autonómicas, pero la región ha ido tornándose ingobernable desde que Castañón arrebató a Daniel Ripa la secretaría general en 2021.

La diputada autonómica, que prevé realizar alegaciones, está suspendida de afiliación por su rol en "situaciones irregulares y perjudiciales para la imagen de la organización en el marco de un proceso electoral". También por su "intento de quebrantar el correcto funcionamiento de los órganos" de la formación, según el expediente. Le atribuyen la comisión de una quincena de faltas muy graves y graves, algunas por declaraciones anteriores incluso a su victoria en primarias. Entre otras, las infracciones responden a su personación "en supuesta representación de Podemos" en un centro de salud, "prescindiendo de los órganos representativos del partido". Y a su reunión, en circunstancias similares, con una asociación de vecinos.

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En el mismo mes, noviembre, también realizó una comparecencia pública en instalaciones de la empresa Amazon en Siero, "sin contar ni coordinarse con los órganos representativos de Podemos en dicha localidad", siempre "en supuesta representación de Podemos". Lo mismo hizo al participar en una concentración de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón, el mismo mes, y en febrero le afean haber acudido a otra manifestación por la sanidad, en Llanes. Lo hizo "sin consensuar con el círculo de Llanes, suplantando las funciones de representación pública e institucional que correspondían al portavoz [en el ayuntamiento] y candidato a la alcaldía". Se la expedienta por sus declaraciones sobre las supuestas "amenazas" de expulsión recibidas, por críticas a Belarra y por insistir "en la falsa idea de que el partido pretendía impedir que se presentara a las pasadas elecciones autonómicas".

A esto se suma el intento de reunirse con Adrián Barbón, presidente del Principado, antes de su investidura. Que convocase "una asamblea al margen del partido" para que los inscritos pudieran votar sobre la investidura, "sin garantía de ningún tipo". O su decisión "sobre el destino de los fondos parlamentarios" y la contratación de Laura Tuero —una de las expedientadas— como asesora parlamentaria, de nuevo "sin consensuar" estas decisiones con el partido. Y, en última instancia, se le afea que no haya donado "nada de su salario público", como establece "la normativa interna", desde que fue elegida diputada.

Tomé, que dice haber recibido la notificación en la bandeja de spam de su correo, cargó este martes contra esa "macropurga orquestada por Ione Belarra, que dirige la gestora sinfónica" y "destruye expulsando a compañeras que ni conoce", mientras "se niega a reunirse, reflexionar y convocar una asamblea ciudadana ya". Ni tiene intención de dimitir ni admite la "legitimidad" de la secretaria general o de la gestora para apartarla de su cargo. La guerra entre los afines a los sectores crítico y oficialista es total.