Moncloa quiere "sentar" a Puigdemont en la mesa de diálogo y avisa: "Los catalanes no votarán nada"

Hoy España tiene un dilema de compleja resolución. O repite elecciones, con riesgo de que los equilibrios políticos sean tan frágiles como ahora; o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer sus derechos". Así conmemoraba Carles Puigdemont el cuarto aniversario de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas que convocaron el referéndum ilegal y proclamaron la independencia. Oriol Junqueras hacía lo propio reclamando una amnistía "imprescindible" para negociar "en igualdad de condiciones" que Cataluña pueda ejercer "su derecho a la autodeterminación".

La efeméride no beneficia a los intereses de Pedro Sánchez, que esta semana concluía su ronda de negociaciones públicas para la investidura con Bildu como único socio que ha confirmado su voto afirmativo. En las conversaciones privadas el horizonte es más alentador. Desde el mes de agosto lleva Moncloa en un tira y afloja con Junts y ERC para cerrar un acuerdo que contente a todas las partes y que garantice no solo la mayoría de 176 votos al presidente en funciones, sino también una legislatura "mínimamente estable". Se ha avanzado mucho según reconocen desde ambos lados, pero en la recta final es cuándo se constatará si finalmente el prófugo quiere hacer política o sus discursos de máximos siguen siendo líneas rojas.

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Con la amnistía encarrilada en lo jurídico y midiendo cada palabra en el preámbulo, el marco está en llevar a Junts a la llamada "mesa de diálogo" que arrancó en 2020. Puigdemont siempre renegó de este escenario y lo usó como arma contra ERC, a los que acusó de arrodillarse frente al Gobierno de España. Ahora, para Moncloa es prioritario que el líder de Junts acepte abandonar la unilateralidad como un gesto a cambio de la medida de gracia. El presidente en funciones está dispuesto a asumir el desgaste, pero no puede correr el riesgo de que el independentismo se subleve en los próximos cuatro años.

Puigdemont y Junqueras también tienen que hacer su propio control de daños ante sus bases y con el horizonte de las elecciones catalanas que podrían adelantarse a 2024. En el caso del prófugo, insiste en la necesidad de que lo que se acuerde con Sánchez sea supervisado por un "relator". Moncloa siempre ha renegado de esta figura pese a que se ha hablado de que José Luis Rodríguez Zapatero podría acabar desempeñando un papel similar. Los tiempos no permiten que la amnistía esté aprobada antes de la investidura, como exigió el prófugo, y desde el entorno del expresidente de la Generalitat quieren "garantías". La desconfianza hacia Sánchez sigue como el primer día.

La "mesa de diálogo" como ha funcionado hasta ahora es "insuficiente" para Junts, que aprieta para que haya un "árbitro" que verifique los acuerdos. El análisis que hacen es que hasta ahora no se han dado pasos para que Cataluña vote su futuro. El referéndum es otro escollo. "Los catalanes no votarán nada" asegura a este periódico de forma categórica un ministro que da por cerrada cualquier vía para que haya urnas.

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La letra pequeña de los papeles que intercambian los emisarios solo la conocen unos pocos entre los que se encuentra el ministro Félix Bolaños y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; pero los socialistas están convencidos de que en "ningún caso" se cederá en este tema. Eso sí, asumen que el párrafo que ya se incluyó en el texto que acordaron la Generalitat y Moncloa para garantizar que se votasen las conclusiones se "flexibilizará" para dar una "coartada" a los soberanistas. El redactado debe ser lo suficientemente amplio para que el Ejecutivo pueda "vender" firmeza y Junts y ERC, que han arrancado el compromiso de que se acabará votando.

En este punto Junqueras se muestra más colaborador. ERC asume que el referéndum, pese a la "teatralización" de Gabriel Rufián, no es posible en este momento. Los republicanos darán su "sí" a Sánchez siempre que quede validado que el camino que ellos abrieron hacia la "resolución del conflicto" es el correcto. Aquí entra en juego que se acabe negociando en esta legislatura un nuevo Estatuto que incluya demandas que el Constitucional tumbó, como el que Cataluña tenga su propio Consejo general del Poder Judicial, entre otros. En la agenda de Moncloa está anotado, pero acotan que "ahora no es el momento".

¿Cuánto está dispuesto a ceder Puigdemont? Esa es la incógnita que quita el sueño al presidente en funciones. Si se atiende a sus declaraciones públicas hasta el último momento, no habrá garantías para Sánchez; pero el socialista también está tensando la cuerda a sabiendas de que el prófugo quiere volver a casa. Busca blindarse de giros de guion a futuro por la pugna entre ERC y Junts. Cuando presente el acuerdo, que se lleva en absoluto secreto, pese a que se dijo que sería transparente, recogerá no solo amnistía, sino financiación, modelo territorial, reformas… Habrá un envoltorio o no será.