Tío, consejero foral y administrador único: la polémica familiar que golpea al Gobierno de María Chivite

Óscar Chivite es el consejero de Cohesión Territorial de Navarra y tío segundo de la presidenta foral, María Chivite. También es el nombre que ha protagonizado la primera gran polémica de la legislatura para la socialista. El responsable de infraestructuras y transporte, entre otros muchos cometidos, compaginó durante tres semanas su cargo en el Gobierno autonómico con el de administrador único en la firma Laburu SL, su empresa. La Ley de Incompatibilidades navarra prohíbe expresamente a los altos cargos compatibilizar ningún tipo de puesto, ya sea de carácter público o privado. Y a este precepto se agarra la oposición, liderada por UPN, para exigir su dimisión.

El titular de Cohesión Territorial tomó posesión de su cargo el pasado 18 de agosto, pero no fue hasta el 11 de septiembre cuando renunció ante notario al puesto que ostentaba en la compañía, especializada en la fabricación y reparación de estructuras metálicas y calderería. Laburu SL, como informó el propio Gobierno navarro en el CV que remitió del consejero cuando tomó posesión de su cargo, ha colaborado con la sociedad pública Nilsa y con Canasa, la empresa concesionaria de la explotación del Canal de Navarra, la obra hidráulica que atraviesa gran parte de la comunidad para garantizar agua de riego a la zona media y sur de la región.

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"No ha habido alevosía ni nocturnidad ni presunción de ocultamiento. De hecho, en el portal navarra.es, la situación del consejero Chivite como administrador de esa empresa figura en la toma de posesión", justificó el portavoz del Gobierno regional, Félix Taberna, el pasado 13 de septiembre tras dar cuenta de que el dirigente había renunciado a su cargo en la firma. En la misma línea insisten fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por El Confidencial. Defienden que Chivite no ha dictado ninguna resolución mientras compaginó ambos puestos y se escudan en que la ley marca un plazo de dos meses para que los altos cargos se desprendan de las participaciones que mantienen en empresas.

No es la lectura que hacen desde UPN. La formación sostiene que Chivite no puede agarrarse al plazo de los dos meses porque solo está previsto en caso de tener un 10% o un porcentaje superior en “empresas que tengan conciertos, convenios o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, foral o local”, según recoge la ley. La norma no detalla un plazo concreto en caso de ser administrador único, por lo que la formación entiende que la renuncia debería haber sido automática una vez Chivite asume el cargo de consejero en el Ejecutivo navarro.

Silencio entre los socios

Desde que saltó la polémica, UPN ha exigido que se aplique la Ley de Incompatibilidades, que “califica la situación del consejero como infracción grave o muy grave”. La formación insiste en que el Ejecutivo navarro debe cesar al titular de Cohesión Territorial, además de tramitar la correspondiente sanción, según contempla la normativa foral. Pero las reclamaciones del partido han caído en saco roto.

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El PSOE ha contado con el respaldo de los partidos que sustentan el Gobierno de Chivite, Geroa Bai y Zurekin, la marca de Podemos en la comunidad foral. Ambos partidos han dado por bueno el plazo de los dos meses, mientras que Bildu, que permitió la investidura de la socialista con la abstención de sus nueve parlamentarios, no ha querido hurgar en la herida. “Vamos a dejar que el consejero dé las explicaciones oportunas y nos reservamos el derecho a emprender iniciativas parlamentarias en este sentido”, defendió la portavoz de la coalición abertzale en el Parlamento navarro, Laura Aznal. Eso fue el pasado 11 de septiembre y hasta ahora no ha habido ningún movimiento.