Despachos en el sótano y 'apartheid' en el hemiciclo: el ostracismo institucional de Vox

Vox denuncia el ostracismo institucional al que, aseguran, les condena el resto de fuerzas políticas. En las últimas elecciones generales, el partido de Santiago Abascal se dejó 19 diputados y más de 600.000 votos, pero conservó su puesto como tercera fuerza política, que aliñó con la suma de nuevos gobiernos autonómicos junto al Partido Popular. Las denuncias del partido por lo que considera un reparto injusto de infraestructuras y recursos a su formación política ha sido una constante desde que Vox comenzó a irrumpir en las instituciones. Y no solo sucede en el Congreso, sino también en sedes autonómicas y municipales. En el partido, insisten en que se trata de "un apartheid" y un "cordón sanitario sistemático" en el que el PP, en ocasiones, se ha puesto de perfil.

Pese al incierto panorama político, la XV Legislatura ya ha echado a andar y los órganos parlamentarios ya funcionan a pleno rendimiento. Uno de los primeros trabajos de la Mesa del Congreso, que se constituyó oficialmente el pasado 17 de agosto con mayoría del bloque progresista, fue distribuir los nuevos escaños y alojar a los diputados de las distintas fuerzas en los despachos de la Cámara Baja. El pasado 5 de septiembre, Vox comprobó que su destierro parlamentario sigue plenamente vigente, y denunció que el órgano presidido por Francina Armengol decidiese desmigar a sus diputados en el ala derecha y central del hemiciclo, buena parte de ellos en las últimas filas de la Cámara e incrustados entre parlamentarios de Bildu, Sumar o ERC.

Vox tampoco está conforme con el nuevo reparto de los espacios de trabajo de los diputados en sede parlamentaria. Pese a tener más escaños que Sumar, el partido de Abascal cuenta con 50 despachos, tres menos que la formación de Yolanda Díaz. La formación ultraconservadora es, además, la única que tiene algunas de sus oficinas en el semisótano del Congreso, mientras que la mayoría se encuentra en la séptima planta, la más alta del complejo de la carrera de San Jerónimo. Vox dispone además de la menor ratio por diputado de todos los grupos parlamentarios, con poco más de 18 metros cuadrados para cada representante.

Tanto Junts como Bildu, por su parte, cuentan con 12 despachos cada uno, agrupados en la sexta planta en el caso de los independentistas y en la planta baja en el caso de la formación abertzale. Pese a que Junts y ERC cuentan con los mismos escaños en la Cámara Baja —siete parlamentarios cada uno—, los republicanos cuentan con dos salas de trabajo más, y se sitúan en 14. El PP, con 137 diputados en el Congreso, cuenta con 173 despachos para diputados y el resto de personal, mientras que el PSOE se sitúa en segunda posición, con 165 oficinas para sus 122 parlamentarios.

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A. B. Ramos

La reivindicación de Vox no es nueva. Ya quiso denunciar su situación en la anterior legislatura, aunque sin éxito. Tras las últimas generales, el entonces portavoz de la formación, Iván Espinosa de los Monteros calificó de "cacicada" por parte de la Mesa presidida por Meritxell Batet que hubiese dividido los despachos de la formación en tres plantas, lo que obstaculiza el trabajo parlamentario. Entonces se denunció el modo de proceder de la máxima autoridad de las Cortes, ya que, según su versión, no se consultaron en ningún momento con el partido de Abascal ni el reparto de sus escaños en el hemiciclo ni tampoco los criterios para repartir los espacios de trabajo.

Más allá de las decisiones organizativas, esta legislatura Vox tendrá aún menos protagonismo en sede parlamentaria que en años anteriores. Importante recordar que el PP vetó la entrada de Vox en la Mesa del Congreso y se negó a ceder al partido de Santiago Abascal uno de los cuatro asientos de los que disponen los populares en el órgano, por lo que no dispondrán de línea directa para participar en los debates o elevar sus quejas. La información llegará en diferido. La pérdida de escaños también ha cercenado algunas de sus grandes armas de oposición, y tampoco podrá presentar mociones de censura o elevar recursos al Tribunal Constitucional.

Parlamentarios "hacinados" y "cordón antidemocrático"

El del Congreso no es el único destierro por el que Vox ha manifestado su malestar. Los de Abascal denuncian "cordones antidemocráticos" en algunos parlamentos autonómicos y ayuntamientos en los últimos años, que han ido desde reducir tiempos de intervenciones y limitar el número de asesores a tapar sus despachos con adornos navideños durante dos años consecutivos, como sucedió en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en Madrid. Pero los casos más mediáticos han ocurrido en terreno hostil para Vox: Cataluña y País Vasco.

En las últimas elecciones catalanas, Vox irrumpió en el Parlament con una fuerza de 11 escaños, muy por encima del PP (3) y Ciudadanos (6). Pero, según denuncian, ello no se tradujo en una mejora de su situación laboral en comparación con sus compañeros de oposición. Fuentes de Vox en Cataluña denuncian que solo cuentan con tres despachos "para todos", incluidos diputados, asesores y comunicación. El partido elevó una queja por el "trato injusto" que, a su parecer, había recibido su grupo, y logró un despacho más que ocupa en exclusiva el líder del partido en Cataluña y secretario general de la formación, Ignacio Garriga. Pero los otros 10 diputados trabajan "hacinados" en una única sala que, además, está en "la buhardilla" del Parlament.

El partido denuncia que sus parlamentarios se encuentran, además, "apartados" del resto de grupos "en otra ala del edificio", y se quejan de un "espacio muy pequeño" en comparación con el resto de formaciones. "Todos los diputados trabajan en un único despacho, los asesores en el segundo y los de comunicación en el tercero. A diferencia del resto, tampoco tenemos sala de reuniones", inciden.

El Parlamento vasco decidió recortar un tercio el tiempo de sus intervenciones

Las mismas fuentes apuntan que se da una situación parecida en el Ayuntamiento de Barcelona. En este caso, no se quejan del espacio logístico de sus dos concejales, pero sí denuncian que el consistorio solo les ha ofrecido dos asesores, cuando el PP en la anterior legislatura, con los mismos ediles, contaba con seis. En la Diputación de Barcelona se produce algo similar. Su único diputado, Jordi Albert de la Fuente, tomó posesión el pasado mes de julio. Y a día de hoy sigue sin despacho. "Ha tenido que ubicarse en una sala que pertenecía a Ciudadanos y que se había quedado libre, porque nadie le daba una solución", insisten.

El de la única parlamentaria de Vox en País Vasco, Amaia Martínez, tampoco ha sido un camino de rosas. En 2020, el partido de Abascal recurrió en el Tribunal Constitucional la decisión de la Cámara regional de someterla a un férreo veto y limitar la actividad de la parlamentaria de Vox, previo acuerdo de PNV, PSOE, EH Bildu y Podemos. Entre otros puntos, el Parlamento decidió recortar un tercio el tiempo de sus intervenciones, el número de iniciativas parlamentarias que podía presentar su formación y la cifra de asesores. En marzo de 2022, el TC dio la razón a Vox y anuló el cordón sanitario a los de Abascal en Euskadi.