Moncloa confía cerrar la Fundación Franco con una reforma incluida en el decreto anticrisis

El decreto anticrisis convalidado tras el 23-J en la Diputación Permanente del Congreso incluyó una reforma de la ley de fundaciones que acerca la extinción de la Fundación Francisco Franco. Fuentes de la Moncloa apuntan que "sus estatutos incumplen la ley de memoria democrática", lo que entraría dentro de los supuestos incluidos en el nuevo artículo (32 bis) sobre "Extinción judicial a instancia del protectorado de fundaciones". Este organismo depende del Ministerio de Cultura, donde evitan informar sobre la marcha del proceso de extinción con el argumento de que se trata de una "unidad técnica" que trabaja de "forma discreta". Desde el Gobierno en funciones, niegan que la reforma legal se hiciese ad hoc para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, si bien no esconden su confianza en que así sea. Otras organizaciones que podrían verse afectadas al chocar con la ley de memoria democrática son las fundaciones dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñar o Juan Yagüe.

El abogado especialista en fundaciones Ramón Pérez Lucena comparte la impresión de que esta reforma se ha llevado a cabo para intentar ilegalizar la fundación, pero muestra sus dudas sobre que se acabe cumpliendo este objetivo. "Si se hace una modificación de los estatutos, como ha hecho en este caso la Fundación Francisco Franco, no hay forma de actuar contra ellos". Un paso que ya han dado desde la fundación para tratar de blindarse sin chocar con el interés general.

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El decreto argumenta en su parte expositiva la necesidad de esta reforma por "la falta de claridad con respecto a las actuaciones a desarrollar por parte del protectorado". En esta línea, se abunda que "se hace necesaria su regulación con carácter de extraordinaria y urgente necesidad, dada la inseguridad actualmente existente y los perjuicios que se causaría al interés general en el caso de que concurriera alguna de las causas para que el protectorado de fundaciones pudiera instar la extinción judicial de una fundación y, sin embargo, este no contara con una normativa adecuada para ejercer adecuadamente sus competencias". Se insiste así en la competencia del protectorado para instar la extinción judicial de las fundaciones.

El desarrollo de la ley de memoria democrática preveía culminar un proceso legislativo para prohibir las organizaciones que hagan apología del franquismo, que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes "con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Sin embargo, en el plan anual normativo no se estipuló hacerlo por la vía de una reforma de la ley de fundaciones, sino de la actual norma reguladora sobre el derecho de asociación. La propia ley de memoria democrática establecía el plazo de un año desde su entrada en vigor para promover esta modificación.

Según se recoge en el nuevo artículo, de apreciarse la existencia de causa de extinción, el protectorado comunicará al patronato la necesidad de adoptar el acuerdo de extinción "en el plazo que al efecto señale, que no podrá ser inferior a tres meses". Transcurrido dicho plazo sin que el patronato hubiera adoptado el acuerdo de extinción requerido, o ante su oposición expresa, el protectorado acordará instar la extinción judicial de la fundación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al expediente será de nueve meses.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin al expediente será de nueve meses

Otras de las partes de la ley de memoria pendientes de desarrollar tienen que ver con el reglamento sobre la "restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939", el decreto sobre la resignificación del valle de los Caídos, la creación de un Centro de Memoria Democrática y la puesta en marcha del Consejo de la Memoria Democrática. En lo que respecta a la resignificación del valle de los Caídos, el objetivo pasa por establecer un nuevo marco jurídico aplicable al ahora denominado valle de Cuelgamuros para determinar su organización, funcionamiento y régimen patrimonial.

La creación del Consejo de Memoria Democrática sería imprescindible para poner en marcha otros aspectos centrales de la ley. Entre sus funciones, están las de informar del proyecto del Plan de Memoria Democrática, sobre el plan plurianual de exhumaciones o la elaboración de las recomendaciones para la reparación de las víctimas.

En el plan anual normativo para este 2023, el Gobierno ya dejó fuera el desarrollo de la parte relativa a la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes incautados o las reparaciones a las víctimas que realizaron trabajos forzados. Tampoco se incluyó la parte de la ley que insta a llevar al Consejo de Ministros la creación de una comisión técnica para que, en el plazo de un año, "elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, y reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica, para que establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y déficits subsanables".