El PP impulsa una alianza para evitar que la izquierda controle la Mesa del Congreso

El proceso de investidura avanza al ralentí, pero no se detiene. Sí es cierto que los movimientos son, más o menos, soterrados. Y también lo es que hay una meta clara que será clave en lo que ocurra después. Esa fecha es el 17 de agosto, el día que se conformarán las Cortes que salieron de las elecciones generales del 23-J y se decidirá quién es el presidente del Congreso y quiénes lo acompañan en la Mesa. De esa decisión dependerá el funcionamiento de la legislatura, el caminar de las leyes que quiera aprobar el futuro Ejecutivo. Por eso, en el PP, aunque son conscientes de las dificultades, deslizan la posibilidad de que la mayoría en el organismo que rige el funcionamiento de la Cámara no esté, como ahora, en manos del PSOE y Sumar. Y así poder maniatar, en la medida de lo posible, a un hipotético Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.

Actualmente, el reparto en la Mesa es favorable al Ejecutivo de coalición, lo que le permite ordenar los debates y colocar, por ejemplo, la fecha de votación de los decretos-leyes. Y eso no es baladí en un contexto de mayorías ajustadísimas que, probablemente, incitarán al nuevo Ejecutivo a acudir a esta figura legislativa que debería ser excepcional. De los nueve puestos en juego, incluida la presidencia, tres son del PSOE, tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox. La aritmética que salió del 23-J hará difícil, por no decir imposible, esa primacía de la izquierda, que ahora controla seis de los nueve sillones. Un reparto de 5-4 para el bloque que llegue al 17 de agosto con los acuerdos cerrados suena más lógico. Y aquí quiere el PP meter baza para evitar el control total de la legislatura por parte de Sánchez si es capaz de armar una investidura.

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Para hacerse con el control de la Mesa, PSOE y Sumar necesitan a sus socios del bloque de la investidura. Y también a Junts, ya que el escenario de mayorías es similar al de una posible investidura. Con esos mimbres, en el PP hay voces que deslizan la idea de seducir a alguno de esos socios para que la izquierda no tenga el control de la Mesa. “Se acabaría el gobernar por decreto-ley”, apunta una fuente popular, en referencia al retraso de las iniciativas que salen de la Moncloa y no tienen rango de ley. La misma fuente admite que no se han producido negociaciones todavía con ninguno de los partidos susceptibles de esta maniobra.

Los populares tienen complicado convencer, por ejemplo, al PNV, que ya le propinó a Alberto Núñez Feijóo un sonoro portazo cuando el gallego quiso hablar con los jeltzales para una posible investidura. Con Junts, a pesar de la confusión provocada por Pedro Rollán, parece complejo alcanzar ningún tipo de acuerdo. Y lo mismo con ERC o Bildu, que están en el centro de la estrategia del PP para erosionar a Sánchez por su política de pactos. Pero en Génova confían en que alguno de estos partidos coincida con su diagnóstico y quiera un puesto en la Mesa que no deje todo el control a PSOE y Sumar.

El mejor ejemplo está en Extremadura, donde la Mesa está en manos de la izquierda pese al Gobierno de María Guardiola, de PP y Vox

Los socialistas, cuestionados por esta posibilidad, creen difícil que se produzca la entente. No ya por lo extraño de una alianza del PP con sus socios de investidura, sino por la disputa entre los aspirantes nacionalistas a quedarse con ese asiento en el órgano que rige el funcionamiento de la Cámara. Fuentes de la ejecutiva federal apuntan a Meritxell Batet como probable candidata de los socialistas a repetir como tercera autoridad del Estado, en parte como un premio al buen resultado del PSC —encabezó la lista de Barcelona— y también por su experiencia previa. En el PSOE, también admiten que las negociaciones están en una fase preliminar en esta suerte de descanso estival que los partidos han decretado después de las elecciones.

El caso extremeño

Para asomarse a las consecuencias de que el control de la Mesa esté en manos de la mayoría ajena al Gobierno, solo hay que ir a Extremadura. La falta de acuerdo inicial entre PP y Vox provocó que la presidenta de la Asamblea regional sea la socialista Blanca Martín, a pesar de que populares y ultraconservadores tienen la mayoría en Mérida. Antes de que María Guardiola cediese a las presiones de su partido y acordase el Gobierno autonómico con Vox, la presidenta del legislativo extremeño aceleró el proceso de investidura para dar paso al candidato de la lista más votada, su compañero Guillermo Fernández Vara. El ya expresidente de la Junta de Extremadura acabó renunciando al proceso tras el paso atrás de Guardiola, pero la Mesa de la Asamblea ya estará en manos de la izquierda toda la legislatura, con tres miembros del PSOE y uno de la coalición de Podemos e IU frente a los dos que tiene el PP.

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El mensaje que sale de Génova, a pesar de las dificultades, es que los socios de Sánchez podrían plantear la exigencia de estar en la Mesa como una forma de controlar al hipotético Ejecutivo. Y se reservan la posibilidad de aliarse con este socio díscolo. No es casualidad que Andoni Ortuzar, el presidente de la ejecutiva del PNV, se haya quejado este lunes en una entrevista en El País de las malas artes del Ejecutivo en el Congreso. Y recuerdan que la moción de censura que encumbró a Sánchez salió a última hora tras un cambio de posición, precisamente, de los jeltzales.

La relevancia de la Mesa crece en un contexto como el actual. Tiene poder para, por ejemplo, calificar las iniciativas parlamentarias, fijar la fecha de las comisiones o decidir sobre el orden del día de los plenos. Con el Senado en manos del PP por mayoría absoluta, el organismo podría acelerar en la medida de lo posible la tramitación de normas que los populares quisieran retrasar en la Cámara Alta. Los partidos todavía deben dar varios pasos para alcanzar esta meta y de por medio está el puente de agosto, pero será el primer paso para conocer el estado de las negociaciones para saber si el país se acerca a una repetición electoral o para un nuevo Gobierno con la actual mayoría, ya que Sánchez ha anunciado este lunes su intención de reeditarlo. Y Feijóo tiene hoy pocas posibilidades de evitarlo si el socialista llega a un acuerdo con los nacionalistas.